La Judicatura turca ha decretado el ingreso en prisión preventiva de 54 personas en el entorno de una investigación que exploración depurar responsabilidades por el derrumbe de edificios de los terremotos que asolaron el sureste de Turquía el pasado 6 de febrero, informa este viernes la prensa turca.
El ministro de Imparcialidad turco, Bekir Bozdag, señaló que se está investigando a un total de 245 sospechosos, de los que 54 han ingresado en prisión preventiva, 47 están en independencia bajo control sumarial y 27 están provisionalmente detenidos.
El ministro de Imparcialidad prometió depurar responsabilidades
Bozdag prometió que la Imparcialidad actuaría de forma exhaustiva contra quienes pudieran tener responsabilidades en los derrumbes.
El ministro de Urbanística, Murat Kurum, ha anunciado hoy que tras investigarse 684.000 edificios en las zonas afectadas, 84.000 resultaron o acertadamente derrumbados o gravemente dañados y que deben ser urgentemente demolidos.
Más de 84.000 edificios quedaron dañados y deberán ser destruídos
De una índice publicada por el diario digital Diken se desprende que la mayoría de los detenidos son empresarios de la construcción y contratistas, pero igualmente hay arquitectos, ingenieros, delegados ténicos y capataces de las obras afectadas.
Entre los detenidos igualmente hay dueños y gestores de los edificios derrumbados, a los que se investiga por poseer supuestamente permitido modificaciones posteriores de la estructura.
Entre los detenidos igualmente hay dueños y gestores de los edificios derrumbados
Ya en el terremoto de Van de 2011 y el de Esmirna de 2020 se atribuyeron varios derrumbes a que los dueños de tiendas o supermercados situados en los bajos de un edificio residencial habían eliminado muros de carga para ampliar el espacio acondicionado.
Además ahora, numerosos usuarios de redes sociales denuncian que muchos de los edificios que se vinieron debajo en el terremoto albergaban supermercados o bancos en la planta víctima donde, supuestamente, se habían demolido muros de carga.
Pero la examen señala que el propio Gobierno ha contribuido a este engendro al divulgar en 2018 una gran campaña para certificar edificios construidos de forma ilegal o que carecían de determinados permisos, bajo el contraseña de "paz de construcción".
Un folleto oficial del Profesión de Urbanística explica que con esta medida se pretendía poner fin a los problemas de los residentes en edificios que a menudo llevaban abriles habitados pero, al no ser legales, no podían acoger camino a agua o luz ni hipotecarse.
La ley, aprobada semanas antaño de las elecciones generales de junio de 2018, afectó unas 7 millones de construcciones, 5 millones de ellas residenciales, en toda Turquía.
Cuando faltan solo meses para la próxima cita con las urnas, prevista para mayo o junio, una nueva ley de contenido similar se está debatiendo en el Parlamento, señala la prensa turca.
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