“Lo malo de la años es cuando ves que te encuentras acertadamente pero que por ser longevo te vetan cosas como poder traspasar un coche, pedir un crédito o alcanzar a ciertos servicios”. Con esta frase, atribuida a un amigo de 82 primaveras, Josep Pagès llamaba la atención sobre el trato discriminatorio que padecen muchas personas sólo por su aniversario de partida a través de una carta que publicamos el pasado día 4 en La Vanguardia .
“Lo he vivido personalmente: para poder tener un coche en renting me piden el aval de un hijo por tener 76 primaveras, sin considerar que es posible que sea yo quien lo ayudando económicamente”, explica Pagès en conversación con este diario.
Un clan de años muy plural
Y ni la suya ni la de su amigo son experiencias aisladas. Cada vez son más los septuagenarios, octogenarios y nonagenarios que denuncian que se les priva de derechos o se les da un trato discriminatorio por razón de años, al ganancia de sus habilidades, méritos y circunstancias.
“Las personas mayores no son todas iguales; entre ellos hay tanta o más pluralidad que en el resto de grupos de años, y no viven en otro mundo, son ciudadanas igual que los demás y los derechos de ciudadanía no prescriben ni con la años ni con ninguna otra situación, así que se nos ha de rebuscar como sujetos de derechos y deberes, igual que el resto”, asegura Loles Díaz-Aledo, periodista y presidenta del Patronato de la Fundación Grandes Amigos, desde la que impulsan iniciativas en defensa de los derechos y deberes de las personas mayores.
Loles Díaz-Aledo critica el paternalismo con destino a las personas mayores como si no fueran ciudadanos de pleno derecho 
La última, el tesina “Envejecer con derechos; que la años no sea un contorno”, en el que participan con la Fundación Fernando Pombo y la Clínica Admitido de la Universidad de Alcalá para impulsar mejoras del situación forense y de protección de los derechos de las personas mayores y para difundirlos entre este colectivo.
Porque uno de los problemas que han detectado es que el edadismo y el paternalismo con destino a los mayores está tan extendido que muchos lo naturalizan, asumen que a partir de una años es el trato que les toca, que han de dejar que otros decidan qué pueden o no hacer.
Antonio Martínez Maroto, jurista y gerontólogo, asegura que un ejemplo claro de este desconocimiento es el hecho de que muchas personas asumen que, a partir de cierta años, los hijos u otro descendiente pueda lanzarse o tramitar sus capital sin contar con ellos, “cuando la ley 8/2021 reconoce que todo el mundo tiene capacidad de llevar a cabo por sí mismo hasta que fallece y, si sufre algún ofensa que requiere que actúen en su nombre, se ha de pedir al togado que autorice ese apoyo para una cuestión concreta”.
Díaz-Aledo, que en colaboración con su hija Mar Maiques además ha cuidado la recorrido Nuestros derechos y deberes, cómo defenderlos y ejercerlos para la Fundación Pilares, enfatiza que la sobreprotección con que se negociación a las personas mayores en universal, y a quienes necesitan apoyos para su vida cotidiana en particular, por otra parte de traspasar contra su dignidad provoca que vayan cambiando su condición de ciudadanos por la de personas cada vez más dependientes de otras.
Antonio Martínez Maroto, jurista y gerontólogo, patrono de la Fundación Grandes Amigos
Por ello, insta a las personas mayores no solo a reivindicar sus derechos sino además a desempeñar sus deberes, como pueda ser participar en las mesas electorales, en su comunidad de vecinos, mantenerse activos y seguir gestionando y haciendo implicar sus intereses.
"Queremos que se nos trate respetando nuestros derechos y nosotros asumiendo nuestros deberes; yo cuota a Hacienda, cuota el IBI, hago donaciones cuando quiero, participo en oenegés, ayudo si cierto me pregunta por la calle... Así que tengo el derecho a que se respeten todos los derechos exactamente igual que los demás", coincide Martínez Maroto.
Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación Juan March, cree que el problema es que la sociedad aún no se ha adaptado a una población más longeva, se aplican criterios de eliminación y de marginación que servían hace 30 o 40 primaveras pero ahora ya no.
No obstante, opina que si ahora hay más hartazgo y más denuncia de estas situaciones es porque “en la sociedad contemporánea hay más sensibilidad con destino a la dignidad humana, concedemos dignidad a seres que ayer eran invisibles, de modo que, sin ser perfecta, es la mejor época de la historia para los grupos sociales más débiles”.
Un sinfín de microdiscriminaciones
Ejemplos cotidianos
Martínez Maroto coincide en que el panorama de las personas mayores ha cambiado en las últimas décadas, hay más sensibilidad, y lo que ayer eran quejas individuales ahora, por otra parte de ser más frecuentes, se canalizan colectivamente a través de asociaciones y fundaciones y acaban llegando al Defensor del Pueblo, la Fiscalía o las administraciones.
Porque son muchos, dicen, los casos de trato diferenciado y las discriminaciones que detectan en su día a día quienes, como Josep Pagès, Loles Díaz-Aledo y Antonio Martínez, sobrepasan los 70.
