El Consejo Genérico del Poder Legal (CGPJ) ha cumplido el récord histórico de arrostrar cuatro primaveras con su mandato caducado. La razón no es otra que la error de acuerdo entre los dos principales encargados de la renovación, el PP y el PSOE. El Parlamento es el que tiene las funciones de designar a sus integrantes, pero los partidos han trasladado sus luchas fratricidas, sus desacuerdos y, en definitiva, su política, a la rectitud. El resultado: un Poder Legal bajo la reproche constante de ejecutar por intereses políticos.
Durante estos cuatro primaveras se ha arrojado la voz de sobresalto desde distintos estamentos. El presidente del Consejo Genérico del Poder Legal, Carlos Lesmes, dimitió a causa de este interrupción, e incluso Europa ha reclamado poner fin a esta ascensión de politización de la vida jurídico y renovar con emergencia el entraña de los jueces.
Las asociaciones judiciales consideran que esta situación perjudica la percepción que tiene el ciudadano de la Imparcialidad, al tiempo que defienden que no es positivo esta idea de la politización. Explican que los jueces imparten rectitud y son ajenos a los intereses políticos.
Miembros de la carrera policial responsabilizan además a los vocales de esta situación
Desde hace primaveras, los principales partidos políticos se acusan mutuamente de intentar controlar el Poder Legal. Parece una tradición intentar “colocar” a personas afines interiormente de los órganos de atrevimiento. Creen que así se garantizan el proclamación de magistrados, sobre todo en el Tribunal Supremo, cercanos a sus sensibilidades políticas. Lo mismo ocurre en el Tribunal Constitucional.
Los nombramientos dados a conocer esta semana por el Gobierno para el Tribunal Constitucional, posteriormente de la ruptura parcial de las negociaciones para renovar el CGPJ del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a condonar ampollas entre los dos partidos.
Los populares han llevado a la Comisión Europea la disyuntiva del ex ministro socialista Juan Carlos Campo –encargado de contraer la concesión de los indultos a los líderes independentistas condenados por sedición– y Laura Díez, una detención cargo de Presidencia. Para el PP es “el extremo asalto de Pedro Sánchez” y ha criticado duramente estos nombres.
En un intento del PSOE por presionar al PP para que cumpliera con la Constitución y renovara el CGPJ, el año pasado reformó la ley por el que se impedía al entraña hacer nombramientos de magistrados mientras esté en funciones. La idea de los socialistas era evitar que la mayoría conservadora del Consejo pudiera seguir haciendo nombramientos del mayor nivel de la carrera jurídico, en presencia de la sospecha de que el PP quería seguir colocando “a los suyos”. La modificación de la ley impidió cubrir plazas vacantes en el Supremo y tribunales superiores mientras que el principal partido de la competición seguía sin dar su protector a torcer. Todo aquello provocó un polvorín interiormente del Consejo que acabó con la dimisión de Carlos Lesmes el pasado mes de octubre. Y todo esto ha empujado a que el especie conservador del Consejo haya decidido a su vez rodear los nombramientos al Tribunal Constitucional, lo que perjudica a los planes del Gobierno. A punto de destruir 2022 no hay visos de que vaya a suceder un cambio de rumbo.
Con todo, instancias europeas han restado importancia a estos nombramientos, asegurando que en otros países europeos se produce la misma situación. De hecho, el comisario europeo de Imparcialidad, Didier Reynders, ha vuelto a poner el foco en la pobreza urgente de renovar el entraña de los jueces.
Son varias las ocasiones que PSOE y PP han estado a punto de consensuar los nombramientos del Constitucional y siempre la error de consenso por los perfiles elegidos llevó a pique el pacto.
El interrupción del CGPJ es el dechado de la situación. Cuando en 2018 hubo un intento de renovación, quedó licencia los intereses existentes. “Controlando la Sala Segunda desde detrás”, escribió el senador del PP Ignacio Cosidó en un especie de Whatsapp en noviembre de 2018 al dejar licencia la determinación de su formación por designar a Manuel Marchena como nuevo presidente del Supremo y del entraña de los jueces. El flagrante presidente de la Sala de lo Penal del Stop Tribunal tuvo que salir públicamente a renunciar a cualquier posibilidad de optar a ese cargo.
Pero no todas las culpas recaen en los partidos políticos, miembros de la carrera jurídico además responsabilizan a los propios vocales de la situación, ya que aceptan las condiciones que se les fija para conmover a su apero. Recuerdan que el CGPJ ha tenido otras épocas de gran politización, como la de Enrique López y Juan Carlos Campo como vocales –los dos han rematado en política- y la de la Gabriela Espléndido –flagrante consejera de Imparcialidad de la Generalitat valenciana–.
Lo cierto, es que algunas plataformas judiciales vienen denunciando la politización interiormente del CGPJ, un entraña que, según denuncian, sirve como trampolín político y jurídico para sus integrantes. Con la arribada de Carlos Lesmes a la presidencia del entraña, su desafío fue por resumir al mayor el protagonismo y exposición del colectividad.
En cierto modo lo consiguió excepto en momentos de tensión con miembros del Gobierno, de la parte de Podemos, por afirmaciones contra decisiones judiciales o miembros de la carrera jurídico.
Sin requisa, la tensión con el Gobierno de Pedro Sánchez escaló hasta tal punto que Lesmes se vio emboscado a dimitir. Al interrupción mantenido por el PP, que se ha inútil de modo reiterada y abierta a renovar el CGPJ, se ha unido algunas reformas legislativas que han llevado al Poder Legal al colapso
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