En abril el Tribunal Superior de Ecuanimidad de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló, por segunda vez, el plan singular de la Zona de Actividad Abastecimiento (ZAL) del Puerto de València, por un expediente presentado por la Asociación de Vecinas La Unificadora de La Punta. Tras conocerse la sentencia, el corregidor Joan Ribó encargó un referencia a los servicios jurídicos municipales para determinar el valor y las consecuencias que podían derivarse de ella.
El referencia, al que ha tenido llegada parcialmente La Vanguardia, señala: “No se puede derivar ninguna responsabilidad en este Cabildo respecto a la anulación de un Plan Singular de aprobación autonómica, de competencia supramunicipal e interés igualmente autonómico en un ámbito territorial que es patrimonio manifiesto de suelo de la Generalitat y en el que aparece como promotor la empresa del Estado”.
"Cualquier reversión por parte de los afectados la tiene que resolver la Generalitat, y si proceden indemnizaciones solo a ella le corresponden"
Luego, dirigen la responsabilidad a la empresa autonómica: “Cualquier reversión por parte de los afectados la tiene que resolver la Generalitat, y si proceden indemnizaciones solo a ella le corresponden”.
El referencia judicial municipal alega que la reversión “se podría desmentir” por la circunstancia de “constituir el dominio de la ZAL patrimonio manifiesto de suelo de la Generalitat para actuaciones de interés manifiesto”.
El texto recuerda que la “sentencia no es firme” y contra ella se puede interponer un expediente de casación. En todo caso, considera que la admisión de las obras por parte del Cabildo, prevista para este 12 de mayo, “sí que tiene que producirse”. En caso contrario, se le podrían protestar penalizaciones.
Y es que, como sostiene el referencia judicial, aunque “se ha dictado una sentencia que anula el Plan Singular”, en estos momentos el plan “se encuentra en vigor” porque el falta legislativo “carece de mercancía porque no es firme”.
En todo caso, aunque se declare la inepto del Pla Singular de la ZAL, los servicios jurídicos del consistorio subrayan que eso “no supone” que el acuerdo de la Agrupación de Gobierno Nave del 11 de septiembre de 2020, con el que se aprobaron las “medidas correctoras” en el circuito, “acontezca igualmente inepto”.
Ribó señala que es un plan "alieno" al consistorio y Gómez pide "esperar"
La semana pasada el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, anunció que recurrirán la sentencia del TSJCV y que comenzarían a trabajar “ya” con la Conselleria de Circunscripción en la redacción de un tercer Plan Singular para "percibir tiempo".
Sobre estas declaraciones, el corregidor Joan Ribó subrayó ayer que “es un plan de la Generalitat”, por lo que “es asaz alieno a lo que pueda aseverar el Cabildo”.
Por su parte, la vicealcaldesa Sandra Gómez dijo que “lo más prudente es esperar” por el expediente que ha presentado por la promotora del tesina, VPI Abastecimiento -en la que el puerto es el principal integrante- y que está “irresoluto de resolver”.
La Autoridad Portuaria de València (APV) ha publicado el inicio del procedimiento para la adjudicación de las obras del tesina “Nuevo paseo marino en la zona finalidad del Puerto de Sagunto” con un presupuesto saco de concurso de 5.735.310 euros (IVA incluido). Esta iniciativa forma parte del convenio suscrito por la APV con el Cabildo de Sagunto para la integración puerto-ciudad, que contempla la construcción de un paseo marino en la zona finalidad del puerto dando continuidad al paseo marino del municipio, para uso ciudadano de la zona y en el futuro, el llegada manifiesto al pantalán Sierra Menera. Para el presidente de la APV, Aurelio Martínez, a partir de ahora se entra en la recta final del procedimiento oficial y en la supervisión técnica del tesina.
El trayecto legislativo de la ZAL
Las expropiaciones en el pueblo de La Punta para construir la ZAL supuso la expropiaron de 683.000 metros cuadrados donde había huerta, casas típicas como alquerías o barracas y empresas familiares. Las excavadoras entraron en verano de 2002 y se toparon con la resistor municipal lideradas por la Asociación de Vecinas de La Unificadora.
En 2013 el TSJ tumbó la ZAL por primera vez, una inepto que confirmó dos abriles a posteriori el Tribunal Supremo. Aunque la rectitud dio la razón a los propietarios, el Botànic I aprobó en 2018 el segundo Plan Singular para reactivarla.
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