Hace calibrado un mes, Pedro Sánchez, volvió de Bruselas con un triunfo en el saquillo. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió en manifiesto el argumento gachupin para poder obtener autorización y aplicar “medidas excepcionales y temporales” con las que bajar los costes de la energía: “la singularidad ibérica”.
Ese apoyo manifiesto a que España y Portugal son un isla energética, con tan pronto como un 2,9% de conexión con Francia, es el principal aval para que el Gobierno Sánchez consiga el permiso de Bruselas a su propuesta de tope a los precios del gas. Aunque tanto en Madrid como en Lisboa o Bruselas saben, desde el primero momento, que el tope no será el de 30 euros MWh que refleja la propuesta oficial, sino uno más cercano a los 50 o 70 euros, según aseguran fuentes próximas a las negociaciones.
Desde entonces las eléctricas batallan sin refrigerio para frenar esa propuesta. Entre los argumentos más pesados que han esgrimido está el de desmentir la veterano. “¿Qué isla energética?”, cuestionan en una misiva enviada desde las patronales de las grandes eléctricas españolas (Aelec) y portuguesas (Elecpor) y firmada todavía por directivos de Iberdrola, Endesa y EDS el pasado 8 de abril. En ella se ofrecen datos contra la “singularidad ibérica” como que, pese a la escasa interconexión entre España y Francia, desde el estallido de la refriega en Ucrania los precios han sido similares en los dos países en más del 50% de las horas. Este argumento se ha débil en las últimas semanas, en las que la gran contribución de la energía renovable ha llevado los precios españoles casi a cero en algunas horas y la media diaria muy por debajo de la francesa.
Los entes reguladores piden al Gobierno seguridad jurídica para no distorsionar los mercados
Otro de los motivos por los que las compañías eléctricas cuestionan la existencia de un monolito ibero diferenciado es el impacto que topar el precio del gas tendría en uno y otro mercados. En España la cuesta de precios la notarán solo los pequeños clientes cuyos contratos están en el mercado regulado (PVPC) y las grandes industrias que acuden cada día al mercado. En total, aproximadamente del 30% de los clientes. El otro 60% (particulares, pymes e industrias) tienen firmados contratos a precio fijo y se verán afectados por esas saber pequeñas que permiten modificaciones cuando hay cambios legislativos. Es opinar, tendrán que satisfacer la diferencia entre el precio al que se tope el gas y al que cotice en el mercado.
Desde el Servicio de Transición Ecológica aseguran que el coste de la diferencia entre el precio topado del gas y el actual lo asumirá “el sistema eléctrico”. En concreto, “los demandantes”. Una de las interpretaciones de ese texto es que “los demandantes son todos”. Lo que implicaría que todos los clientes con contratos de precio fijo tendrían que afrontar subidas para financiar las compensaciones.
Lo que destacan las eléctricas en la misiva a Bruselas es que en Portugal el impacto de la cuesta de precios topando el gas sería reducido, porque allí el 96% de los clientes tienen contratos fijos, de guisa que la esgrimida dispositivo ibérica no sería tal.
El sector considera que topar el precio del gas beneficia mucho más a España que a Portugal
En esta semana, que se presenta crucial para la osadía en Bruselas, hay otro freno a la propuesta ibérica, mucho más tortuoso y “técnico”, según reconoció la semana pasada la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Quienes han puesto de manifiesto esos problemas técnicos han sido los propios reguladores del sistema eléctrico de España y Portugal y los reguladores del Mercado de Derivados (MEFF) y de la Cámara de Compensación (BME Clearing) en un carta a la que ha tenido comunicación este diario, remitida el pasado viernes a los secretarios de Energía y los reguladores de los mercados financieros de España (CNMV) y Portugal (CMVM), así como al comité técnico del mercado de gas ibero (Mibel) . En la carta alertan de “importantes y relevantes impactos en los mercados a plazo de derivados ya contratados y no aún liquidados”.
Las grandes compañías suelen cubrirse de la volatilidad de los precios de la energía suscribiendo contratos de cobertura en los mercados de futuros, cuyo precio se fija en pulvínulo a los precios en las subastas diarias de la luz y en los mercados al contado. Si se distorsionan esos precios con un tope, advierten los reguladores, se van a distorsionar todavía las ganancias y pérdidas de los contratos derivados. Por ello, piden que solo se tope el precio del gas si se hace de guisa conjunta en todos los países de la Unión Europea o, en caso contrario, que la norma que se apruebe “determine, por seguridad jurídica y económico-financiera, el precio único de narración OMIE, que servirá de subyacente para todos los contratos de derivados de electricidad en el mercado ibero”.
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