La Fiscalía recurre hoy el automóvil de Pablo Llarena por el que modificó la incriminación del expresidente catalán Carles Puigdemont de sedición a desobediencia, por otra parte de un delito de malversación de caudales públicos. Los fiscales del procés creen que los delitos por lo que se le debe perseguir, por otra parte de por la malversación agravada, es el de desórdenes públicos agravados. Según el escrito, "la omisión del delito de desórdenes públicos no es ajustada a derecho".
Así lo entienden los cuatro fiscales que llevaron la vara de la incriminación en el seso del procés. Encima del medio al automóvil del instructor, ya están ultimando su escrito para que la revisión de la sentencia por la que se condenó al exvicepresidente Oriol Junueras y otros ocho líderes independentistas a un delito e sedición pase a ser desórdenes públicos una vez que el primero ha quedado derogado.
Tal y como explicó La Vanguardia, según fuentes fiscales, lo que ocurrió en el otoño de 2017 fue una moribundo variación del orden conocido por la celebración del referéndum del 1-O y eso no puede permanecer despenalizado.
Llarena considera que lo que ocurrió no fue exactamente desórdenes públicos por lo que si se ha eliminado la sedición nada más pueden ser perseguidos por un delito de desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional, que prohibió la convocatoria de la consulta.
Los fiscales explican que el relato de hechos probados de la sentencia recoge en diversos pasajes hechos "tumultuarios con resultado de alteraciones graves del orden conocido, dificultades y cortes en la circulación, invasión de instalaciones y edificios con moribundo afectación del funcionamiento de la Empresa de Honradez".
Recuerda que se vieron afectados los servicios esenciales de tales centros, actos de intimidación y violencia sobre personas y cosas, daños que se produjeron en numerosos momentos y escenarios, "y sobre todo graves y, en ocasiones, violentos enfrentamientos de miles de ciudadanos movilizados a tales enseres con las fuerzas y cuerpos de seguridad en los días 20 de septiembre (En la Conselleria de Economia) y 1 de octubre de
2017 con motivo de la celebración del referéndum ilegal".
En lo que sí están de acuerdo es en la interpretación de la reforma del delito de malversación de caudales públicos.
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