El conflicto entre poderes del Estado protagonizado por el Tribunal Constitucional estos días ha sido comparado con lo ocurrido en Catalunya durante el proceso independentista. Como toda equiparación, asimismo ésta resulta injusta. La historia es un río que fluye siempre de forma diferente. Pero no se puede desmentir que algunos acontecimientos parecen mirarse en el espejo del pasado. Se negociación de las dos mayores crisis institucionales vividas en los últimos primaveras motivadas por un atropello del partidismo interesado a costa del edificio que es de todos.
El filibusterismo practicado por el PP durante cuatro primaveras para eludir la renovación del tribunal de garantías pasará a los diario de la peor praxis política. Resulta estrambótico, por no aplicar términos más contundentes, que los líderes populares mantengan por otra parte ese incomunicación con argumentos rayanos en la salvación pueblo y se arroguen la defensa de la Constitución como si de su vademécum de sitio de honor se tratara. Esta crisis ha evidenciado que el control de la reincorporación judicatura constituye para el PP una palanca de poder inestimable, un resorte al que no está dispuesto a renunciar bajo ningún concepto.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados el pasado viernes
Por su parte, el PSOE parece haberse contagiado de esos métodos torticeros para tratar de cortar por lo sano. Por más hartazgo que el incomunicación coetáneo suscite en la Moncloa, la materia es lo suficientemente delicada como para evitar pasos en traidor, como ha sido introduciendo con prisas la reforma de dos leyes orgánicas, la del Tribunal Constitucional y la del Poder Jurídico, por una vía parlamentaria que, aunque utilizada con profusión, no es la debida cuando se pretende tocar un pilar del Estado. Todo ello acompañado de una incontinencia verbal reprochable, como la del portavoz socialista Felipe Sicilia, que tildó de “fachas con toga” a algunos miembros del tribunal.
Y, en tercer oficio, algunos jueces consideran que ellos mismos y sus convicciones son más importantes que el puesto que ocupan. Por supuesto, más relevantes que los representantes de la soberanía popular. La Constitución les otorga un crédito que ellos no se han yeguada delante los ciudadanos con sus maniobras y sus maquinaciones de salón.
Más allá de conexiones puntuales, la situación se parece a la del 'procés' en el uso de procedimientos legales de guisa impropia para imponer el propio interés
Algunos de esos comportamientos recuerdan a lo ocurrido en Catalunya durante el procés. No son comparables el intento de separar Catalunya del sistema constitucional vivo de forma independiente y las consiguientes resoluciones dictadas por el Constitucional de guisa procedente para impedirlo. Aunque algún caso, como el de la prohibición preventiva de afrontar en el Parlament la eventual investidura a distancia de Carles Puigdemont se parece conveniente a lo que ocurre hoy, cuando un tribunal caducado impide que se vote una reforma judicial en el Senado. Pero más allá de conexiones puntuales, sí es muy parecida la utilización de los procedimientos legales de guisa impropia para imponer el propio interés, el retorcimiento de las normas sin atender al espíritu que las inspiró, la capacidad para olvidar que las instituciones deben reponer a las mayorías sociales sin atropellar a las minorías, la deslealtad entre poderes. En eso consiste una crisis institucional. Y en eso ambas situaciones se parecen muchísimo.
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