La SEPI encara el mes central para resolver algunos de los grandes rescates empresariales que tiene pendientes. El próximo 30 de junio es el techo para que el Gobierno dé luz verde a las ayudas que deben servir para respaldar la viabilidad y el empleo de empresas como Celsa o Abengoa, que han pedido préstamos millonarios al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ese día acaba el periodo de excepción que dio la Unión Europea para permitir determinadas ayudas públicas en los estados miembros, incluido lo relativo al fondo de hasta 10.000 millones que gestiona la SEPI.
En el caso de Celsa, la empresa ya ha aceptado las condiciones fijadas por los gestores del fondo conocido para el desembolso de esas ayudas, que han sido fijadas en 550 millones de euros. Pero, pese a esto, aún no hay cero cerrado. La venida del mosca a la empresa de la tribu Rubiralta está supeditada a un pacto con los acreedores de Celsa, un extenso camarilla de fondos que compraron la deuda bancaria y a los que la empresa reconoce unos derechos de cobro muy inferiores al valía nominativo de los créditos adquiridos.
El 30 de junio acaba el plazo de vigencia del ámbito europeo para la concesión de ayudas de Estado
La compañía pretende que, antaño de adoptar la entrada del mosca de la SEPI, los fondos acepten acortar su posición acreedora desde los 2.200 millones de euros hasta unos 1.200 millones, según fuentes consultadas. No reconocen sus derechos sobre el resto porque compraron la deuda con un gran descuento hace abriles.
Por su parte, los acreedores están analizando la documentación y está previsto que den un respuesta a finales de la semana que viene, aunque es enormemente improbable que acepten, sin más, lo que ellos describen como “una quita de más de 1.000 millones”. Los fondos creen que la cesión de crédito por la que ocuparon el lado de los bancos les da derecho a exigir el 100% de la deuda y consideran que si Celsa quiere un acuerdo para abatir esta cantidad tiene formas de compensarles, como cediendo parte del hacienda o a través de activos.
La empresa se niega, al menos por ahora, a dar entrada a los fondos en el hacienda. Celsa se ha comprometido a no repartir dividendos y reinvertir las ganancias en la compañía durante los siete abriles de duración de los créditos públicos. De hecho, Celsa mantiene esa política desde hace 15 abriles y asegura que mantendrá la estructura accionarial durante ese tiempo. Adicionalmente, se ha comprometido a suscribir una ampliación de hacienda de 50 millones.
La ayuda de la SEPI se estructura en dos partes. En primer lado un crédito participativo de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones. Dada la cuantía del préstamo participativo al aventajar los 250 millones, la ayuda requiere brío de la Comisión Europea, previa a la autorización por parte del Consejo de Ministros. Fuentes de la SEPI insisten en que están pendientes de que Celsa cerradura el acuerdo con los acreedores. Será en ese momento cuando se eleve al consejo apoderado del Fondo para su aprobación definitiva.
Por lo que se refiere a Abengoa, que ha pedido 250 millones, el ambiente es el contrario. En este caso, la empresa cuenta con el acuerdo con los acreedores y un fondo dispuesto a inyectar hacienda y lo que desliz ahora es que la SEPI mueva ficha. El tiempo se agota y la empresa sevillana apura sus opciones.
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