Mientras batalla sobre su renovación, al Tribunal Constitucional se le acumula el trabajo irresoluto. Varias leyes de gran impacto social aguardan a que el tribunal de garantías dicte sentencia sobre su encaje en la Constitución. Ahí están acumulando polvo los capital presentados en su día por la competición, en particular el PP, contra la ley del fracaso, que lleva doce abriles esperando un veredicto del Constitucional, o leyes hado de esta tiempo como la ley de eutanasia, la ley de educación, la ley de protección de la infancia, la reforma profesional o la ley rider que regula a los repartidores de plataformas digitales, encima de otras normas que han suscitado asimismo polémica política como la ley que regula el catalán en la escuela.
Ley del Feto
Más de doce abriles lleva en un cajón el medio que presentó el PP, en junio de 2010, contra la ley del fracaso aprobada aquel mismo año por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La yerro de consenso entre los magistrados ha sido el principal motivo del retraso, ya que se han llegado a redactar varios borradores pero el asunto nunca ha llegado al pleno del TC.
El medio presentado por el PP se centró en atacar la principal novedad de la ley de 2010: la consideración del fracaso como un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de apuro, y no como un delito despenalizado en determinados supuestos como establecía la ley de 1985. Encima, el medio pedía suprimir la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 abriles interrumpieran el apuro sin el consentimiento de un progenitor o de un representante reglamentario, aunque tenían la obligación de informar, y se contemplaban excepciones.
El ponente designado fue el magistrado Enrique Arnaldo, que heredó los casos pendientes del magistrado Andrés Ollero.
Ley de Eutanasia
Otra de las leyes importantes que el pleno del Constitucional está evitando evaluar es la que regula el derecho a la eutanasia, aprobada en marzo del 2021 con los votos en contra del PP y de Vox. En junio de ese año, Vox presentó un medio de inconstitucionalidad contra la ley, que fue admitido por el TC, aunque a la formación de Santiago Abascal se le denegó la medida cautelar que pedía para que la norma no entrara en vigor, lo que se produjo ese mismo mes de junio. En septiembre, el TC admitió otro medio, este del PP, contra la ley de Eutanasia, en el que se alegaba la supuesta quebrantamiento de varios preceptos de la Constitución en esta norma, entre los que menciona el derecho a la vida, el derecho a la dignidad de la persona y el principio de seguridad jurídica. El ponente designado fue el magistrado Cándido Conde-Pumpido.
La ley establece que la eutanasia se podrá arrostrar a lado a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento agonizante, crónico e imposibilitante o enfermedad agonizante e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
Ley de Educación
Asimismo figura en la carpeta de temas pendientes del Constitucional la octava ley de Educación de la democracia, la Lomloe, asimismo conocida como ley Celáa –por la ministra que impulsó la reforma-, aprobada en diciembre del 2020 con el voto en contra del PP, Vox y Cs. En abril del 2021, el TC admitió a trámite sendos capital del Partido Popular y de Vox, para los que designó como ponentes a los magistrados Antonio Narváez y Ricardo Enríquez, respectivamente. El medio del PP alega que la ley vulnera la decisión de los padres a designar centro para los hijos y que incumple la obligación del Estado de recordar el carácter vehicular al castellano como germanía oficial. Vox pidió en su medio al tribunal de garantías que anule los apartados de la ley referidos a la educación concertada, la educación peculiar y la germanía española.
Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia
La ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia, aprobada en mayo del 2021 con una amplísima mayoría -salvo los votos en contra de Vox y del PNV-, entró en vigor un mes luego. Es otra de las leyes hado de la tiempo, impugnada por Vox delante el Constitucional. Se alcahuetería de la primera norma estatal que protege a los menores frente a las distintas formas de violencia, incluida el alcaldada sexual, un delito cuyo periodo de prescripción no se inicia hasta que la víctima cumpla 35 abriles. Es conocida como ley Rhodes, por la faena del pianista britano James Rhodes a la hora de concienciar sobre estos abusos, que él mismo sufrió de gurí.
El TC admitió en octubre de 2021 el medio de Vox, que alega que la ley Rhodes podría vulnerar, corporación otros preceptos constitucionales, la decisión ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y pudoroso que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela jurídico efectiva. De la sentencia que se dicte en su día será ponente el magistrado Andrés Ollero.
Ley 'Rider'
El Tribunal Constitucional siquiera ha cubo respuesta a los capital del PP y de Vox, que admitió a trámite en septiembre del 2021, contra el decreto ley relativo a los repartidores de plataformas digitales, conocido como ley Rider y aceptado en mayo, que obliga a las empresas de reparto a contratar como asalariados a sus trabajadores. La ley Rider salió delante luego de que Gobierno, patronal y sindicatos alcanzaran un acuerdo tras meses de negociación. De forma previa, y tras una larga batalla jurídico, el Tribunal Supremo reconoció a los rider como falsos autónomos al resolver un caso de un repartidor de Glovo de la Comunidad de Madrid.
