Una sentencia del chancillería contencioso-administrativo número 17 de Barcelona reprueba y anula la norma impuesta por el gobierno municipal en el padrón municipal de Premià de Mar (Maresme) por vulnerar derechos fundamentales.
La sentencia rebate al memorial presentado por los partidos de la examen en el Cabildo contra la negativa a simplificar el censo a personas que no pudieran certificar la titularidad del inmueble de residencia, con el pretexto de evitar así la ocupación ilegal de viviendas.
Quebrantamiento de derechos fundamentales
El texto sumarial, que anula el reglamento del padrón, no solo acusa al gobierno específico (JxCat-PDECat-PSC) de imponer una “aseo residencial” en el municipio, sino que vulnera los derechos fundamentales de personas extranjeras no legalizadas, en peligro de pega social, con problemas residenciales o “pobres y refugiados”.
Los grupos municipales de JxPremià y PSC, con el voto propicio de Cs, a finales del 2020 aprobaron una moción que anulaba las garantías de los empadronados y exigía el título de propiedad o el entendimiento de locación.
Los grupos municipales en la examen, Crida Premianenca y En Comú Podem, con el apoyo de entidades sociales del municipio iniciaron las acciones judiciales en enero del 2021. Ahora el árbitro ordena al Cabildo recuperar los criterios iniciales, o sea inscribir en el padrón a toda persona que efectivamente resida en el municipio, sin tener en cuenta las condiciones en las que lo hace.
El árbitro recuerda en su sentencia que el Cabildo no tiene competencias para modificar el texto constitucional del padrón municipal “ni a introducir modificaciones o restricciones a un derecho fundamental” para solucionar un problema que tiene con personas “indeseables, ocupas y mafias” a través de la modificación de una polémica norma basada en una política de “aseo residencial”. El gobierno ha anunciado que acatará la sentencia y que no se ha dejado de empadronar a nadie aunque incumplieran los requisitos.
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