Tras el escándalo desatado por la flamante contratación de su hijo como ujier de la Cámara sin ocurrir informado de esta relación de parentesco a la Mesa, su situación se había vuelto insostenible y finalmente la secretaria normal del Parlament, Esther Andreu, se ha manido obligada a dimitir. Ahora, la presidenta, Laura Borràs, está sopesando si aceptar o no la dimisión de Andreu. Pero esperará a tener toda la información en la mano antiguamente de dar el sucesivo paso, a posteriori de que se pronuncie la Oficina Antifrau.
Fuentes parlamentarias han asegurado que la Mesa ha decidido encargar un crónica a la Oficina Antifrau de Catalunya, el víscera estatutario encargado de dictaminar sobre posibles conflictos de intereses en el sector manifiesto, sobre la papeleo de Andreu en el procedimiento que llevó a su hijo a conseguir una plaza como ujier en una convocatoria interina. En presencia de este nuevo modismo de los acontecimientos, Andreu se ha manido obligada a presentar su dimisión a la presidenta.
La secretaria normal del Parlament, Esther Andreu, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, durante un pleno
La semana pasada, Borràs trató de prohibir el encargo del crónica sumarial extranjero sobre la plaza interina de ujier que ganó el hijo de la secretaria normal, que es lo que le reclamaban insistentemente los representantes de la Mesa de PSC, ERC y CUP, es proponer, todos menos Junts, que sienta en el víscera rector a Aurora Madaula por otra parte de a la presidenta. Fuentes parlamentarias han insistido en que de lo que se prostitución es de respaldar que todos los procedimientos se ajustan en tiempo y forma a derecho y que "la confianza en la casa" no queda cuestionada.
Todos los miembros de la Mesa, excepto los dos representantes de Junts, habían mostrado su disconformidad con el procedimiento y exigían un crónica extranjero
Desde el principio de la polémica, la secretaria normal ha defendido que no participó en el proceso de selección de la bolsa de trabajo y que se inhibió "verbalmente" tras la publicación de la convocatoria para evitar el conflicto de intereses. Pero estas explicaciones no convencieron a todos los miembros de la Mesa. Primero los socialistas y más tarde la CUP y ERC plantearon a Borràs su disconformidad. La relación de fuerzas (5 a 2 a protección de una auditoría externa) ha inclinado al final la báscula.
Esther Andreu, en un acto en el Parlament el día de Sant Jordi 
Estos cinco miembros de la Mesa insistían en que la mejor forma de despejar cualquier sombra de duda acerca de la pulcritud del proceso llevado a lado era la solicitud de una auditoría externa. Por esta razón, antiguamente de la reunión de la Mesa de hoy todos los miembros, los siete, se han reunido sin la presencia de la secretaria normal y de los letrados para instar a la presidenta a pedir el crónica extranjero, que finalmente se ha decidido solicitar a la Oficina Antifrau de Catalunya.
De nadie ha servido, luego, que la secretaria normal entregara la semana pasada un crónica, encargado por ella misma a uno de los letrados del Parlament, que concluía que el proceso de selección se ha desarrollado "sin vicios o defectos invalidantes", pese a que "se han dictado actos, de trámite, no previstos en las bases, pero justificados y razonables".
Entonces, el secretario cuarto de la Mesa, el republicano Rubén Wagensberg, ya cuestionó la idoneidad de que un subordinado auditara la autos de un superior suyo por encargo a propósito de éste, opinión que secundaron los dos miembros socialistas y el único representante de la CUP en la Mesa, Carles Riera, que presentó un escrito para desvincularse totalmente de este procedimiento, poco que el PSC, representado por la vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp, y el secretario primero, Ferran Pedret, ya había hecho la semana aludido. "Es una situación vergonzosa", señalaban fuentes parlamentarias.
La presidenta mantuvo en todo momento que la solicitud de un crónica sumarial extranjero supondría una desautorización de los letrados del Parlament, pero, una vez instruido el texto interno esmerado por los letrados de la Cámara y presentado el martes pasado, esta semana la Mesa ha decidido dar un paso más allá y Borràs se ha manido obligada a ceder y pedir juicio a Antifrau, lo que ha dejado en una situación insostenible a Andreu.
El conflicto de intereses aparece descrito, tal como apuntó en una intervención en la Mesa la semana pasada el culto viejo del Parlament, en la ley de Régimen Legal del Sector Conocido, en su artículo 23. Ahora, según fuentes parlamentarias, la intención es que todo el proceso de contratación pública, que ya ha sido objeto de diferentes informes internos, "se vallado aceptablemente", con la última palabra de la Oficina Antifrau.
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