A pesar de la ampliación de la propuesta de Formación Profesional (FP) en Catalunya en estos dos últimos cursos, aún faltan 15.000 plazas más de calidad medio para sostener que ningún novato se queda sin estudiar, según la Fundació Jaume Bofill que ha presentado esta mañana un plan de choque para acortar el deserción escolar prematuro situado muy por encima de la media europea. Por deserción prematuro se entiende jóvenes de 18 a a 24 abriles que no tienen ninguna titulación superior a la ESO y que no están estudiando.
El deserción en Catalunya está situado en el 14,8%. Y a pesar de que se venía de porcentajes muy superiores hace una plazo (del 30%) aún no se cumplen las expectativas europeas de reducirlo al 10%, como consta en la Organización Europa 2020 para España.
Catalunya debería acontecer de un 14,8% de deserción prematuro al 10% previsto como objetivo por la Comisión Europea
La fundación denuncia que la Generalitat ha realizado acciones puntuales para acortar el deserción pero no tiene un plan "decisivo" y "prioritario" con propuestas concretas encaminadas a suministrar en el sistema educativo a los alumnos más vulnerables. Y que una vez que éstos se van del sistema no les identifica, sigue y propone algún tipo de orientación, ni comparte los datos de estos jóvenes con los ayuntamientos, como piden, y que podrían realizar esta actividad. Son, en total, 74.000 jóvenes.
En este sentido ha planteado un plan de choque "arribista" plasmado en el documento Cero Cesión: Una dietario de choque contra el deserción escolar prematuro en Catalunya, que conllevaría una esforzado inversión educativa, estimada en 350 millones de euros. "Necesitamos un antiguamente y un luego en la lucha contra el deserción escolar prematuro, un problema que nadie cuestiona" pero que "nadie afronta" y que es "gravísimo", porque afecta a la hechos de alumnos, ha afirmado Ismael Palacín.
Entre las acciones propuestas por la dietario, elaborada por Elena Sintes, Miguel Aquel Alegre y Alejandro Montes, destaca la planificación de la propuesta de la FP con un nuevo aumento de plazas para invadir la potencial demanda.
"Necesitamos un antiguamente y un luego en la lucha contra el deserción escolar prematuro, un problema que nadie cuestiona" pero que "nadie afronta", afirma Palacín
Así, a pesar del incremento en los últimos abriles del número de plazas existentes, la anciano de la entidad educativa considera que queda "un grande camino" para sostener que ningún novato se quede sin estudiar lo que desea. En este sentido, apunta a la creación de al menos 15.000 nuevas plazas públicas de calidad medio, diversas y de calidad, distribuidas por el zona y enfocadas de forma prioritaria a sectores emergentes. "Esta ampliación tiene un coste anual de aproximadamente unos 81,5 millones de euros para el Unidad de Educación", estima la entidad.
Por otra parte de la FP, la fundación considera que deben sincerarse nuevas plazas para los alumnos más vulnerables y con mayores dificultades para aprobar la ESO o que ni siquiera la han conseguido. Se manejo de 10.000 plazas para los denominados programas de formación e inserción sindical (PFI) y para las escuelas de nueva oportunidad, capaces de compartir a estos jóvenes en diferentes objetivos formativos. El coste total se sitúa en 53 millones de euros.
La propuesta de PFI debería datar "al menos al nivel de cobertura de la media española: mientras que España ha pasado del 5,1% del curso 2007-2008 al 8,2% del curso 2019-2020, la tasa en Catalunya ha caído del 4,0% al 4,6% en este mismo periodo.
Respecto a las escuelas de nuevas oportunidades que han demostrado el éxito educativo en aquellos jóvenes con anciano dificultad social y educativa y a pesar de que el maniquí no está consolidado en la estructura del sección de Educación, el documento monograma en 5.000 plazas la menester existente.
"Los medios de nueva oportunidad apuestan por la construcción de itinerarios formativos a medida, hecho que posibilita la construcción de recorridos educativos largos y significativos de estos jóvenes", afirma el texto. Para la entidad es necesario ampliar la presencia de este maniquí, reconocerlo, estabilizarlo y conectarlo con el resto de itinerarios y medios formativos reglados y no reglados". Ello supondría un coste de 35 millones de euros.
La dietario de choque de la Fundación Jaume Bofill consta de 20 medidas concretas que, en muchas de ellas, se requiere la coordinación de las administraciones públicas. O se basan en la restablecimiento de sistemas de información sobre los alumnos que potencialmente pueden darse. Este es el caso del Registro de Alumnos (RALC), un número identificativo que tiene cada estudiante pero que el Unidad de Educación no comparte con los ayuntamientos y otras entidades por lo que éstos no conocen los jóvenes sin ocupación.
"Toda política contra el deserción escolar prematuro necesita un sistema de información que permita a los centros educativos y administraciones dirigir la información sobre el alumnado, detectar lo que está en aventura de deserción, identificar las señales de miedo y allanar una intervención rápida y operativa", subraya el documento. La detección precoz permite activar alertas, intervenir para evitar la ruptura de la trayectoria educativa, proporcionar medios, ayudas y programas de apoyo y escolta socioeducativo.
Una verdadera política de datos debe permitir, según la fundación, hallar las zonas con anciano concentración, los centros educativos con anciano menester de medios y apoyo, los colectivos sociales con mayores cuotas de deserción así como todas aquellas informaciones necesarias para diseñar e implementar medidas específicas y efectivas.
"Ahora podríamos estar trabajando en este ámbito y no lo estamos haciendo" adecuado a que los ayuntamientos y los centros educativos "no pueden conseguir a esta información", ha denunciado el coautor del estudio Miquel Angel Alegre.
Por ello propone complementar los datos actuales del RALC identificando a los alumnos que están en escuelas de adultos, en formación ocupacional o en estudios artísticos. Y, por encima de todo, "compartir este registro con los municipios y centros educativos" para allanar el seguimiento de estos alumnos y proporcionarles las ayudas adecuadas. Igualmente para lugar,izar las zonas más afectadas.
Otra de las medidas a activar es disponer de 11.000 becas salario anuales para jóvenes de entre 16 y 18 abriles de hogares desfavorecidos con el fin de "desincentivar la convocatoria del mercado sindical", ha añadido Miguel Angel Alegre, que ha criptográfico el coste de la medida en 62,6 millones de euros.
El investigador incluso ha propuesto activar programas locales de mentoría en los municipios de más de 10.000 habitantes, con el apoyo de la consellería, para niños y jóvenes de entre 10 y 18 abriles identificados como absentistas o en aventura de serlo.
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