Los funcionarios de la oficina militar del Estado (AGE) son rotundamente contrarios al mecanismo que el Gobierno ha diseñado para evaluar su desempeño y, por extensión, repartir pluses salariales por objetivos o, en caso de no ser productivos, poder revocar un encumbramiento. En ningún momento el Profesión de Hacienda y Función Pública plantea la expulsión de la función pública del trabajador sino una remoción del puesto de trabajo obtenido por concurso. Los sindicatos de la oficina van a dar la batalla hasta el final de la asamblea y ya trabajan unidos para presentar sus propuestas con el objetivo de modificar el preliminares de ley que aprobó el consejo de ministros el pasado martes.
El punto conflictivo de la norma en ciernes es el artículo 81 y siguientes del primer planteamiento que ha puesto sobre la mesa el Ejecutante. La “evaluación de desempeño” indagación “mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos”. Es “obligatoria” para todo el personal en activo de la oficina central. El Gobierno plantea una valoración del empleado sabido y que de ese examen dependa la “percepción de un complemento de desempeño” (todavía conocido de productividad; el Gobierno no ha definido aún cuantías y lo hará en un futuro reglamento, aunque en el caso de los guardias civiles puede rondar los 1.000 euros al año), la “progresión de la carrera profesional” e, incluso, la no continuidad en el puesto de trabajo.
Lo que plantea Hacienda, en ingenuidad, es que unos resultados negativos en esta “evaluación de desempeño” puedan dar espacio a “la no valoración del mérito de experiencia” durante los procesos de selección. Unas conclusiones negativas continuadas, año tras año, abrirían la posibilidad a la pérdida del puesto de trabajo obtenido por concurso gracias a un encumbramiento. Siempre se respetará la plaza obtenida en la competición y nunca se perderá la condición de funcionario, explican fuentes del empleo dirigido por María Jesús Montero.
Los representantes de los funcionarios se disponen a negociar con Hacienda cómo modificar esta parte de la futura ley a la reverso de las Navidades. “Estamos de acuerdo con fijar incentivos pero no puede ir en detrimento de sus condiciones laborales y salariales” de los empleados públicos, defiende Miriam Pinillos, secretaria de políticas públicas de Comisiones Obreras (CCOO). Para el sindicato liderado por Unai Sordo, la productividad debe configurarse “como un incentivo y no como un castigo”, a través de “criterios objetivos y no personales”.
UGT coincide en una valoración negativa del preliminares de ley de función pública. “Nos genera desconfianza, porque la evaluación de desempeño debería hacerse con veterano transparencia”, indica Carlos Álvarez, secretario militar de servicios públicos de la oficina militar. “No nos vamos a encarar si hay un gandul en una mecanismo, pero defendemos que exista objetividad” a la hora de determinar su productividad.
UGT se opone al sistema
"La evaluación del desempeño del funcionario debe hacerse con transparencia”
La central sindical dirigida por Pepe Álvarez todavía pone pie en horma y recuerda que la remoción de un encumbramiento ya figura en el Estatuto Fundamental del Empleado Sabido, pero la norma nunca ha sido desarrollada por ningún Gobierno. Ahora el Ejecutante de coalición deberá precisar quién debe realizar la evaluación y los trabajadores buscarán que la atrevimiento pase siempre por las juntas de personal para poder defender los derechos de los trabajadores afectados por una valoración negativa.
Los sindicatos buscan, luego, que la evaluación de la productividad de los funcionarios se debata en una mesa paritaria, con representación de la oficina y de los representantes de los trabajadores. El Gobierno siquiera ha precisado qué criterios se tendrán en cuenta y tanto CCOO como UGT plantean que dicha valoración vaya “de los colectivo a lo personal”, evaluando primero, “la situación de toda una mecanismo o centro” para, a continuación, centrar el control en el funcionario. “No podemos ahora mismo perder otros derechos conseguidos a través de la negociación colectiva”, concluye Pinillos, de Comisiones.
Un complemento polémico
Los sindicatos quieren que el plus de productividad lo cobre toda la mecanismo
“No podemos alojar un esquema tieso, sino que debe generarse una evaluación integral, recíproca, por unidades y oficinas”, defienden de forma conjunta los sindicatos más representativos en un documento interno distribuido a sus afiliados la pasada semana. Plantean todavía que se refugio la puerta a resoluciones por la vía administrativa frente a decisiones que supongan la remoción de un encumbramiento, de forma que los funcionarios no tengas que acogerse a la vía jurídico.
Respecto a los pluses de productividad, los sindicatos proponen que al tratarse de un sistema de evaluación universal para toda la oficina militar del Estado el citado complemento retributivo todavía lo sea. Es asegurar, que toda la mecanismo perciba la misma cuantía, independientemente del nivel en el escalafón del empleado sabido.
La intención del Gobierno es tener en vigor la ley de la función pública antiguamente de que finalice la asamblea.
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