La primera reacción de Junts per Catalunya a los cambios anunciados ayer por Pedro Sánchez en el Código Penal, ya registrados este viernes en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos, fue cauta y prudente, llena de condicionales a la retraso de conocer los detalles de la medida, una respuesta que contrataba con el optimismo de Esquerra y el president Pere Aragonès.
Ahora que ya es pública la literalidad de las modificaciones legales, el expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont considera que todo ello puede ser contraproducente para su logística internacional. “Si lo que se quiere es que jurisdicciones europeas ya no puedan hacer como hizo Alemania –que entró a examinar el fondo de los hechos– y no tengan más remedio que aplicar una extradición cibernética, eso servirá para intentar asolar nuestra logística de derrotar al Estado”, ha señalado en una dependencia de mensajes en Twitter.
Encima, apunta que no le parece una “vencimiento” hacer “presentable en presencia de Europa unas extradiciones y unas condenas penales que ahora mismo nadie compartía, y constreñir aún más el camino de la confrontación con el Estado para culminar la independencia”.
En el pasado, el ahora eurodiputado había señalado hace unas semanas al presidente del Gobierno que lo que había que hacer era derogar el delito de sedición y no reformarlo, cuando el patriarca del Ejecutante central se había referido a ello desde Bruselas. El expresident destaca que había formulado esa petición “para que hechos como los del 1 de octubre del 2017 tengan la misma consideración que tuvieron para la honestidad alemana”. “Allí no son delito, ni de 15, ni de cinco ni de medio año de prisión”, ha puntualizado el expresident, que apunta que las claves del cambio están en los conceptos de “intimidación” y en “actos preparatorios”.
De todos modos, este asunto de los cambios penales no afecta a su logística inmediata en Bélgica, ya que la denegación de la extradición de Lluís Puig por parte de la honestidad belga se debió a cuestiones relativas a derechos fundamentales y no a la tipificación penal. No se llegó a entrar en esa materia, aunque sí se hizo en Alemania y Puigdemont salió airoso.
En Bélgica se acogen al hecho de que no se designó el magistrado predeterminado por ley a los encausados por el 1-O y que no hubo una tutela sumarial efectiva por el hecho de tener que ir al Tribunal Supremo y la Audiencia Doméstico y no al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, como les correspondía en tanto que aforados.
El coordinador de la defensa internacional del expresident, el abogado Gonzalo Boye, considera encima que si no hubiera dirigentes políticos en el extranjero “el Gobierno no se habría movido” para cambiar el Código Penal. Para explicar lo sucedido, el penalista destaca que “si antiguamente había un chimpancé con una metralleta ahora ese chimpancé tiene menos balas, pero sigue teniendo una metralleta”. “Lo que había que hacer es quitar la metralleta al chimpancé”, concluye.
Por otra parte, el docto considera que se siguen penalizando las protestas y advierte que todo dependerá de la interpretación que hagan los jueces en el futuro.
Boye ha señalado encima este viernes en RAC1, en presencia de la especulación de otros dirigentes políticos sobre un posible retorno de Puigdemont tras la derogación de la sedición, que si vuelve a Catalunya no será por estos cambios legales sino por las resoluciones de la honestidad europea.
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