Pasan los días, pasan los meses y pasan los primaveras, pero el Consejo Común del Poder Contencioso (CGPJ), víscera de gobierno de la judicatura española, sigue atrapado en una situación manifiestamente irregular e inadmisible, debida a la caducidad del mandato de sus miembros, de la que por cierto se cumplen hoy cuatro primaveras enteros.
Quizás sea oportuno exprimir esta celebración para memorar el origen de tal situación, que contraviene lo dispuesto por nuestra Carta Magna, en la que se prevé la renovación del CGPJ cada cinco primaveras, y erosiona por consiguiente su fiabilidad y su prestigio. Volvamos, pues, a las fechas previas al 4 de diciembre del 2018, día en que estaba prevista la renovación todavía irresoluto hoy, un cuatrienio luego. Un mes antiguamente de esa momento, el PSOE y el PP tenían ya acordada una renovación del CGPJ que daría merienda vocales al PSOE y nueve al PP, reparto derivado de la nueva aritmética parlamentaria, tras la moción de censura de junio de ese año que dio el poder a los socialistas. Y que, por consiguiente, iba a corregir la correlación de vocales que databa del 2013, cuando presidía el gobierno Mariano Rajoy. Todo estaba encarrilado, incluso el acuerdo para situar en la presidencia del CGPJ y del Supremo a Manuel Marchena, presidente del tribunal de la causa por el procés independentista catalán. Pero, inconcluso ese mes de noviembre, trascendió un watsap del senador popular Ignacio Cosidó que señalaba a los miembros de su bancada que la presidencia de Marchena iba a permitirles controlar por la puerta de antes la Sala 2.ª del Supremo, que investiga entre otros los delitos de corrupción de los partidos políticos.
No cerca de felicitar a nadie por este cumpleaños, que es un ultraje para la democracia
Al conocer esa filtración, Marchena renunció a la presidencia. Acto seguido, los dos partidos mayoritarios dieron por roto el pacto de renovación. Y así seguimos en la contemporaneidad, pese a lo injustificable del caso, pese a las reconvenciones públicas y notorias de la Unión Europea para poner fin con carácter de emergencia a tal irregularidad, pese a que fuentes del Supremo han calificado la situación de “desastre institucional” y pese a las denuncias de Carlos Lesmes, que antiguamente de dimitir como presidente del CGPJ y del Supremo en octubre pasado, harto de la incapacidad de unos y otros para resolver la crisis, se refirió abierta y críticamente a “una clase política que hace prevalecer con demasiada frecuencia sus intereses partidistas sobre los generales de nuestra nación”.
Es cierto que los altos funcionarios de la equidad española tienen su cuota de responsabilidad en esta irregularidad, puesto que algunos asumen de buen porción su relación con derechas o izquierdas. Como pueden tenerla incluso determinados aspectos del ordenamiento constitucional. Pero es obvio que los dos grandes partidos tienen asimismo su cuota, en la medida en que no han sabido alcanzar o sostener acuerdos. Y incluso lo es que el PP bloquea este proceso, mediante una interminable y variopinta retahíla de excusas para tratar de argumentar sus obstáculos. Por ejemplo, que era inútil pactar con el PSOE porque este partido establecía acuerdos con Podemos o con independentistas; o porque Pablo Iglesias hacía declaraciones antimonárquicas; o porque ciertas convocatorias electorales estaban muy próximas; o por los indultos del procés ; o porque eran prioritarias reformas procedimentales...
A pesar de todo eso, el pacto entre PSOE y PP es posible. Lo demuestra el acuerdo que ya se urdió en el 2018. O el que se tejió en el año en curso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con nombres de vocales incluidos, hasta que el popular decidió romperlo, con una enésima excusa. Así hemos llegado hasta este cuarto aniversario de una caducidad, la del CGPJ, que es un ultraje para la democracia española, y por el que no procede felicitar a nadie.
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