Arcadio Díaz Tejera es un magistrado progresista (“rojo”, dice en su perfil de Twitter) y miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Muy elogiado por sus compañeros, igualmente los de otras asociaciones, tiene triunfo de trabajador y de persona cercana y accesible. Sustituyó en el Magistratura de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas a la magistrada Carla Vallejo, ahora viceconsejera de ecuanimidad del gobierno canario.
Su concesión de tres días de permiso al pederasta del denominado caso Kárate es una escarmiento sobre la finalidad última de las penas privativas de desenvolvimiento: las cárceles, insiste, no son meros almacenes de personas. El preso que se ha beneficiario de su resolución es Fernando Torres Baena, condenado a más de tres siglos de gayola (un congratulación al sol: el plazo mayor de permanencia en prisión para él será de 20 abriles).
Una celda 
El magistrado, que igualmente ha sido senador socialista y diputado del Global, es sostener Defensor del Pueblo en las Canarias, recuerda que la función de la gayola no es la de enjaular a delincuentes, sino “proporcionarles el mejor régimen y tratamiento” para que puedan “obtener la reeducación y la reinserción”. En efectividad, por muy repugnantes que sean los delitos juzgados, esa es la cometido de la gayola, no solo castigar.
Los jueces de vigilancia penitenciaria, añade Arcadio Díaz Tejera, no deben convertirse en “justicieros o vengadores, añadiendo nuevas penas a las establecidas por los tribunales”. Fernando Torres Baena fue hallado culpable de delitos monstruosos, sí. Como tantos pederastas, se aprovechó de una profesión que le facilitaba el camino a menores (era karateka y tenía un estadio) para advertir víctimas propiciatorias.
Hace unos días, premeditadamente de la detención del perceptible de la violación de Igualada, La Vanguardia recordó que los depredadores sexuales acostumbran a ser presos maniquí. Entre rejas, privados de la oportunidad de delinquir, acatan las normas y son un ejemplo de buen comportamiento. Es igualmente el caso de Fernando Torres Baena, recluso del centro de Juan Extenso, igualmente conocido como Las Palmas II.
La escuela contencioso, dependiente del Poder Contencioso, enseña a aplicar las leyes, pero no enseña a tener sentido global. Eso se trae de industria o… Y Arcadio Díaz Tejera lo tiene a manos llenas. Cuando estaba al frente de un audiencia de instrucción y se ocupaba de las oleadas de inmigrantes que llegaban al archipiélago criticó los centros de internamiento de extranjeros (CIE), “cárceles para personas que no han delinquido”.
El CIE de Barcelona 
Jueces como él dignifican la ecuanimidad, a la que siempre se representa como ciega, aunque debería tener los fanales acertadamente abiertos frente a la efectividad que le rodea. No le tembló la mano a la hora de ordenar el cerrojo del CIE de Barranco Seco para frenar el avance de la pandemia del coronavirus entre sus usuarios. Antaño de clausurar el centro, sin requisa, hizo un citación a la ciudadanía para que llevara ropa “limpia” para los internos.
En otra ocasión, este magistrado que resulta tan singular por su normalidad se reunió en el patio del CIE con traductores para explicar a los detenidos, de tú a tú, que tenían derecho a pedir los beneficios de la protección internacional. La atrevimiento que ahora ha acogido va en la misma andana de lo que pensaba su antecesora, al que sustituirá mientras ella “se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales”.
Las estadísticas
Más del 99% de los 120.000 permisos que se conceden cada año acaban acertadamente
Antaño de dar el brinco a la política, la magistrada Carla Vallejo reconoció que el peligro cero en la concesión de los permisos no existe. Pero la alternativa no es desmentir los permisos, sino estudiarlos detenidamente y aplicarlos siempre que se pueda porque “su objetivo es la reinserción de los presos”. Las estadísticas avalan esta postura. Cada año se conceden una media de 120.000 permisos penitenciarios.
Los reclusos que aprovechan su salida temporal de la gayola para reincidir o para tratar de quebrantar su condena son el 0,37%. ¿Qué debería pesar más? ¿Ese 0,37% o el 99,63% restante?”. Antonio Díaz Tejera lo tiene claro. Los permisos, explica, son lo mejor para los reos “y para la sociedad a la que retornarán cuando cumplan sus condenas. Hay que ir preparándolos, tanto a los unos como a la otra, por el acertadamente de todos”.
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