El Govern ha consentido hoy el decreto ley con el que pretende dar cobertura a los directores y docentes de los centros escolares. Lo hace fuera del plan previsto, puesto que el Ejecutor catalán quería sacarlo delante poco a posteriori de la ley parlamentaria que han cuidado el PSC, Esquerra, Junts y los comunes, pero una petición de informe al Consell de Garanties Estatutàries ha retrasado su aprobación en el pleno. En todo caso, las dos medidas son complementarias y tiene como fin establecer un nuevo entorno normativo que permita aventajar la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que conmina a la Generalitat a aplicar el 25% de clases en castellano en las aulas ayer del 31 de mayo. Así, con la premisa de que el catalán es la lenguaje vehicular, el texto consentido hoy por el Govern destaca por dos hechos: primero, rechaza molesto sobre blanco la aplicación de porcentajes en el uso de las lenguas, y, segundo, declara como responsable al Departament d’Educació de todos los proyectos lingüísticos que presenten cada uno de los centros educativos catalanes.
“La estructura de la enseñanza y el uso de las lenguas de los centros educativos (…) se fundamenta en (…) la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas”, dice el texto, ya renovador por La Vanguardia hace una semana. El Govern pretende así chapar el catalán en las escuelas. Pero en este punto se va más allá de lo registrado en la ley del Parlament irresoluto de aprobación, que si perfectamente señala el catalán como lenguaje vehicular y el castellano como curricular, no explicita ese rechazo a cuotas. Por esta razón, los socialistas no apoyarán este decreto ley, pero sí la norma del Parlament.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que con el decreto de hoy se protege el catalán, “se da respuesta a la sentencia” y se consigue “aventajar una judicialización que no era deseada ni por este Govern, ni por el conjunto de los centros educativos y de los padres y madres en Catalunya”. No obstante, no se ha atrevido a aseverar que deje en papel mojado la orden de ejecución y la sentencia del 25%. Aun así, ha afirmado que con esta iniciativa la Generalitat garantizará que "las interferencias judiciales motivadas por persecuciones ideológicas”, como es el caso, según ha dicho de esa sentencia, "no afecten al buen funcionamiento de la enseñanza".
El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, en el Consell Executiu extraordinario de hoy. 
El decreto ley, firmado por Pere Aragonès y el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, es actual desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) este mismo mediodía. Su necesaria convalidación en el Parlament ayer de 30 días contará presumiblemente con el aval, adicionalmente del de Esquerra y Junts como socios en el Govern, de los comunes. La portavoz del Govern, sin retención, se ha restringido a exagerar que se está trabajando para que la norma tenga suficientes avales en la Cámara catalana.
La otra piedra de toque del decreto está en los proyectos lingüísticos. El texto afirma que “los centros públicos y los centros privados sostenidos con fondos públicos tienen que elaborar un esquema lingüístico que enmarque el tratamiento de las lenguas en el centro, con el contenido previsto legalmente, mediante las estrategias educativas y los posibles didácticos adecuados para alcanzar conjuntamente las competencias lingüísticas previstas en la reglamento aplicable siguiendo los criterios fijados para el unidad en materia de educación”. Adicionalmente, asegura que esto proyectos lingüísticos han de “tener en cuenta las evacuación educativas y la disparidad cultural y filología del alumnado con el fin de conseguir los objetivos de normalización filología”.
Los centros educativos tendrán un plazo de seis meses desde el inició del curso para corregir sus esquema lingüístico si no es validado por Educació
El Departament d’Educació será el responsable de todos ellos. Los proyectos lingüísticos deben ser validados por esta conselleria “en un periodo no superior a los 30 días”, que debe velar por que se adecue a la reglamento actual e “instar a la modificación en caso contrario”. Las escuelas tendrán que adaptar su esquema “en el plazo más breve posible (…) con carácter militar internamente de los seis primeros meses” del curso 2022-2023. Se ha De hecho, el Govern remarca que estos proyectos lingüísticos serán de aplicación a partir del inicio del nuevo curso, y no a partir del 31 de mayo, como exige el TSJC.
JxCat
Los posconvergentes presumen de "confrontación contra decisiones judiciales injustas"
El decreto se pone en marcha a posteriori de los dimes y diretes entre Esquerra y JxCat. En este sentido, el portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius, ha señalado en una rueda de prensa que sin la presencia de su formación en el Ejecutor catalán el decreto no se habría consentido. "Confrontación contra decisiones judiciales injustas. Si Junts no estuviera en el Govern hoy no se aprobaría este decreto para hacer frente a la sentencia", ha resumido el dirigente de JxCat. Ha destacado que esa medida "protege a los docentes y prevé el rechazo manifiesto a las cuotas en la enseñanza", que ha calificado de "aberrantes pedagógicamente".
Para convalidar el decreto en el Parlament, la formación de Jéssica Albiach será imprescindible puesto que los socialistas, el otro partido que completa el consenso en torno a la ley de usos lingüísticos en las aulas, no está dispuesto a dar sus votos. Los comunes ya han regalado a entender que el Govern puede contar con ellos y, tal y como ha explicado el portavoz parlamentario David Cid, ya han estado intercambiando impresiones con el Ejecutor catalán durante todo el fin de semana. Aun así, Cid se ha mostrado prudente en rueda de prensa al no querer destacarse si su partido apoyará el decreto hasta ver su contenido exacto, y ha querido hacer hincapié en la norma que los cuatro partidos aprobarán en el Parlament, una ley "muy sólida y robusta", ha valorado.
Los comunes se prestan para aprobar el decreto pero no el PSC, que lo ve una "improvisación"
En cambio, los socialistas se han desmarcado completamente de la iniciativa público, advirtiendo de que no la apoyarán si con ella se pretende "esquivar o incumplir" las sentencias del TSJC. Los socialistas no conocían el contenido del decreto hasta que el Govern lo ha consentido y solo tenían un paño previo de hace una semana porque esta vía nunca fue de su interés. El PSC se centró en sacar delante un acuerdo en torno a la nueva ley porque no están dispuestos a apoyar una medida que a su sumario supone un desafío al TSJC cuando señala específicamente que no deben implantarse porcentajes lingüísticos en las aulas.
Aun sin conocer el contenido del decreto, para los de Salvador Illa, esta medida no es más que una "improvisación" fruto del nerviosismo porque el plazo para cumplir con la sentencia termina este martes e insisten en que "las sentencias se deben cumplir, gusten o no gusten". En todo caso, fuentes socialistas ven posible que acabe habiendo una votación por partes del decreto en la Cámara catalana que les permitiría desmarcarse de la parte en que se rechazan los porcentajes y convalidar el resto del texto.
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