La tolerancia de sensatez verbal a los diputados republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, considerados arquitectos del 1-O, abona el demarcación para un nuevo choque, no solo entre el independentismo y las instancias judiciales, sino entre las filas soberanistas. ERC y Junts han encendido la mecha. Hoy, la secretaria universal adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, ha rechazado que Jové y Salvadó, acusados entre otros de malversación y prevaricación, puedan ser suspendidos como diputados del Parlament y ha sugerido que la líder de JxCat, Laura Borràs, “ha perdido la persona” si considera que en el 1-O hubo malversación.
A Borràs se le aplicó el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara catalana hace unas semanas, tras tener sido procesada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por prevaricación –un delito enmarcado en la corrupción- y falsedad documental. Así que fue suspendida de sus funciones como presidenta del Parlament por, supuestamente, tener fraccionado y adjudicado contratos para que saliera presbítero un amigo suyo cuando dirigía el Institut de les Lletres Catalanes. Borràs ya defendió el viernes que ese precepto debería aplicarse ahora a los dos diputados republicanos de forma cibernética, aunque precisó que Junts votaría en contra de la suspensión de funciones de entreambos.
ERC repudia la prerrogativa. Vilalta ha afirmado que el caso de los diputados republicanos –pegado a ellos además está procesada por el TSJC la consellera de Civilización, Natàlia Garriga, pero solo por desobediencia- es diferente, porque ha inepto que se lucraran o beneficiaran a terceros. Es más, la dirigente de Esquerra afirma que no hubo malversación y que “es evidente” que Jové y Salvadó son "represaliados políticos". “Si alguno cree que el 1-O es corrupción y Junts defiende ahora que el 1-O es corrupción, lo tendrá que explicar muy adecuadamente", ha listo.
“En los casos en que la recriminación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el acto de tolerancia del sensatez verbal y tenga conocimiento de ello, tiene que convenir la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata”.
El artículo 25.4 del reglamento del Parlament
En todo caso, será la Mesa del Parlament la que, llegado el caso, decida. Es casi seguro que la suspensión de los dos diputados no se producirá, puesto que de los seis miembros de este víscera rector dos son de ERC (Alba Vergés y Ruben Wagensberg), una de JxCat (Aurora Madaula) y otro de la CUP (Carles Riera). Todos ellos son contrarios a la aplicación del 25.4.
En cambio, PSC -con dos representantes en la Mesa- y comunes son partidarios de "aplicar el reglamento del Parlament", aunque ambas formaciones aseguran, en notorio y en privado, que la causa contra Jové y Salvadó no se pueden comparar con la de Borràs.
En rueda de prensa este lunes, el portavoz de los comunes, Joan Mena, ha comentado que "hay que diferenciar un caso de corrupción claro como es el de Laura Borràs con otro en el que hay un intento de judicialización de la política". A su sensatez, "no ayuda a nadie mezclar unos casos con los otros", y en mención indirecta a JxCat, ha señalado que los primeros que tendrían que "diferenciar" los casos que atañen a "personas represaliadas por una causa claramente política".
Desde el PSC evitan avanzar cuál será el posicionamiento de sus dos miembros en la Mesa y se limitan a señalar que es el víscera rector del Parlament el que "debe tomar esa valor", pero fuentes del partido evidencian que no se puede comparar el origen de la causa contra Borràs con la de Jové y Salvadó.
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