El mentor de Presidencia, Imparcialidad e Interior, Enrique López, ha explicado en una carta al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, que la Comunidad de Madrid va a cumplir el actual decreto de reducción energético del Gobierno central en el ámbito de sus competencias mientras la norma esté en vigor “una vez sea recurrida” por Madrid y pese a las "repercusiones negativas" que cree que tendrá.
Lobato envió este lunes una carta dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que solicitó formalmente una reunión “urgente” para analizar el contenido del “supuesto plan” del Gobierno regional para contribuir al objetivo de librarse el 7 % de la energía que ha solicitado la Unión Europea tras la Conferencia sectorial de Energía, Industria y Comercio para analizar el plan de reducción energético del Gobierno central.
Respuesta a la carta de Lobato
El portavoz socialista pidió a la presidenta regional que se celebre un coincidencia entre uno y otro “esta misma semana” para conocer el resultado de la reunión con los ministerios y para conocer si en Madrid hay algún plan para adaptarse a este plan europeo.
A través de una carta a la que ha tenido paso Efe, López emplaza a Lobato a verle personalmente “en el ámbito parlamentario” en el inicio del periodo de sesiones con la celebración del Debate de Orientación Política o en el ámbito de las reuniones “que de guisa ordinaria, periódica y habitual celebra la Presidenta”.
En su texto el mentor de Presidencia madrileño insiste que las medidas que ha prohijado el Gobierno de España para la reducción energética las tomaron “con un elevado extremo de improvisación” y como parte de un plan “no dialogados previamente, que derivó de una reunión improvisada con las CC.AA., celebrada tras varias rectificaciones, todo deprisa y corriendo”.
En este sentido, López añade que el plan de Sánchez asegura a “un conjunto de medidas poco meditadas, muchas de ellas con repercusiones negativas para los ciudadanos y para muchos empresarios, en un ámbito de excepcionalidad, inseguridad jurídica, mala calidad norma, y lo que es peor, probable inconstitucionalidad, que nos disponemos a denunciar desde la Comunidad de Madrid”.
Pese al rechazo de dichas medidas por el Gobierno regional, y de recurrirlas en presencia de el Tribunal Constitucional, López ha aclarado que “en la fila del cumplimiento normativo y defensa del Estado de Derecho” van a cumplir, “en el ámbito competencial de nuestras obligaciones y potestades, todo lo que le corresponda cumplir a la Comunidad, mientras la norma esté en vigor, a la aplazamiento de su convalidación o derogación por parte del Congreso de los Diputados, así como de su ratificación por parte de Tribunal Constitucional, una vez sea recurrida, como es nuestra intención”.
López ha insistido en que el “plan respecto al plan” de la Comunidad de Madrid al que se refiere Lobato “es cumplir con nuestras obligaciones en el interior de nuestras competencias y potestades, con la máxima transparencia pública, tanto desde el punto de clarividencia social como parlamentario”, ha zanjado.
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