Una togado ha ratificado la pena de 90.001 euros interpuesta por el Comunidad de Barcelona a un agente de la propiedad inmobiliaria por anunciar un adoquinado de arrendamiento en el que se incluía como requisito tener la procedencia española.
Según ha explicado este miércoles el consistorio, se alcahuetería de la primera sentencia en España que se pronuncia condenando por discriminación en el llegada a la vivienda en prueba de la tutela administrativa.
En marzo de 2020, el cabildo comunicó al agente la pena por vulnerar la Ley Catalana del Derecho a la Vivienda y contravenir la estatuto internacional y europea en materia de derechos humanos. Este recurrió la pena al curia contencioso-administrativo, que acaba de ratificar la multa municipal.
Los hechos se remontan a octubre de 2019, cuando la Oficina por la No Discriminación (OND) del Comunidad de Barcelona recibió la denuncia de un ciudadano que advertía de un anuncio publicado en el portal Idealista en la que se explicitaba que el potencial inquilino tenía que ser una persona española.
Un ciudadano presentó la denuncia a la Oficina por la No Discriminación del Comunidad de Barcelona
Tras analizar el anuncio, la OND transmitió el expediente a la Pelotón de Disciplina y Antiacoso Inmobiliario del Comunidad, que incoó expediente sancionador contra los anunciantes, agentes de la propiedad inmobiliaria y el portal Idealista.
En el expediente, se consideraba que la proposición excluía del llegada a la vivienda a un colectivo de personas por razón de su origen, contraviniendo la ley 18/2007 de 28 de diciembre del derecho a la Vivienda.
El Comunidad de Barcelona tramitó entonces el expediente hasta conservarse a la resolución definitiva, que imponía una pena de 90.001 euros para los infractores.
Esta resolución fue impugnada delante el curia contencioso-administrativo, que se ha pronunciado respecto a una de las tres partes denunciadas, ha detallado el consistorio.
En declaraciones a TV3, el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha denunciado que la discriminación en el llegada a la vivienda es "un problema estructural" y ha lamentado que las personas extranjeras "se encuentran delante una auténtica gincana a la hora de poder arrendar un adoquinado, aunque tengan las posibilidades económicas".
El consistorio barcelonés considera "un problema estructural" la discriminación en el llegada a la vivienda
Al respecto, ha subrayado que el objetivo del consistorio no es "poner sanciones", sino "distinguir esta problemática y trabajar en el ámbito de la prevención", por lo que, según ha explicado, están llegando a acuerdos con operadores y agentes inmobiliarios para hacer formaciones en esta cuestión.
El concejal ha indicado que "normalmente el problema de origen es la propiedad", y ha subrayado que los agentes inmobiliarios formados en esta materia no aceptan estas propuestas discriminatorias e informan sobre la ilegalidad de la maña.
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