El gobierno de la alcaldesa Ada Colau está intensificando la presión sobre los constructores que no dedican el 30% de sus promociones a viviendas asequibles. Los infractores constituyen una minoría que viene a sobrecargar aún más una controvertida medida que aún no ha proporcionado los frutos prometidos.
La teniente de corregidor de Urbanística, Janet Sanz, y la responsable del servicio de inspecciones municipal, Eva Mur, explican que en los últimos tres abriles el Cabildo de Barcelona inspeccionó 1.368 obras, y que de este modo pudo encontrar diecisiete promociones de viviendas que no respetaron la norma. El porcentaje es verdaderamente bajo.
El Cabildo detecta a estos infractores tras realizar 1.368 inspecciones en tres abriles
Sanz y Mur detallan que hablamos de rehabilitaciones integrales de inmuebles ya erigidos en la ciudad, de grandes transformaciones que sus responsables trataron de disfrazar de pequeñas reformas, presentando a la empresa almacén una infinidad de pequeños y disimulados comunicados con el objetivo de ocultar la verdadera envergadura de la obra y no solicitar la correspondiente deshonestidad de obras mayores.
En los casos en los que los infractores ya vendieron todas las viviendas de las fincas en cuestión y ya no sea posible recalificar ninguna como asequible, el Cabildo mandará a los responsables construir los pisos en cuestión en otro extensión del arrabal. El Consistorio incluso ultima ya sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros. Ocho de las promociones señaladas por el Cabildo se encuentran en el distrito del Eixample, tres en los de Sarrià-Sant Gervasi y de Gràcia, dos en el de Sants-Montjuïc y una en el de Ciutat Vella.
“En total, estas diecisiete promociones suman 222 viviendas
–abunda la teniente de corregidor–. Si sus responsables hubieran cumplido la ley Barcelona podría disponer de en torno a de 70 nuevas viviendas asequibles. Saltarse la norma del 30% es estafar a la ciudad, a todos los barceloneses. En urbes como Londres o París incluso hacen uso de esta logística para guerrear contra la especulación”.
El Consistorio incluso ultima ya sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros
En estos momentos los inspectores municipales están tirando del hilo con el objetivo de dilucidar quienes son los últimos responsables de las infracciones detectadas, si quizá tras uniones temporales de empresas se esconden unos pocos promotores, unos pocos nombres propios. “Cada vez que encontremos diferentes comunicados referidos a un mismo edificio llevaremos a extremo una inspección de sus obras”, advierte la responsable municipal de Urbanística.
En septiembre del 2018 Barcelona aprobó una modificación del Plan Universal Metropolitano (MPGM) que establece que las promociones de nuevos pisos, y incluso las grandes rehabilitaciones, han de comercializar al menos un 30% de su proposición a un precio asequible fijado por la Generalitat. Entonces no pocas asociaciones empresariales aseguraron que la medida no haría otra cosa que desincentivar la actividad económica, que la gestación de vivienda a comercializar a un precio inferior al del mercado no sería tan destacada como la augurada por el gobierno de la alcaldesa Colau.
Por aquellas fechas el ejecutante municipal estimaba que la medida podría poner en el mercado en torno a de 400 pisos asequibles cada año. Estas estimaciones, sin retención, se revelaron a la postre como excesivamente optimistas. Hasta ahora el Cabildo exclusivamente pudo sumar 52 pisos. El Consistorio está realizando una revisión de licencias a fin de añadir otras 50 viviendas a la repertorio.
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