El cese de la directora del Centro Franquista de Inteligencia, Paz Esteban, puede que vaya a servir para suavizar las relaciones entre el gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero ha generado una enorme indignación en la entidad. Dos fuentes consultadas por La Vanguardia tras anunciarse la medida coinciden en considerarlo un sacrificio político que deja “desnudo” al centro “sólo” para complacer a los partidos independentistas catalanes.
La destitución es perspectiva en la sede de la inteligencia española como “un error a corto, medio y derrochador plazo”, un “insulto” y un “atropello”. El malestar es enorme. Esteban tenía a su espalda una larga trayectoria en el CNI y gozaba de una incorporación consideración entre sus subordinados.
Indignación
El cese es trillado en el CNI como un peaje político a los partidos independentistas
Las funciones del CNI están pautadas por ley, recuerdan estas fuentes, y “nunca se actúa en sus márgenes”. Es el gobierno quien fija anualmente las prioridades del CNI, recuerdan esas fuentes, remitiendo simplemente a sus estatutos, accesibles para cualquiera en su página web.
El malestar en la avenida del Padre Huidobro, donde el CNI tiene su sede central, es altísimo, pero ello no va a implicar ninguna clase de desaire o contestación pública. Eso está, dicen estas fuentes, protegido. Buena parte de su personal es marcial o parte de la Policía Civil y con un “stop sentido de compromiso y responsabilidad” con la institución, remarca una de estas fuentes. Cerca de de 3.000 personas trabajan en el CNI.
Fidelidad
El personal del organismo, en buena parte marcial o de la Policía Civil, impide pensar en ninguna clase de desaire divulgado
Según trascendió la semana pasada tras la comparecencia de Esteban delante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, el CNI admite que pidió autorización delante el sentenciador correspondiente del Tribunal Supremo para el espionaje de 18 políticos o activistas catalanes. No trascendió la plazo, pero todo apunta que se produjeron en 2019, en torno a de la sentencia del procés y las movilizaciones promovidas por Tsunami Democràtic. Ésta es una entidad de liderazgo oculto. La Audiencia Franquista investiga quién está detrás.
Lo que todavía nadie ha explicado es quién infectó o intentó infectar con el software de Pegasus otros 47 dispositivos (teléfonos móviles u ordenadores) pertenecientes a políticos, activistas, o a sus parejas, a líderes de asociaciones o abogados que defedían a algunos de ellos en causas judiciales. Asimismo ha trascendido que los móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de algunos ministros (Margarita Robles, Fernando Ínclito-Marlaska y Luis Planas) fueron igualmente infectados con Pegasus, y parte de su contenido fue probablemente copiado por determinado desconocedor.
Toda esta tormenta es la que ha convertido a Paz Esteban en fusible político.
La todavía directora recibió el viernes 6 de mayo, en el acto de conmemoración de los 20 abriles del centro, un generalizado examen de sus subordinados, según explicaron algunos asistentes a varios medios de comunicación. En el acto, Esteban recibió además “muy calurosas” muestras de afecto de algunos de sus homónimos en otros servicios de inteligencia.
La indignación levantada con el cese de hoy se debe en buena parte a que el CNI defiende sobrevenir actuado con rotundo arreglo a la ley vivo. Su código de conducta dice textualmente que “cada año, el Gobierno fija los objetivos a los que debe ocuparse sus esfuerzos el CNI. Para ello, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (CDGAI) propone al presidente del Gobierno los objetivos anuales del CNI y los recoge en la Directiva de Inteligencia. Esta comisión además se encarga del seguimiento y la evaluación periódica del ampliación de los objetivos fijados en la Directiva”, explica la propia web.
El Centro debe cumplir además con ciertos condicionantes legales: “Cuando, para cumplir la Directiva de Inteligencia, el CNI deba padecer a parte actividades en las que puedan hallarse afectados derechos recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 18 de la Constitución (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), el secretario de Estado director deberá solicitar la autorización previa de un magistrado de control del Tribunal Supremo”, añade.
La norma
"Cada año, el Gobierno fija los objetivos a los que debe ocuparse sus esfuerzos el CNI", dice la directiva de funcionamiento
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