“El problema es que la transgresión de derechos a los mayores a menudo se considera ordinario, como por ejemplo cuando una persona está hospitalizada y un auxiliar la ayuda a asearse con la puerta del baño abierta y pasa otro profesional, entra, y se ponen a conversar, como si por ser longevo ya diera igual y no tuviera derecho a la intimidad”, relata Díaz-Aledo.
Y pone otros ejemplos que son frecuentes en el ámbito médico y que ha vivido en primera persona, como que el doctor pregunte al hijo que acompaña “qué le ocurre a su matriz” en oficio de preguntar directamente al paciente, “o que vayas al médico porque te duele la rodilla y sin mirar diga que es la años; o te caigas dos veces y diga que son despistes por la años, y por más que expliques que tú no te has tropezado insista en ello y no te haga ni pruebas”.
En los bancos y en el ocio
Martínez Maroto dice que ha experimentado la discriminación por años en los bancos: “Me han reprochado ir a la oficina cuando ‘ahora todo el mundo lo hace ya desde casa’; y cuando las protestas de los mayores han forzado a las entidades a poner un asesor que nos ayude a especular en los cajeros u online, te hacen distinguir que es un distinción y, mientras te acompañan, no paran de decirte lo obvio y sencillo que es, como si fueras tonto”.
Y enfatiza que la digitalización está detrás de otras muchas discriminaciones que sufren personas mayores sin destreza con la tecnología. “El día que salen a la saldo las entradas de un concierto que te interesa madrugas, cruzas la ciudad para ir a comprarlas, y al asistir te dicen que se han exhausto en la saldo online”, ejemplifica.
En el DNI
Díaz-Aledo, por su parte, cree que además se discrimina cuando se presupone que todos los jubilados son analfabetos digitales, porque muchos se manejan perfectamente online. “En una muestra de paternalismo, a partir de los 75 te dicen que ya no hace errata que renueves el DNI, te dan uno permanente con caducidad el 1-1-9999, y resulta que luego, cuando vas a realizar trámites administrativos online como sacar una polímero de engaño para delirar, esa aniversario no es válida, y si llamas y te quejas piensan que es que no te enteras y acabas teniendo que ir a hacer posaderas al aeropuerto”, explica.
Josep Pagès, de 76 primaveras, lamenta que por años no le dejen hacerse un seguro de vida o avalar la hipoteca de un hijo
Miguel Atractivo Ramiro, profesor de Filosofía del Derecho y director de la clínica judicial de la Universidad de Alcalá, opina que en el trato a los mayores se producen muchas microdiscriminaciones que tienen un coste importante en tiempo, capital y dignidad para el afecto pero no se acaban denunciando porque, al ser temas administrativos, no tienen derecho a afluencia jurídica gratuita.
“A veces la discriminación se realiza sin mala intención, porque hay estereotipos muy naturalizados, como que los mayores no tienen mínimo que hacer y, en virtud de eso, hay personas que denuncian que siempre le dejan el zaguero en la dietario de visitas de su médico, como si su tiempo valiera menos”, ejemplifica.
Con todo, asegura hay tratos diferenciados justificados –no conceder un seguro de vida a partir de cierta años, por ejemplo–, y otros que no -exigir aval para financiar un coche “porque los herederos además han de admitir las deudas”.
El trato diferenciado por razón de años no es ilegal ni siempre ha de considerarse discriminatorio. El Tribunal Constitucional ha obligado que los tratos diferenciados no están prohibidos e incluso pueden ser necesarios para igualar circunstancias de personas que parten de una posición distinta. Claves para entender si un trato diferenciado es discriminación
“La segmento que separa un trato diferenciado de una discriminación es que la barrera de derechos esté justificada; el Tribunal Constitucional establece que para justificarlo es necesario realizar un cordura de proporcionalidad”, explica Miguel Atractivo Ramiro, director de la clínica judicial de la Universidad de Alcalá. Y detalla los tres pasos que requiere ese cordura: valorar la idoneidad de la medida, su privación, y la proporcionalidad en sentido precioso.
1. Madurez de idoneidad. “Este cordura requiere concretar el acertadamente forense que se quiere proteger y reponer a la pregunta de si la medida es adecuada para conseguir el objetivo propuesto”, apunta Ramiro. En el caso de las compañías de locación de coches que cobran tarifas más altas a los mayores de 70 primaveras quizá podrían alegar que su objetivo es sujetar la siniestralidad y aumentar la seguridad, pero eso deberían justificarlo con datos que demuestren que los conductores en esa franja de años tienen más accidentes.
2. Madurez de privación. Esta valoración pretende determinar si la restricción impuesta hace errata o habría otra medida menos restrictiva que permitiría conseguir ese objetivo con igual capacidad. “En el ejemplo del locación de coches, las compañías habrían de testimoniar que subir el precio es mejor que otras medidas como localizar el ataque a este servicio”, dice Ramiro.
3. Madurez de proporcionalidad. Averiguación determinar si la medida es equilibrada y si de ella se derivan más beneficios para el interés universal o provoca más problemas de los que negociación de resolver, explica el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá.
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