La reelección de Antonio Garamendi como presidente de la CEOE para los próximos cuatro primaveras por una demoledor mayoría despeja la negociación colectiva para el próximo año. Se comercio de retomar una negociación sinalagmático entre patronal y sindicatos que permita proseguir una moderación salarial evitando los mercadería de la inflación de segunda revés.
Por el contrario, se aleja la posibilidad de que se firme un pacto de rentas tripartito (con los agentes sociales) como pretende el Gobierno. El motivo es que el Ejecutante se ha precipitado en adoptar una serie de medidas que lo hacen inverosímil. La subida de impuestos o el aumento de cotizaciones sociales a las empresas lo hacen totalmente inviable.
Negociación
Una de las hipótesis es que sindicatos y patronal acuerden una subida de los sueldos en torno al 3%
La intrepidez del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de acreditar la subida de las pensiones con un aumento de las cuotas empresariales ha cerrado la puerta a cualquier tipo de acuerdo. Se comercio de una mala intrepidez, ya que las cotizaciones sociales son un impuesto al empleo. En un país como España, con 3 millones de parados y una tasa de desempleo que duplica la media europea, habría que hacer exactamente lo contrario.
La organización de aumentar los costes a los empresarios va a tener graves consecuencias. Para Escrivá no representa ningún problema porque, en su opinión, la paralización de la caudal que se anuncia desde todas las instancias nacionales e internacionales no va a afectar significativamente a España. Sin incautación, el recién seleccionado presidente de la patronal es radicalmente contrario a lanzar su firma en esta parte de la reforma de las pensiones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá 
Lo mismo sucede con el aumento del salario leve interprofesional. El Gobierno pretende alcanzar un consenso para situarlo en torno a 1.100 euros, lo que implicaría un musculoso incremento.
Se comercio en existencia de una intrepidez que compete al Ejecutante, que no necesita el apoyo de nadie para aprobarlo. El concurso de los agentes sociales es solo una coartada para argumentar que los acuerdos que no logra con la examen sí puede hacerlos con patronal y sindicatos. Un aval que capitalizaría políticamente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como ha hecho hasta el momento.
Pero como afirma Fabián Márquez, consiliario de la CEOE y arquitecto de la concertación social desde sus inicios a finales de los primaveras 70, “la injerencia del Gobierno distorsiona la dinámica presente del mercado de trabajo y limita la autonomía colectiva de la patronal y los sindicatos. Con la subida del SMI, más de un tercio de los convenios colectivos deja de tener sensación de hecho, porque los salarios quedan absorbidos y así pierde fuelle la negociación colectiva descentralizada”.
En una situación como la presente, caracterizada por una musculoso polarización de la vida política, los acuerdos tripartitos –Gobierno, patronal y sindicatos– tienen muy pocas posibilidades de prosperar.
Tal como dijo en su día el histórico dirigente de la patronal José María Cuevas, “en época electoral, cada oveja con su pareja”. Si adecuadamente al Gobierno de Pedro Sánchez le conviene políticamente recuperar la concertación social para lucirla delante Bruselas y aparecer delante la opinión pública como un líder dialogante cuando en existencia no lo es.
Otra cosa adecuadamente distinta es el acuerdo salarial entre patronal y sindicatos. La razón por la que el llamado AINC (Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva) quedará interrumpido en 2022 es el musculoso aumento de la inflación, que ha escaso tasas de dos dígitos.
En ese contexto resultaba inverosímil ganar a un acuerdo en el que se garantizase el poder adquisitivo de los trabajadores. La existencia es que la cruzada de Ucrania y una transición energética mal planteada han disparado el precio de la energía y los españoles nos hemos hecho más pobres.
Aquel coste tenía que ser asumido por todas las partes de la sociedad y pretender que lo pagaran otros se convertía en una enorme irresponsabilidad. Por este motivo, la cláusula salarial exigida por los sindicatos suponía propalar el balón en torno a delante, por lo que el problema inflacionista no solo quedaba sin resolver, sino que seguía creciendo.
Sin incautación, para el próximo año la situación ha cambiado radicalmente. La inflación prevista se sitúa en el entorno del 4,8%, aunque el control de los precios obedece a un sensación calendario y el shock inflacionista ya se ha producido. Por consiguiente, se podrían establecer aumentos salariales en torno al 3%. Con ello se evitaría que la tensión inflacionista se trasladara a los salarios.
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