Las constructoras esperan un buen año para la obra pública en 2023 gracias sobre todo a la arribada de fondos europeos y a la prodigalidad de las administraciones en año electoral, pero avisan de varios riesgos que pueden echar por tierra sus expectativas. Para sacar delante los proyectos y evitar un parón de la construcción, aseguran, es necesario ampliar en un año los plazos del software Next Generation, desbloquear el maniquí de concesiones y prorrogar el sistema extraño de revisión de precios de los materiales de obra apto tras la invasión de Ucrania, sin el cual cientos de licitaciones pueden acordar desiertas.
"Necesitamos como exiguo un año de prórroga en los fondos de la UE, tanto en la aniversario confín de presentación de proyectos como en la aniversario de ejecución", ha asegurado el presidente de la asociación de constructuras Seopan, Julián Nuñez, en la rueda de prensa de presentación de los resultados del sector en 2022. Los proyectos acogidos al software Next Generation deben presentarse ayer de fin de año para su ejecución como tarde a finales de 2026, y Seopan considera que muchos de ellos no llegarán a tiempo, especialmente los de infraestructuras hidráulicas.
Las constructoras calculan que, interiormente de lo fondos europeos, cerca de 11.619 millones de euros irán dedicados a infraestructuras, de los que 7.244 millones corresponden al Estado, 1.639 millones a las comunidades autónomas y 2.736 millones a las entidades locales. "Si contásemos con un año adicional, estaríamos en condiciones de difundir grandes proyectos masivos", afirma el presidente de Seopan ayer de pelar la "manifiesta descuido de capital humanos y materiales en el sector notorio, muchas veces en las comunidades autónomas, para atender las micción".
Concesiones bloqueadas por 3.000 millones de euros
Las otras dos grandes reivindicaciones tienen que ver con las concesiones y con el sistema de revisión de precios de los materiales. Hay según Seopan 3.000 millones de euros en proyectos de concesiones bloqueados por dudas acerca de sus plazos o de los riesgos, lo que equivale a siete de cada diez expedientes. Destacan el entendimiento de basuras del concejo de Madrid, por 2.142 millones, y el de residencias de Guipuzcoa, por 260 millones.
Este problema se debe a la ley de desindexación de la heredad aprobada en 2015, que "desincentiva y obstaculiza la actividad concesionario" al vincular la retribución a la cotización del bono gachupin a diez abriles más un diferencial. Esta fórmula impide que salgan delante nuevos proyectos y está disuadiendo según Seopan a las administraciones públicas de sospechar por el maniquí de concesiones.
"Miles de millones" en licitaciones desiertas si no se reconoce la subida de los precios
El tercer gran problema, asegura, se encuentra en el mecanismo de revisión extraño de los precios de los materiales de construcción superpuesto por el Gobierno tras la invasión de Ucrania. Esta fórmula vence a comienzos de marzo y desde el Ejecutor no hay en apariencia interés por renovarla, lo que puede provocar que cientos de licitaciones queden desiertas a prudencia de las constructoras.
"Ya hemos remitido todas nuestras propuestas y, si todavía no hay comunicación, es que el Gobierno no piensa prorrogar el mecanismo", indica Núñez. "Prácticamente todas las obras licitadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos desde noviembre del año pasado, que no llevan fórmulas de revisión de precios en los pliegos, se van a acordar desiertas", afirma. El moretón, afirma, puede ser de "miles de millones de euros".
El mecanismo extraño de revisión de precios se puso en marcha en marzo del año pasado y tiene un año de duración. Todas las licitaciones adjudicadas y firmadas durante este tiempo disfrutarán de estas revisiones a lo prolongado de la construcción cuando el precio de los materiales supere el 20%. El problema está en los contratos publicados a finales del año pasado que todavía no están cerrados, que son los que probablemente queden desiertos al no renovarse el mecanismo.
"Intuyo que una parte del Gobierno piensa que el problema de la inflación no está todavía resuelto, pero 2023 va a ser un año de enorme inflación para el sector de la construcción, que no regresará a tasas del 3% al menos hasta 2024", afirmó Núñez.
Para las obras en marcha, los constructores ya disfrutan de estas revisiones al encarecimiento cuando los materiales se encarecen más del 20%, circunstancia que se da en el 85% de los contratos. El puñal, indica Seopan, acumula una subida del 51% en dos abriles, frente al 38% del cobre y el 33% del aluminio.
Casi 30.000 millones en puja de obra en 2022
En 2022, la puja de obra pública aumentó con fuerza, un 34%, hasta situarse en 29.615 millones de euros, aunque nunca es suficiente para las empresas de construcción, que calculan que el país tiene un pasivo de infraestructuras de 253.000 millones de euros.
Para 2023, Seopan prórroga que, si se resuelven los problemas que denuncia, "el ciclo electoral será positivo para el tamaño de contratación nave y autonómico". "Esperamos encima que el Estado recupere su protagonismo en la puja de obra".
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