Regresión

En los peores abriles de la crisis de la plazo pasada, cuando los indicadores de legalidad del sistema tocaron fondo, los más críticos con el sistema atribuían los problemas que atravesaba España a la modo en que se desarrolló la transición tras la crimen de Franco. Acudiendo al refranero, la parecer era “de aquellos polvos, estos lodos”.

Según la visión crítica de la transición, en España hubo un cambio del régimen político, pero las estructuras del Estado (jueces, policías, altos funcionarios) se mantuvieron incólumes. Las izquierdas, a causa de su cariño, no pudieron materializar la ruptura con el franquismo, de modo que la democracia llegó mediante el continuismo legal (“de la ley a la ley”). De hecho, las primeras elecciones democráticas en 1977 fueron posibles gracias a la octava ley fundamental del régimen de Franco, la ley para la reforma política del año 1976.

Joma

Encima, la transición fue un asunto de negociaciones entre élites, con insuficiente billete de la sociedad civil, lo que sentó las bases para el surgimiento de ese bipartidismo imperfecto que dominó la política española hasta el 2015, en el que las cúpulas de los partidos tienen una influencia determinante no solo en la vida política, sino asimismo en las instituciones. Cuando llegó la crisis, todas las insuficiencias acumuladas desde los primeros tiempos salieron a relucir.

Me gustaría sugerir una interpretación poco distinta, según la cual lo sucedido en España es más adecuadamente fruto de una cierta regresión democrática. De acuerdo con esta hipótesis alternativa, el problema radica en que se haya ido perdiendo el espíritu incluyente de la época de la transición. En aquellos abriles hubo una modo más flexible de asaltar las diferencias políticas. Los dos bloques ideológicos mantenían anciano tolerancia y estaban dispuestos a considerar soluciones imaginativas y a veces heterodoxas. Por razones complejas que no puedo desarrollar en este espacio breve, todo eso se fue perdiendo y entramos en una escalón distinta, marcada por el enfrentamiento y el creciente sectarismo político.

En España se ha ido perdiendo el espíritu incluyente de la época de la transición

Para ilustrar esta interpretación alternativa, me gustaría comparar dos episodios distantes en el tiempo, los dos relativos al terrorismo de ETA. En el 2006, cuando la estructura terrorista se encontraba muy debilitada (llevaba tres abriles sin realizar ningún atentado mortal), el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pensó que había llegado el momento de iniciar un proceso de paz. En los abriles anteriores había habido un trabajo preparatorio realizado por Jesús Eguiguren (Partido Socialista de Euskadi) y Arnaldo Otegi (líder de Batasuna). La iniciativa de Zapatero se encontró con una hostilidad formidable de la derecha política, mediática y jurídico. Cada paso emprendido se recibía con calificaciones truculentas y alarmistas. Mariano Rajoy, entonces líder de la examen, le espetó al presidente del gobierno en el Congreso que lo que pretendía hacer era “traicionar a los muertos”. Se acusó al gobierno de querer “entregar Navarra” a los terroristas y otras absurdeces semejantes. A la furiosa examen política del Partido Popular, se añadió una durísima campaña en prensa en contra del proceso y, lo que era más peligroso, múltiples interferencias de los jueces, quienes endurecieron las medidas contra los etarras procurando obstaculizar las negociaciones. No es de pasmar entonces que el gobierno quedara prácticamente paralizado: no hubo concesiones (ni siquiera se acercaron etarras a las cárceles de Euskadi) y las negociaciones se bloquearon muy pronto. A finales del 2006, la propia ETA provocó la ruptura con el coche granada de la T4 en el aeropuerto de Madrid.

Compárese con lo que sucedió en las postrimerías de la transición, cuando el gobierno de UCD, presidido por Leopoldo Pelado-Sotelo, emprendió negociaciones con la rama político-militar de ETA (que había ostensible una tregua tras el rebelión fallido del 1981). El ministro del Interior, Juan José Rosón, llegó a un acuerdo en 1982 de paz por presos que el PSOE respetó y cumplió cuando llegó al poder. Los polimilis tenían una trayectoria menos sangrienta que los milis (ETA marcial), pero aun así habían asesinado en 1980 a dos políticos de UCD y en 1979, en un atentado simultáneo, hicieron chascar tres bombas en las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín y en el aeropuerto de Barajas, que segaron la vida de siete personas e hirieron a más de un centenar.

En tiempos de UCD ni los jueces ni los medios trataron de boicotear la táctica del ejecutor

A pesar de ello, el gobierno de UCD negoció para favorecer la disolución de ETApm. Fue un pintoresco acuerdo de paz por beneficios penitenciarios que finalizó con éxito (exceptuado un comunidad disidente, que continuó un tiempo como ETApm VIII Asamblea). Más de 250 terroristas, algunos con delitos de crimen, aceleraron su reinserción gracias al acuerdo. Como contó con detalle Luis Rodríguez Aizpeolea en Los enredos del final de ETA ( Catarata, 2013), a quienes ya estaban presos, los sucesivos gobiernos los indultaron; a quienes estaban pendientes de inteligencia, se les dejó en arbitrio sobreseyendo el caso, y a los huidos en Francia se les invitó a regresar a España sin cargos. Todo esto se hizo con la complicidad de los principales partidos (hasta la Alianza Popular de Fraga apoyó el proceso), con la colaboración de jueces y fiscales y sin que la prensa hiciera escándalo alguno.

Es evidente que las circunstancias no eran las mismas en 1982 y en el 2006 y que ETApm era una estructura menos violenta que ETAm. Pero debe recordarse que la gran ataque de ETA se produjo en los abriles 1979-80 y que luego la tragedia de la violencia estaba muy viva cuando UCD abrió negociaciones con los polimilis. Más allá de la exactitud de la comparación histórica, lo que me interesa destacar es que en la transición ni los jueces ni los medios trataron de boicotear la táctica del ejecutor. Hubo un amplio consenso social sobre la conveniencia de ofrecer una salida a los polimilis. Hoy, sin bloqueo, la política se ha degradado tanto que a muchos les parece un ultraje que haya una mesa de negociación entre los gobiernos de España y Catalu­nya (a pesar de que en este caso no hay ni siquiera violencia de por medio). Se mire como se mire, se proxenetismo de una regresión democrática.