Para los riders que se concentran en la ángulo de Diagonal con Enric Granados o en rambla de Catalunya, en Barcelona, poco ha cambiado desde que se aprobó la ley que regula el sector de las plataformas de reparto a domicilio. La norma cumple un año de aplicación ajustado ahora, pero aún no ha acabado poner coto por completo al desmadre sindical denunciado desde el Gobierno y los sindicatos y sobre el que el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia. Las empresas de delivery han de contratar a los trabajadores, ya sea de forma directa o con subcontratas –siempre que no haya cesión ilegal–, y no funcionar a almohadilla de falsos autónomos. Eso dice la ley aciago sobre blanco, pero no todas las compañías lo cumplen. Algunas, de forma evidente.
“Lo sé, pero yo trabajo de autónomo para Glovo. No tengo cuenta directa con ellos, estoy recontratado con otro compañero. Bueno, él tiene la cuenta de autónomo y me paga a mí parte de lo que cobra; entre los dos hacemos más pedidos y así le suben las valoraciones en la app y consigue más servicios y más suscripción”, explica un inexperto repartidor de origen pakistaní –prefiere que no se publique su nombre–. Cercano a él, otros compañeros esperan a que los restaurantes de la zona de la avenida Diagonal entreguen los pedidos. Nadie tiene convenio, aseguran. “Trabajo entre seis y diez horas al día para Glovo y consigo cobrar entre 60 y 70 euros la caminata; la biciclo y el móvil los pongo yo; en Just Eat sí te contratan, pero cobras menos”, cuenta otro rider que sí es autónomo.
Las empresas del sector siguen sin ejecutar en las mismas condiciones pese a la ley. “El vaivén normal es positivo, pero algunas compañías grandes están haciendo bloqueo y buscan resortes para incumplirla, juegan a ver quién aguanta más para deshacerse de la competencia”, afirma Daniel Cruz, responsable de examen y transformación digital de CC.OO. “Es una lucha contra el tiempo”, añade Adrián Todolí, profesor de Derecho Gremial en la Universitat de València.
La conclusión generalizada para los agentes sociales está clara: el Gobierno necesita herramientas nuevas, más ágiles, para regular la actividad de la nueva riqueza. Hoy por hoy se están publicando las sanciones referidas a las denuncias anteriores a la ley rider , entre el 2019 y el 2020. En Catalunya, Glovo ha sido sancionada con 2,065 millones de euros por parte de la Inspección de Trabajo en Girona, Tarragona y Lleida, donde ha sido obligada a regularizar a 351 riders. La Inspección está a punto de editar la consentimiento referente a las denuncias efectuadas en Barcelona. Aun así, de momento sigue funcionando con riders autónomos en su mayoría –este diario ha intentado ponerse en contacto con Glovo, sin éxito–.
Maniquí
Las compañías incumplidoras echan un pulso al Ejecutor y aprovechan la dilación de la suministro
Uber Eats, que hasta la época trabaja con flotas de repartidores subcontratados, sopesa recuperar el maniquí de autónomo, que combinaría con los contratados. Desde la compañía comentan que desarrollan un operación que permitiría al rider fijar el precio de cada servicio, una forma de sortear la ley y de competir con Glovo. Trabajar con autónomos les permitiría ahorrarse costes, aseguran, conseguir a más ciudades y aumentar las promociones. Para Patrik Bergareche, director normal de Just Eat en España, la ley rider tiene un papel “fundamental” para regular el sector, si adecuadamente su asignatura irresoluto, de nuevo, es que el Gobierno “logre que se cumpla”. Esta empresa contrata directamente a más de mil repartidores, por otra parte de contar con flotas de subcontratas. “Seguiremos cumpliendo la ley, no vamos a trabajar con autónomos”, subraya.
Los tiempos de suministro y equidad, así, van más lentos que los de la riqueza digital. Desde el Profesión de Trabajo subrayan que endurecerán la inspección y las sanciones, incluso vigilarán a los restaurantes que trabajen con plataformas incumplidoras. Pero mientras la Inspección actúa –las denuncias actuales pueden tardar hasta dos abriles en resolverse–, algunas compañías siguen con la táctica de externalizar la producción de un sistema que, de facto, controlan. “Si no se pone coto, el aventura de contagio a otras actividades es detención”, destaca Todolí. En el fondo del asunto, consideran Gobierno y agentes sociales, está el mantenimiento de los derechos laborales.
Hace un año, V.C. vio una publicación en Facebook que anunciaba puestos de trabajo en Getir, la compañía de entrega de compras fundada por Nazim Salur en el 2015. Llevaba cuatro meses desempleada tras renunciar a su antiguo trabajo como repartidora de Glovo. “No ofrecían horas y, cuando las había, no ganaba más de 600 euros”, explica. Getir, en contraste, prometía contratos de treinta horas semanales por 924 euros al mes, con la biciclo, el móvil y un seguro incluido. A la inexperto de 23 abriles le pareció una proposición atractiva y, por su pasada experiencia, fue contratada de inmediato. “Me fui de Glovo para trabajar en Getir”. Para la sorpresa de V.C., su primer sueldo en Getir fue de 726 euros netos, menos de lo concertado. La compañía le explicó que los 924 euros se alcanzaban sumando propinas y horas nocturnas (que pagan más). “En la entrevista me lo pintaron más atún de lo que era”, dice la inexperto, que comenzó a trabajar entre las seis de la tarde y la medianoche para conseguir al total deseado. A pesar de la frustración salarial y el esfuerzo extra que ha tenido que hacer para compensarla, por ahora no búsqueda ningún otro empleo: “He intentado trabajar en otras cosas, pero me siento encerrada”. La oportunidad de marcar su ritmo y hallarse en biciclo por toda la ciudad escuchando su propia música la hace adecuado. Posteriormente de subir los pisos necesarios para hacer una entrega, lo único que pide a cambio es una sonrisa y, a ser posible, alguna propina. / Gabriela Meléndez“Me lo pintaron más atún de lo que era”
Publicar un comentario