Reforma Sindical
El pleno del Tribunal Constitucional asimismo tiene irresoluto atreverse sobre la votación en el Congreso de los Diputados por la que se aprobó la reforma profesional, en febrero de este año. El auténtico decreto-ley de medidas urgentes para la reforma profesional, la respaldo de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo fue aceptado por 175 votos a crédito y 174 en contra, luego de que el diputado del PP Alberto Casero se equivocara y votara a crédito. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dio por buena la votación, lo que permitió al Gobierno de coalición sacar delante la reforma. Tanto el diputado Casero como el Clan Parlamentario Popular presentaron medio delante el Constitucional, que los admitió a trámite. El ponente será el magistrado Ramón Sáez.
La ley del Catalán en la Escuela
Otro de los asuntos que debe todavía chocar el Tribunal Constitucional es si ampara los capital del PP y Ciudadanos contra la ley catalana del uso de las lenguas en la escuela y el decreto de proyectos lingüísticos aprobados en el Parlament de Catalunya, que impiden aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obligaba a que el 25% de las clases fueran en castellano. En septiembre de este año, el TC admitió los capital presentados por diputados del PP y de Ciudadanos en el Parlament contra varios artículos de la ley catalana, al considerar que vulnera la Constitución en varios preceptos relacionados con la autonomía de los centros garantizada por la reglamento básica del Estado y con la adhesión inspección como competencia monopolio del mismo, encima de la competencia del Estado para la regulación del uso del castellano.
El Parlament aprobó en junio de este año la ley sobre el uso y estudios de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que reconoce el “uso curricular y educativo” del castellano y reafirma el catalán como germanía vehicular, sin fijar porcentajes lingüísticos. Un mes luego, el TSJC decidió proyectar cuestión de inconstitucionalidad contra esta reglamento “por infracción del artículo 3 de la Constitución”, que establece que el castellano es la germanía oficial del Estado, y por considerar encima que vulnera el derecho fundamental a la educación y el Estatut d’Autonomia. Tanto la Fiscalía como la Leyes del Estado informaron a crédito de proyectar esa cuestión de inconstitucionalidad y asimismo lo hizo la Generalitat, alegando que si el TSJC tiene dudas sobre la nueva reglamento filología debe elevarla al Constitucional para que el Govern pueda defenderla delante esa instancia jurídico.
Retirada del memoria de Alberto Rodríguez
El Tribunal Constitucional siquiera ha cubo una respuesta al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. En mayo de este año, el tribunal de garantías admitió a trámite dos capital presentados por Rodríguez contra la intrepidez de retirarle el escaño en el Congreso a raíz de la sentencia por la que se le condenó a un delito de atentado a la autoridad. El TC anunció que el pleno se pronunciará sobre el utilitario del Tribunal Supremo por el que se ordenó ejecutar la sentencia, así como sobre el acuerdo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por el que se comunicó al diputado la retirada de su memoria, en octubre del 2021. En julio de este año, la Fiscalía del TC se mostró a crédito de amparar a Alberto Rodríguez por la retirada del escaño, pero no por la condena que le impuso el TS a un mes y 15 días de prisión por un delito de atentado a la autoridad, con la pena accesoria de inhabilitación peculiar para el sufragio pasivo. El pleno del tribunal todavía no ha abordado el asunto.
¿Vale acatar la Constitución?
Otro de los asuntos sobre los que debe pronunciarse el Constitucional es si avala las originales fórmulas de acatar la Constitución que han empleado varios diputados nacionalistas y de izquierdas al encargarse su escaño. "Con fidelidad al mandato tolerante del 1 de octubre y al pueblo catalán", "por la decisión de los presos políticos y exiliados políticos", "prometo hasta la creación de una República vasca”,“por la República catalana" son algunas de las fórmulas a las que se acogieron para acatar la Constitución diputados de Unidas Podemos, ERC, JxCat y Bildu en la sesión inaugural de la previo tiempo.
PP y Vox recurrieron en amparo delante el Tribunal Constitucional, que en abril del 2021 aceptó estudiar los acuerdos adoptados por las presidentas del Congreso y el Senado de 3 de diciembre de 2019, y las resoluciones de la Mesa del Congreso y el Senado de 13 de diciembre de 2019 y 23 de enero de 2020, respectivamente, que dieron validez a las distintas fórmulas de blasfemia o promesa del cargo de los diputados y senadores que tomaron posesión para la XIV tiempo.
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