El Gobierno ya ha calificado el reparto de 56.459 millones de los fondos europeos, de los cuales en torno a 40.000 millones ya han sido catalogados como “obligaciones reconocidas”, según el tercer documentación de situación que ha presentado el radio económica del Ejecutor. Estos datos explican, según han detallado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la colaboración entre administraciones y empresas ha escaso una “velocidad de crucero” para que este año sea el de viejo asignación de fortuna públicos, coincidiendo con el final de la tiempo.
El ritmo de ejecución va aumentando progresivamente, año a año y mes a mes. En 2021 se autorizaron 22.129 millones de euros, guarismo que en 2022 ascendió a 25.143 millones. Los datos han sido pulverizados en el mes de enero de este año, cuando se han asignado 9.188 millones, lo que supone un tercio del presupuesto para todo 2023. A nivel mundial, desde el inicio de la puesta en marcha del plan de recuperación, ya se han calificado el 90% de los fondos presupuestados.
Pero autorización de transferencias no significa ejecución. En este sentido el Gobierno guarismo en un 75% los fondos europeos ejecutados. Montero especifica que se negociación de “obligaciones reconocidas”, es sostener, que el beneficiario ya sabe que va a admitir la ayuda, una intrepidez que el Ejecutor computa ya como ayuda para la heredad verdadero, aunque el suscripción no se haya realizado. La transferencia se haría cuando se justifique la disposición del tesina. Calviño ha estimado una ayuda al PIB de 2,6 puntos durante una plazo.
Madrid tiene 2.256 millones asignados
La región más beneficiada Andalucía, con 3.262 millones; le sigue Catalunya, con 3.039
En el tercer documentación de ejecución del Plan de Recuperación, el Gobierno incluso actualiza la asignación de fondos por comunidades autónomas a 31 de diciembre. En total se han concretado 20.628 millones, siendo la región más beneficiada Andalucía, con 3.262 millones. Le sigue Catalunya, con 3.039 millones; la Comunidad de Madrid, con 2.256 millones; y la Comunidad Valenciana, con 1.965 millones. Ya en un escalón inferior se sitúan Canarias, con 1.341 millones asignados; Castilla y Valiente, con 1.283 millones; Galicia, con 1.219 millones; y Castilla-La Mancha, con 1.008 millones.
Por debajo de esa guarismo se encuentran Baleares, con 859 millones asignados; País Vasco, con 852 millones; Aragón, con 708 millones; Extremadura, con 677 millones; Murcia, con 620 millones; Asturias, con 489 millones; Navarra, con 406 millones; Cantabria, con 337 millones; y La Rioja, con 231 millones. Ceuta y Melilla han recibido una ayuda de 39 y 37 millones de los fondos europeos.
El Gobierno central ha criptográfico el división de ejecución de las comunidades autónomas en 4.343 millones hasta noviembre de 2022. Peculio admite cierta pachorra y afirma que los gobiernos regionales “están empezando a apropiarse esa velocidad de crucero”. Para ayudar a ello el Ejecutor aprobó un encargo a la empresa pública Tragsatec para ofrecer un servicio de afluencia y asesoramiento a las administraciones autonómicas y locales.
Se ejecutará el 100%
“No habrá fondos perdidos”, ha proclamado la titular de Hacienda, María Jesús Montero
Calviño y Montero han asegurado que los fondos que en primaveras anteriores no hayan sido autorizados se pondrán a disposición de los diferentes proyectos en un futuro. En este sentido “no habrá fondos perdidos”, ha proclamado la titular de Hacienda. “Vamos a ejecutar el 100% de lo presupuestado”, ha añadido.
El radio económica del Gobierno incluso se ha empeñado en remarcar, en vísperas de la reconocimiento de una delegación del Parlamento Europeo para evaluar el división de cumplimiento del Plan de Recuperación castellano, que se han reforzado los mecanismos de reparto de las ayudas y se implementado la lucha contra el fraude. En este sentido, “en cada entidad gestora” se han creado comités específicos para evitar la corrupción. Todavía se está comenzando a trabajar en la aparejo Coffee (plataforma global de fondos europeos), que es un maniquí de fiscalización integral. Ministerios, autonomías, ayuntamientos y universidades van progresivamente cargando en el sistema sus proyectos y avances. Es una especie de panel de control de todo el plan de recuperación. “No hay un país con una aparejo tan completa”, ha presumido Montero.
La titular de Hacienda incluso ha informado que la secretaría universal de fondos europeos ha formado ya a 2.214 empleados públicos sobre la encargo de los fondos comunitarios, un 70% del total de personal conocido fijado como objetivo.
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