Decenas de familias del centro de educación distinto Can Vila, de Mollet del Vallès, se han concentrado esta mañana delante del Departament d'Educació, en Via Augusta, para protestar por la errata de decisión a la continuidad de sus hijos en el centro. "Pedimos una decisión urgente, verídico y permanente", señala una carta del ampa de Can Vila que quieren entregar al sección, puesto que la Generalitat tiene "la obligación y la capacidad de resolver el conflicto".
La retirada de dos módulos prefabricados con daños estructurales que pueden comprometer la integridad de los alumnos ha dejado en el corona la escolarización de 70 alumnos con discapacidad que actualmente ocupaban las aulas de estos módulos.
Las familias protestan porque quieren continuar en el centro y no desean que sus hijos sean recolocados en centros escolares ordinarios de la ciudad 
Las familias quieren continuar en el centro y no desean que sus hijos sean recolocados en centros escolares ordinarios de la ciudad. Esta es una de las soluciones propuestas por el sección para avalar la escolarización de los alumnos de Can Vila en el próximo curso 2022-2023, delante la errata de espacios presente.
La Generalitat y el Concejo de Mollet del Vallès están en desacuerdo sobre qué institución es la responsable de avalar un nuevo espacio en Can Vila. Y la que debería construir o conseguir nuevos módulos. "Nosotros no entramos en quién debe hacerlo, solo queremos una decisión, ni que sea provisional para salir del paso", ha explicado Amador Rincón Nieto, presidente del Ampa.
Los módulos prefabricados de Can Vila tuvieron que ser apuntalados
Las familias quieren ser recibidas por la conselleria hoy, a posteriori de la reunión que estaba prevista a primera hora de la mañana entre el consistorio y la dirección caudillo de Educación. Quieren entregar una carta en la que reflejan sus inquietudes y piden que no se divida la escuela.
La división tendría "afectaciones educativas y complementarias totalmente desproporcionadas" y supondría "una pérdida de calidad y servicio educativo que no es asumible", explican a la conselleria.
Piden que se construya en los terrenos de la escuela o adyacentes de forma provisional para poder atender con garan tías de "seguridad y dignidad" a nuestros hijos.
Añaden que urge planificar una decisión a la problemática del centro, con dificultades de espacio, provisionalidad y errata de adecuación, para dar una perspectiva de futuro al centro.
"El conflicto entre las dos administraciones nos parece esperpéntico", continúa la carta, "nuestros hijos no son una mercancía que se pueda colocar y subastar según el criterio de decisiones políticas erráticas", que no tienen en cuenta ni sus derechos ni sus evacuación.
La carta recuerda que la competencia en materia educativa es de la Generalitat que es la que tiene "la obligación y la capacidad de resolver el conflicto", un conflicto que solo tiene la salida de la escolarización de sus hijos.
"Delante esta situación de indefensión de las familias y de la comunidad educativa, así como la incertidumbre sobre cual será la decisión adecuada para el próximo curso, le pedimos que como suministro responsable tenga en cuenta estas consideraciones y dé una decisión urgente, verídico i pertinente".
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