El texto de la ponencia organizativa de Junts per Catalunya que se votará este fin de semana en la segunda parte del congreso de la formación, que será en La Farga de l'Hospitalet de Llogregat, incluye un mecanismo que permite a la presidenta del partido, Laura Borràs, seguir como líder a pesar de su causa legal por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes para auxiliar a un amigo.
Aunque en el texto se prevén sanciones y suspensiones cautelares para los casos en que haya condena firme por un delito de corrupción o en caso de que se caleta entendimiento hablado por delitos de esa índole, hay una salvaguarda para los casos que se consideren por parte de la comisión de garantías de la formación como lawfare, tanto para la transigencia de entendimiento hablado como para la situación en que ya hay condena firme. Hasta la plazo la dirección de Junts ha defendido de forma general que el caso de Borràs se enmarca en esa situación.
Así las cosas, en la ponencia, cuyos trabajos han sido coordinados por la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, se considera error muy llano "la condena con sentencia firme por algún delito relacionado con la corrupción o malversación de fondos públicos, u otros delitos que atenten contra los principios fundacionales del partido". Pero a continuación se señala que "no se entenderá en casos de lawfare, que se tendrá que valroar en cada caso concreto por parte de la comisión de garantías".
Con todo, desde la agrupación lugar del Berguedà se introdujo una enmineda que llega viva al congreso y que se tendrá que elegir en la que se pide eliminar este zaguero aspecto relativo al lawfare.
En las medidas cautelares para la suspensión en caso de que haya automóvil de transigencia de entendimiento hablado además se ha introducido la excepción para los casos que se consideren lawfare.
En el apartado de sanciones para las faltas muy graves se aplica la "suspensión temporal, parcial o total de los derechos como persona afiliada o la expulsión del partido por un periodo de cuatro abriles que comporta la inhabilitación para poder presentarse como candidato a cualquier cargo institucional mientras dure la beneplácito.
En los estatutos actuales de JxCat se suspende de forma cibernética a los afiliados contra los que se haya destapado un automóvil de entendimiento hablado por un delito relacionado con la corrupción y se contempla la expulsión del partido de los que hayan sido condenados por alguno de esos delitos. El texto todavía válido va en consonancia con la ley catalana de partidos, que marca la suspensión cautelar cibernética de la afiliación en casos en que se caleta a un militante entendimiento hablado por delitos relacionados con la corrupción.
Auditoría del pacto con ERC
En el congreso se vota una mejora que propone someter a entendimiento de los militantes la continuidad de JxCat en el Govern
Otro de los puntos que se votará en el congreso es una mejora de la asamblea de la veguería de Alt Pirineu i Aran y otra de la asamblea de Igualada que proponen dar voz a la militancia y que las bases decidan sobre la continuidad de Junts en el Govern de la Generalitat una vez sea divulgado el resultado de la auditoria del calidad de cumplimiento del pacto aprehendido en mayo del 2021 con Esquerra Republicana para la plazo catalana. De hecho, la mejora de Igualada propone la votación diga lo que diga la auditoría.
En la ponencia política no se contempla la votación de ese aspecto y no estará aún dispuesto el documento que examina el pacto de coalición del Ejecutante catalán. Está previsto que el resultado de la auditoría que han coordinado el vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius, y la consellera de Acció Extranjero i Govern Obert, Victòria Alsina se presente a finales de julio. Con todo, hasta el consejo doméstico que se celebrará en septiembre no se analizará en los órganos internos de Junts.
Hay además una mejora que propone que Junts salga del Govern luego del congreso "gastado el comportamiento desleal de ER (sic) y la musculoso pérdida de confianza en Junts derivada de un mal gobierno y de una sociedad ficticia que no funciona". Otra postura por que el partido proponga antiguamente del 15 de septiembre de este año la posibilidad de seguir o no en el Govern
Política de pactos postelectorales
La prioridad es asistir a acuerdos con el independentismo, pero se respetará al autonomía lugar de los alcaldes
En la ponencia política que se votará el sábado y domingo se recoge cuál es la política de pactos de JxCat para el próximo ciclo electoral, que está previsto que comienzo en las elecciones municipales del 2023. Aunque se destaca que la prioridad es sellar pactos con el independentismo, se respeta la autonomía lugar de los alcaldes y concejales si de ese modo se permite aplicar la hecho política del partido.
En el ámbito supramunicipal se señala que "mientras haya exiliados y represaliados, Junts pactará de forma muy prioritaria con aquellos partidos que acepten el derecho de autodeterminación y condenen la represión" y se afirma que se propondrá al resto de formaciones independentistas un pacto para estabilizar el mayor de alcaldías y entes municipales y supramunicipales liderados por el independentismo.
Pulso por el poder orgánico
Enmiendas organizativas proponen quitar poder a la mano derecha de Turull, Saldoni, o al secretario de estructura, Torrents
El pulso entre los sectores de Junts, que se vio en las votaciones de Argelers de forma explícita, además se ha trasladado a la ponencia organizativa. Al congreso llegan vivas varias enmiendas para dar o quitar poderes en política municipal al secretario de estructura, David Torrents, próximo a Borràs, y, por otra parte, al secretario universal adjunto, David Saldoni, de la máxima confianza de Turull.
Así las cosas, desde la corriente de izquierdas se pide eliminar el punto que da a Turull la potestad de nombrar un secretario universal adjunto por ser "un punto pensado ad personam". Otra mejora del mismo sector pide alisar las competencias en política municipal de esa figura. En cambio, la asamblea del barriada de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona quiere quitar la política municipal de las atribuciones del secretario de estructura, a quien el texto confiere la función de "coordinar la hecho municipal". Otras enmiendas quieren atribuirle más poder orgánico.
Todavía hay quien pide quitar competencias en política municipal al secretario universal, como una mejora de la corriente socialdemócrata.
En el Berguedà, por otra parte, reclaman quitar las funciones "ejecutivas" a Borràs, en tanto que presidenta del partido y, como curiosidad, desde un asociación sectorial se pide no tolerar el documento Preparem-nos del Consell per la República de Carles Puigdemont, que se pone en valía en la ponencia política.
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