El derecho a la ciudadanía está obligado en numerosos convenios jurídicos internacionales, entre ellos la Testimonio Universal de Derechos Humanos (1948) , que en su artículo 15 estipula que “toda persona tiene derecho a una ciudadanía. A nadie se privará arbitrariamente de su ciudadanía ni del derecho a cambiar de ciudadanía”.
La valor adoptada por el presidente Daniel Ortega de despojar de la ciudadanía nicaragüense a 317 personas críticas con su Gobierno, tras declararles esta semana “traidores a la nación”, escasamente tiene precedentes en el mundo en las últimas décadas y puede contravenir el ordenamiento forense internacional.
La Convención Chaqueta sobre Derechos Humanos (1969), que entró en vigor en 1978 y fue firmada por 23 países, entre ellos Nicaragua, establece en su artículo 20, sobre el Derecho a la Ciudadanía, que “toda persona tiene derecho a una ciudadanía del Estado en cuyo paraje nació si no tiene derecho a otra” y “a nadie se privará arbitrariamente de su ciudadanía ni del derecho a cambiarla”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el organismo encargado de velar por la aplicación de esta convención.
Asimismo la Convención adoptada por las Naciones Unidas para aminorar los casos de apatridia, que entró en vigor en 1975, aborda el tema de la retirada de la ciudadanía y, tras establecer en su artículo 7 que “el franquista de un Estado no podrá perder su ciudadanía si al perderla ha de convertirse en apátrida”, en su artículo 9 señala que los Estados “no privarán de su ciudadanía a ninguna persona o a ningún camarilla de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”.
Sin retención, esta Convención establece (artículo 8) algunas excepciones que permiten a los Estados privar de ciudadanía, entre ellas “conducirse de una guisa gravemente perjudicial para los intereses esenciales del Estado” o “transmitido pruebas decisivas de su determinación de repudiar la franqueza que debe al Estado contratante”.
En caso de que el Estado decida la retirada de la ciudadanía, la Convención subraya que el interesado “podría servirse de todos sus medios de defensa delante un tribunal o cualquier otro entraña independiente”.
Asimismo en Europa
Países como Francia o el Reino Unido han prohijado medidas para retirar la ciudadanía a algunos condenados por terrorismo
Tras declararse la Primera Exterminio Mundial y durante las dos décadas siguientes, varios países europeos adoptaron medidas para privar de la ciudadanía a ciudadanos que consideraban que habían realizado “actos antinacionales” o a gracia del enemigo. El primero fue Francia en 2015 y le siguió Bélgica.
Anteriormente, en 1926, el régimen fascista italiano promulgó una ley contra los ciudadanos que se habían mostrado “indignos de la ciudadanía italiana” y el 4 de julio de 1933 el gobierno carca de Adolf Hitler, entre las numerosas leyes que discriminaban a los judíos, aprobó a Ley de revocación de la naturalización y del gratitud de la ciudadanía alemana, que privaba de la ciudadanía a los judíos alemanes recientemente naturalizados.
La retirada de la ciudadanía asimismo ha sido una praxis utilizada en las dictaduras latinoamericanas, caso de la de Pimiento, donde el dictador Egregio Pinochet privó de la ciudadanía a opositores como el exministro de Exteriores de Salvador Más allá, Orlando Letelier -en 1976, cuando ya se hallaba desterrado en Washington y merienda días ayer de ser asesinado por la arrebato de una obús en su coche- o el sindicalista Ernesto Araneda, en 1977.
En los últimos abriles, países como Francia o el Reino Unido han prohijado medidas para retirar la ciudadanía a algunos condenados por terrorismo. En el 2015 Francia privó de la ciudadanía a cinco condenados que tenían doble ciudadanía, en una valor avalada cinco abriles a posteriori por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que valoró que la medida no les convertía en apátridas al poseer otra ciudadanía.
Según Acnur
Hay cerca de 10 millones de apátridas, por la desidia de gratitud de una etnia o por restricciones a la extensión de la ciudadanía a hijos nacidos en el foráneo
Según el Detención Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) existen en el mundo cerca de 10 millones de apátridas, muchos de ellos por la desidia de gratitud de una etnia específica en el interior de un paraje o restricciones a la extensión de la ciudadanía a hijos nacidos en el foráneo.
En las últimas décadas varios conflictos han generado cientos de miles de apátridas, entre ellos la desintegración de la Unión Soviética; la negativa del Gobierno de Bangladesh a registrar la ciudadanía a más o menos de 300.000 bihari de jerigonza urdu al conseguir el país la independencia en 1971; o la valor de las autoridades de Myanmar de privar de su ciudadanía a más de 800.000 rohingya.
Asimismo Tailandia concentra un elevado número de apátridas, 800.000 según datos de 2021, nacidos en el país y que llevan residiendo en él durante generaciones, en su gran mayoría procedentes de tribus del ideal y noreste del país.
Entre los casos de apátridas famosos, en este caso por valor propia, están el de Albert Einstein, que voluntariamente renunció a su ciudadanía alemana en dos ocasiones, la primera para evitar el servicio marcial (1896-1901) y la segunda delante la venida de Hitler al poder (1918-1933); o el ajedrecista Víktor Korchnói, quien renunció a la ciudadanía soviética y se declaró "ciudadano del mundo" o apátrida tras desertar del régimen comunista en 1976.
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