A pocos días de que las urnas pongan a prueba las relaciones de PP y Vox en Andalucía entre peticiones de que gobierne la registro más votada sin pobreza de pactos, la alianza de las dos derechas en Madrid sigue inalterable. Los populares han sacado delante con la ayuda de los ultranacionalistas la Ley de Mercado Franco, con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende la rescatado circulación de empresas y servicios de otras comunidades por la región. Una iniciativa que tensiona la convivencia autonómica y que los grupos de la izquierda han calificado como "dumping asamblea" y con la que el Gobierno elude su responsabilidad de "control" de la actividad.
Se tráfico, en palabras del Ejecutante madrileño, de una legislatura pionera creada para "fomentar la inversión, la engendramiento de empleo y la reactivación económica" para que "cualquier entidad que ya esté legalmente establecida en otra comunidad autónoma podrá trabajar independientemente en Madrid de forma cibernética".
Ayuso coloca de esta guisa a Madrid como la primera región en la que empresas y operadores económicos de todo España puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales a los que ya tengan en sus lugares de origen. "Es una forma de hacer España", ha resumido en las últimas semanas el mentor de Patrimonio, Javier Fernández-Lasquetty.
Según las previsiones del Gobierno regional, la aplicación de la nueva Ley de Mercado Franco supondrá un aumento del PIB madrileño de un 1,6% a medio y dilatado plazo, lo cual se traducirá en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos.
El encargado de defender la medida por parte del clase popular ha sido el diputado Orlando Chacón, quien ha defendido que el PP está aprobando una serie de medidas como esta para suplir las que el Gobierno de Pedro Sánchez no aplica, y ha abogado por habilitar mecanismos legales para hacer sinceridad "un mercado único castellano".
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han rechazado en coalición esta iniciativa, en la que no fueron aceptadas por PP y Vox ninguna de las enmiendas de la izquierda en el debate en comisión. Y, entre otros, critican que la legislatura vaya a dar "por buenas" autorizaciones otorgadas a terceros "sin que existan mecanismos de intercambios de información efectivos para la necesaria aprobación", por lo que, ha aguzado, está haciendo "una dejación de su responsabilidad".
La diputada de Unidas Podemos Sol Sánchez, de hecho, ha aguzado que esta ley merecía "una rectificación a la totalidad", ya que supondrá "una placa" para pequeños y medianos comerciantes y empresarios, frente a la "oportunidad" que el Gobierno regional augura. "No les vale con el dumping fiscal que quieren el dumping asamblea", ha expresado Sánchez.
El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ha ironizado con que la principal "preocupación" de los madrileños, al parecer del Gobierno, sea esta ley de Mercado Franco, que es "lo mejor para solucionar el penuria, la vivienda carísima, la subida de precios".
"Es la heredad mágica", ha dicho Gutiérrez, que ha criticado al Ejecutante regional por "dimitir" de la responsabilidad de "tutelar" y poner los derechos de los empresarios madrileños "en manos de otros gobiernos".
En opinión del PSOE, la única finalidad de esta ley es "servir de utensilio propagandístico del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso"
En opinión del PSOE, la única finalidad de esta ley es "servir de utensilio propagandístico del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso", ya que es una legislatura "innecesaria" que hace que la Comunidad de Madrid "pierda el control de la actividad económica que se realiza en su país", ha señalado el diputado Agustín Vinagre.
En esta recorrido, ha afirmado que se dan "por buenas" autorizaciones otorgadas a terceros "sin que existan mecanismos de intercambios de información efectivos para la necesaria aprobación", por lo que, ha aguzado, está haciendo "una dejación de su responsabilidad".
Vox se ha atribuido el impulso de esta iniciativa, que ha surgido, según el diputado José Luis Ruiz Bartolomé, de una proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid, y que es "una ley ajustada a derecho" para aceptar la validez de los títulos y permisos obtenidos en todo el país.
Para Ruiz Bartolomé, es una ley que da "confianza" y "altruismo" en el resto de los españoles, a los que, a su inteligencia, "une" y "genera más pueblo".
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