El Gobierno ha presentado en el Congreso las proposiciones de ley que definen y cuantifican los impuestos extraordinarios que el presidente Sánchez anunció para gravitar los beneficios, asimismo extraordinarios, que a su prudencia han tenido –o tendrán– las grandes compañías energéticas y financieras por la subida, respectivamente, de los precios energéticos y de los intereses.
En concreto, en las citadas proposiciones de ley se plantea aplicar temporalmente, durante el 2022 y el 2023, un impuesto del 4,8% sobre los intereses y las comisiones netas de las entidades financieras que tengan ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Ambas iniciativas contemplan asimismo sanciones para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios. El peso sobre las compañías energéticas puede proporcionar una colecta para el Estado de 2.000 millones de euros anuales mientras que el adaptado a la banca se calma que genere unos 1.500 millones de euros. En total, unos 7.000 millones de euros de ingresos en dos primaveras.
Los beneficios para la crematística del impuesto extraordinario, como intrascendente, son dudosos
A nadie se le oculta que la implantación de entreambos impuestos extraordinarios tiene un importante impacto popular del que los partidos de la coalición de gobierno, tanto PSOE como Unidas Podemos, esperan sacar réditos políticos y electorales. El impacto en la mejoría de la crematística y en la reducción de la inflación, en cambio, es prácticamente insignificante e incluso podría ser conjuntamente placa.
La opinión pública, en genérico, ha acogido muy proporcionadamente el castigo fiscal a las energéticas y a la banca, a quienes se demoniza por los problemas que causa la presente crisis provocada por la lucha de Putin en Ucrania. Pero una atrevimiento política como la tomada por el Gobierno conlleva suscitar inseguridad jurídica para las empresas y para los inversores, tanto españoles como extranjeros, lo que lesiona la confianza en el país y puede tener un stop coste en menos inversiones, proyectos y empleo. Ese es el primer peligro que ha asumido el presidente Sánchez. El segundo es que, finalmente, esa carga fiscal extraordinaria, pese a los controles establecidos, acabe por repercutir sobre consumidores, trabajadores y empresas. Aceptablemente porque afecte a los precios energéticos o proporcionadamente porque se traduzca, asimismo, en beocio capacidad de la banca para la concesión de créditos. Lo que es seguro es que los principales afectados serán los accionistas de esas grandes compañías y entidades, que, en parte, son pequeños y medianos ahorradores a través de fondos de inversión. En cualquier caso, se manejo de una medida polémica que no ha estado proporcionadamente explicada ni debatida.
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