El abogado del expresidente de la Generalitat Quim Torra, Gonzalo Boye, ha presentado tres incidentes de inepto contra las sentencias del Tribunal Supremo que confirmaron la inhabilitación de Torra para colgar una pancarta en el Palau de la Generalitat y le quitaron el memoria de diputado.
Boye alega que uno de los magistrados que dictó las sentencias es el mismo que autorizó el espionaje del CNI en el teléfono móvil del abogado con Pegasus, lo que habría vulnerado el secreto de las comunicaciones entre ilustrado y cliente y afectado el derecho de defensa de Torra. Por ello, pide la inepto de la sentencia que le inhabilitó y de las dos sentencias que confirmaron la valor de la Acoplamiento Electoral de retirarle el memoria de diputado.
En los tres escritos pidiendo la inepto de las sentencias, Boye explica que, según el noticia del Defensor del Pueblo, Cielo Gabilondo, del pasado 18 de mayo, el magistrado Pablo Lucas, que integró el tribunal que confirmó las sentencias contra Torra y que a la vez autorizó el espionaje del CNI con Pegasus a políticos independentistas y abogados, tenía "un elevado nivel de detalle en la información para poder adoptar una valor de autorización". Según el arbitrio de Torra, el conocimiento de sus comunicaciones con su abogado, Gonzalo Boye, por parte del magistrado, ha tenido un "finalidad devastador" en su derecho de defensa y provocó en Torra "una situación efectiva de indefensión" material". La defensa de Torra alega que ya intentaron rehusar al magistrado por desliz de imparcialidad, recusación que fue rechazada.
Por eso, Torra pide la inepto de la sentencia por quebrantamiento de derechos fundamentales, o, si no se anula, que el Supremo traslade al Tribunal de Honradez de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre la rectitud del hecho que un magistrado que debe resolver un arbitrio autorice a la vez el espionaje del móvil del abogado que interpone el arbitrio. Si no se plantea la cuestión prejudicial, la defensa de Torra pide que se practiquen determinadas pruebas para "acreditar la intensidad de las vulneraciones sufridas", como por ejemplo la contribución de todas las autorizaciones que realizó el magistrado para intervenir las comunicaciones de Boye y del entorno de Torra y los informes correspondientes que recibió.
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