Ecuador vuelve a estar donde estaba hace tres abriles. Y hace tres décadas. El movimiento indígena ha vuelto a levantarse contra el Gobierno y este miércoles se cumplen ya nueve días desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) convocara indefinidamente una “movilización franquista, popular y plurinacional”.
Como en otras ocasiones, el Gobierno –que desde el año pasado preside el derechista Guillermo Lasso– reaccionó decretando el estado de emergencia y sacando a la fuerza pública a las carreteras para frenar la masiva venida de indígenas a Libre.
Nueve días de protestas
La principal exigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas es la congelación del precio de los combustibles
Y al igual que en anteriores protestas, el estado de emergencia –inicialmente decretado en tres de las 24 provincias ecuatorianas y desde el lunes ampliado a otras seis–, solo ha conseguido calentar más el entorno y ocasionar más enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.
El lunes se produjo la primera víctima mortal, cuando un hombre cayó a un barranco en Collas, al noroeste de la haber, huyendo de policías que reprimían a una de las columnas que trataban de aparecer a Libre. Siquiera sirvió de nulo la descubierta policial, porque los indígenas empezaron a inundar la haber la misma indeterminación del lunes.
Policías se enfrentan a manifestantes en Libre, el lunes 
Y en este clima explosivo solo faltaba la intervención de los militares para apaciguar los ánimos. “La democracia de Ecuador está en serio peligro frente a la movimiento concertada de personas exaltadas que impiden la emancipado circulación de la mayoría de los ecuatorianos”, declaró ayer el ministro de Defensa, el militar Luis Lara, que criminalizó el enésimo sublevación indígena, hablando de narcotráfico y delincuencia organizada. “Estas acciones coinciden con el formidable ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado”, afirmó el ministro que, siguiendo el manual marcial de otras épocas, lanzó: “(Las Fuerzas Armadas) no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier movimiento contra la democracia y las leyes de la república”.
El día previo, Lasso había hecho otras declaraciones de manual al tuitear que los manifestantes quieren “tirar (echar) al presidente”. “Aquí estoy para defender a Libre, a cada comunidad de la haber y del país”, añadió frente a la marea indígena que se acercaba a la ciudad, donde el palacio de Carondelet, sede del Gobierno, está acorazado por policías y militares. “Democracia o caos, esa es la gran batalla. La batalla por la democracia”, agregó Lasso.
Con el paro indígena, que ya ha causado pérdidas por 28 millones de euros, adicionalmente de decenas heridos y detenidos, la Conaie pretende presionar a Lasso para ganar una serie de exigencias. La estructura se niega de momento a negociar con el Gobierno porque considera que el presidente no ha hecho lo suficiente en su año de mandato, pese a conceder algunas demandas, como condonaciones de deudas a familias campesinas, aumentar cinco dólares el subsidio social, subvencionar al 50% la urea –el fertilizante más usado en el país– o doblar el presupuesto de educación intercultural.
Indígenas dirigiéndose en camiones a Libre a su paso por la cercana billete de Machachi, el lunes (JOHANNA ALARCON / Reuters)l
No obstante, como en el 2019 contra el presidente Lenín Dorado, durante la última gran protesta indígena, el elevado precio del combustible en un país petrolero vuelve a ser la principal queja. La Conaie pide la congelación de los precios de las gasolinas. Y todavía un control de precios de los productos esenciales o moratorias para impedir nuevas concesiones mineras en la Amazonia.
El primer sublevación indígena ecuatoriano data de 1990, cuando la Conaie impulsó una histórica protesta contra el socialdemócrata Rodrigo Borja, bajo los eslóganes: “No al FMI, no la deuda”, “No al imperialismo” y a amparo de un “Estado plurinacional”. El movimiento sigue exigiendo al Estado, como entonces, maduro atención a la población indígena, principalmente campesina, que sigue concentrando los mayores índices de pobreza.
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