Para el Govern, la madera de los presupuestos del 2023 está sequía y cepillada y solo le desidia el barniz. Los comunes sellaron su conformidad la semana pasada. Quedan el PSC o Junts –o los dos a la vez, como insiste el Ejecutante catalán- para que el proceso de tramitación se ponga en marcha. La escalón de la negociación con estos dos actores está avanzadilla. Las reuniones técnicas han terminado y se está irresoluto de citas de carácter político, según asegura el Junta de Pere Aragonès, para cerrar un pacto. Tanto es así que la portavoz, Patrícia Plaja, ha remarcado que “hoy no hay ningún pájaro suficientemente sustancial que no permita” alcanzar un consenso “en los próximos días” y ha emplazado a socialistas y posconvergentes a “no competir con el calendario”. Eso sí, el decreto ley para prorrogar los presupuestos del 2022 se ha firmado hoy. La firma es preceptiva y técnica siempre que no hay nuevas cuentas listas para el 1 de enero.
El optimismo del Govern contrasta en cierta guisa con las pretensiones de los socialistas catalanes y de los posconvergentes. La sospecha internamente del Palau de la Generalitat es que tanto el PSC como Junts manejan a su antojo los tiempos con fines electorales y que la retraso cero tienen que ver con las inconcreciones sobre las iniciativas que los dos pusieron sobre la mesa de la negociación: el macroproyecto del engorroso lúdico en la Vila-Sequía (conocido como Hard Rock), la ampliación de la carretera B-40 y del aeropuerto de El Prat. Les conselleres Laura Vilagrà y Natàlia Mas dejaron claro que estas son “cuestiones presupuestarias”. De todos modos, el Ejecutante catalán pese a que el mantiene estas cuestiones fuera de las conversaciones presupuestarias, repite que todas ellas se harán en el momento que haya informes urbanísticos y medioambientales positivos.
En todo caso, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, se ha mostrado confiada de que no se va a dilatar este entendimiento. “No es la Generalitat quien tiene prisa, sino los ciudadanos de Catalunya”, ha matizado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de esta mañana. “Entendemos que la finalidad última de la negociación política, sobre todo en un tema que tiene afectación directa en el día a día de la gentío de nuestro país, de los estudiantes, los trabajadores, las empresas, entidades sociales, escuelas y hospitales es mejorar sus condiciones”, ha reclamado Plaja.
Por ello, ha necesario que no se alargue “más de lo necesario” la aprobación y ha apelado a la máxima responsabilidad y a dejar a un costado “los intereses de partido”. El plan de choque social de 550 millones de euros o las ayudas en el transporte sabido, todo ello pactado con En Comú Podem, están a la retraso. Igualmente los 1.000 millones de más en la carpeta de Salut o los 279 millones a destinados a la atención primaria sanitaria.
De momento, el Govern de Pere Aragonès ha firmado el decreto ley preceptivo para que las cuentas del 2022 puedan prorrogarse a partir del 1 de enero y para que se pueda asegurar el funcionamiento de las administraciones y de los servicios públicos. Se alcahuetería de una extensión técnica hasta que se puedan aprobar los nuevos números. Plaja ha asegurado que esta prórroga será “por pocas semanas”, con lo que ha cubo a entender que el acuerdo para las cuentas del 2023 está cerca. En esta límite está que haya aplaudido que la Mesa del Parlament haya adaptado la segunda semana de enero en la Cámara catalana. “Es una buena señal de que las negociaciones están avanzando”, ha opinado.
Si el acuerdo con Junts o el PSC parece estar cerca, con los comunes está cerrado. Muestra de ello es que el compromiso para añadir una nueva tarifa en el impuesto de Patrimonio ya están en curso. La medida, temporal y con una vigencia de dos primaveras, se efectúa para equiparar el tributo al contemplado por el Gobierno de Pedro Sánchez para las grandes fortunas y evitar así que lo recaudado en Catalunya de un impuesto cedido a las comunidades autónomas vaya a detener a las arcas del Estado y la Generalitat no pierda ingresos.
El nuevo tributo del Govern implica crear un nuevo tramo a partir de los 20 millones de euros de patrimonio que estará gravado con el 3,5%, lo que supondrá una colecta de 12,3 millones de euros.
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