La reforma del Código Penal que han tramitado el PSOE y Unidas Podemos esta mañana cojea. Así lo piensa buena parte del independentismo, sobre todo en lo que respecta a las modificaciones introducidas en el delito de desórdenes públicos agravados. Òmnium Cultural es una de las entidades críticas y este mediodía su presidente, Xavier Antich, ha afirmado que la ampliación de este delito “es un paso delante en la persecución del derecho a protesta y la criminalización de la disidencia política”. La entidad ha acogido la derogación de la sedición con mejores luceros, pero siquiera la contenta: "No da respuesta a todos los represaliados por el Estado".
De esta guisa, Antich cree que el paso hexaedro por parte de ERC con el PSOE y Unidas Podemos para que caiga la sedición amplía "peligrosamente" el delito de desórdenes públicos.
El líder de la entidad ha expresado su "enorme preocupación" por la inmersión del concepto "intimidación" en el delito de desórdenes públicos. Un término suficientemente subjetivo como para que abarque un gran perico de situaciones. “¿Quién decide cuándo hay intimidación? ¿Los mismos que decretaron prisión para Jordi Cuixart por participar en una manifestación y cultivar el derecho a protesta?”, se ha preguntado retóricamente. Y es que para Antich los cambios facilitan "la continua transgresión de derechos fundamentales de la ciudadanía por parte de un Estado que no tolera ni la discrepancia política ni se atreve a afrontar democráticamente el conflicto político”.
Siquiera la derogación de la sedición del Código Penal satisface a Òmnium. Antich ha trillado que se comercio de un delito “totalmente antidemocrático y anacrónico", que tiene como única finalidad "reprimir las protestas y la disidencia política” por parte de un estado despótico. Sin confiscación, ha lamentado que su supresión no da respuesta a "todas las personas represaliadas" para cultivar derechos fundamentales. Por eso cree fundamental venir a este el objetivo de la indulto y la autodeterminación.
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