MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
El sentenciador de la Audiencia Franquista José Luis Calama ha propuesto resolver a diecinueve personas, cuatro de ellas exalcaldes, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el supuesto martingala de contratos en catorce ayuntamientos de Cataluña en confianza de la consultora Efial.
Este procedimiento se deriva de una investigación iniciada en 2013 en el Audiencia número 1 de El Vendrell a raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en relación con posibles irregularidades cometidas en la contratación pública del Concejo de Torredembarra.
De aquellas diligencias se incoaron varias piezas en el Audiencia de Instrucción Cuatro que se han venido tramitando y que ahora concluye con el pase a procedimiento abreviado en la investigación principal. El pasado 30 de marzo, el sentenciador Calama dio por concluida otra de las piezas que afectaba a siete ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
En la alcoba que ahora se concluye, el sentenciador centra la investigación en la mercantil Efial Consultoría (seguidamente Consultoría en Administración Innovadora SL) y que, según el magistrado, su venida a determinadas corporaciones locales constituyó una utensilio válida para conseguir el direccionamiento en la adjudicación de contratos y eliminar la vacío competencia.
El coche detalla la interpretación de los responsables de esta mercantil, los investigados de los ayuntamientos afectados, entre ellos los exalcaldes de L´Ametlla de Mar (Andreu Martí), Torredembarra (Daniel Massagué), Vandellós (Josep Jaume Castellnou) y Ascó (Rafael Vidal), así como “el fraude cometido a través de esta ilícita forma de contratación”, que ascendería a un total de 8.731.780 euros.
La resolución relata que de modo reiterada los profesionales vinculados a Efial emitían informes que tenían por objeto contradecir los previamente emitidos por parte de los órganos fiscalizadores (interventor y secretarios de los ayuntamientos). De esta forma, dice el sentenciador, se otorgaba una llamativo cobertura de ilegalidad a determinadas decisiones y resoluciones que en algunos casos se han mostrado contrarias a derecho.
EVITAR CONTROLES
“Su integración en el funcionamiento del Concejo (en algunos casos se les ha llegado a adscribir como un consistorio paralelo) supone una huida progresiva y creciente del derecho chupatintas utilizándose determinadas herramientas de cara a evitar cualquier tipo de control chupatintas, así como de cara a esquivar las diferentes normativas que regular el funcionamiento de las administraciones públicas”, señala.
El mecanismo de interpretación, según Calama, era mediante la creación de la figura de la Empresa Pública Empresarial (EPE) que parece nada más encaminada a conceder la laxitud del control chupatintas y descontar el porción de sometimiento a la reglamento de contratación pública de la que se beneficiaba tanto la propia Efial como los profesionales que ejecutaban los encargos.
Los hechos se tipifican como delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En cuanto a este zaguero, el magistrado precisa que los hechos punibles se cometieron con prioridad a la reforme de 2015 que a su vez ha sido modificada recientemente, por lo que se deberá estar a la regulación actual al tiempo de los hechos.
El sentenciador considera que no existen indicios para considerar que las contrataciones en los Ayuntamientos de Vilassar de Dalt (Barcelona) y Tárrega (Lleida) con Efial tengan carácter delictivo y acuerda el sobreseimiento provisional de los investigados David Peris Cavero y Jaume Sabater Rovira por error de indicios suficientes.
El coche de pase a procedimiento abreviado confiere a partir de ahora un plazo de diez días al Tarea Fiscal para solicitar la tolerancia de querella verbal con la presentación del escrito de cargo o correctamente solicitar el sobreseimiento.
(SERVIMEDIA)19-ENE-2023 15:16 (GMT +1)SGR/gja
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