España se halla en una difícil crisis institucional, mientras intenta sortear las consecuencias económicas de la lucha de Ucrania, como los demás países europeos. Hoy podía haberse cruzado una andana muy peligrosa si el Tribunal Constitucional hubiese prohibido al Congreso de los Diputados sufragar una propuesta del Gobierno, surgido de unas elecciones democráticas. Prohibir una votación parlamentaria es un asunto de gran calado en una democracia progresista.
Finalmente se ha impuesto un cierto sentido de la prudencia, y el Detención Tribunal ha pospuesto sus deliberaciones hasta el próximo lunes sobre la constitucionalidad de las nuevas normas planteadas por el Ejecutante para intentar desatascar el funcionamiento del Poder Contencioso, en lo que se refiere a la renovación de los mandatos caducados en el TC. Parece haberse impuesto a última hora un cierto sentido de la responsabilidad.
El Tribunal Constitucional evita cruzar una andana peligrosa
Hay que afirmar las cosas por su nombre. Habría sido la segunda vez, desde la restauración de la democracia en 1977, que una instancia estatal irrumpía en el Congreso para impedir una votación. La primera vez, la energía corrió a cargo de un congregación de guardias civiles dirigidos por un teniente coronel con mostachos decimonónicos, que querían ‘auxiliar’ España en presencia de el despliegue de las autonomías, que consideraban fuera de control. Ocurrió en febrero del 1981. Su energía, televisada en directo, rememoró las peores estampas de la España negra y puso de manifiesto la existencia de una difícil conspiración marcial cuyo gravedad y dimensión no serán del todo conocidos hasta que en este país no se desclasifiquen determinados secretos oficiales que permanecen sellados desde hace más de cuarenta abriles.
La sede del Tribunal Constitucional
Aquel cerril asalto al Congreso, que podía poseer concluido con la formación de un gobierno de pelotón franquista presidido por un marcial, acabó siendo un revulsivo, no sin bienes condicionantes sobre las competencias autonómicas, como pudo comprobarse al límite de unos meses al aprobarse la ley orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), anulada luego por el Tribunal Constitucional, cuando este organismo aún no había sucumbido a la lucha de guerrillas en su interior.
Anoche se planteaba una segunda vez. Esta vez, la votación en el Congreso habría sido impedida en nombre del garantismo judicial por el entraña encargado de velar por una correcta aplicación del orden constitucional. Un Tribunal Constitucional mermado, con cuatro de sus doce miembros con el mandato caducado (entre ellos, el presidente del tribunal), habría admitido a trámite a toda velocidad un apelación de amparo del Partido Popular, que pedía medidas ‘cautelarísimas’ para evitar que el Congreso votase el plan ministerial para acelerar una renovación parcial del TC.
El PP alega que el cambio normativo ha sido presentado mediante un conducto parlamentario inapropiado –enmiendas a una propuesta de reforma del Código Penal_ que le coloca en situación de indefensión. La votación parlamentaria tendrá extensión hoy en el curso de una maratoniana sesión, cargada de tensión. El plan ministerial será consentido con toda probabilidad y corresponderá al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre su adecuación a las normas constitucionales si es admitida a trámite la exigencia del PP.
Sufragar o no sufragar. La andana pasaba hoy por esa dilema. Y era una auténtica andana roja. Toda valor del Parlamento es susceptible de ser impugnada en presencia de el Tribunal Constitucional. Junto a la posibilidad de que el TC acabe admitiendo el apelación del Partido Popular y la medida aprobada hoy por el Congreso quede cautelarmente suspendida la semana próxima hasta una resolución definitiva. Pero el dilema de hoy era otro: sufragar o impedir la votación desde fuera del Parlamento.
Hoy se podía poseer establecido el precedente de la suspensión cautelar de votaciones parlamentarias. Si la prudencia no se hubiese impuesto, en estos momentos el titular sería: El TC impide por primera vez la celebración de una votación en el Parlamento castellano. Si la prudencia no se hubiese impuesto, a partir de ahora, cualquier diputado que lo considerase tácticamente oportuno intentaría apelar al Tribunal Constitucional para que frenase una deliberación en curso.
Puede alegarse que el ‘procés’ catalán sirvió de costado de pruebas para el sometimiento de una asamblea legislativa a las órdenes del Tribunal Constitucional. En el curso de la difícil crisis política catalana, el TC ha impedido varias votaciones del Parlament de Catalunya por entender que se sometían a aprobación medidas de carácter inconstitucional. Ambas situaciones no pueden parangonar. Lo que ahora está en discusión es la renovación de dos organismos vitales para el buen funcionamiento de la democracia –el Consejo Caudillo del Poder Contencioso y el Tribunal Constitucional-, no un plan de segregación. Comparar ambas realidades es un disparate. Documentar la una con la otra, una insensatez. Una mayoría de miembros del TC finalmente parecen haberlo entendido así.
Efectivamente, la cuestión ahora es otra. La cuestión ahora versa sobre la composición de dos organismos esencia del orden institucional. El tema no es la segregación. El tema es el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. El CGPJ es el entraña de gobierno de la carrera legal, cuyo presidente asume la presidencia del Tribunal Supremo. Al Tribunal Constitucional corresponde la última palabra sobre las leyes impugnadas. Aspectos sustantivos de la coetáneo sesión deberán ocurrir por el filtro del Supremo y del Constitucional. Vamos a poner unos ejemplos: corresponderá al Supremo fijar justicia en presencia de los bienes retroactivos que puedan
tener las últimas modificaciones en el Código Penal, referidos a los delitos sexuales, y a los delitos de sedición y malversación. Ya lo está haciendo en lo que se refeire a la aplicación de la nueva ley de Fianza Integral de la Igualdad Sexual. Corresponderá al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre las leyes más importantes aprobadas durante esta sesión. No todo se refiere a Catalunya, pero la cuestión de Catalunya vuelve a ser detonante de la tensión.
Lo que verdaderamente se dirime es la orientación de los órganos de casación y seguro en un país sin magistrados perpetuos. La derecha conservadora intenta congelar una correlación de fuerzas que le es propicio desde que el Partido Popular obtuviera la mayoría absoluta en 2011, pese a los cambios registrados en el Parlamento castellano en las últimas elecciones generales.
Hoy mismo, mientras el TC deliberaba la suspensión preventiva de la votación de la reforma que permitiría la incorporación de dos magistrados ‘progresistas’ (candidatos propuestos por el Gobierno), la mayoría conservadora del CGPJ convocaba pleno extraordinario para el próximo día 20 para sufragar a los dos candidatos propuestos por el coalición conservador de la magistratura. La sincronización de los dos movimientos era demasiado evidente: estamos en presencia de una batalla sin cuartel por el control de los órganos constitucionales en presencia de las decisivas elecciones legislativas que tendrán extensión en el interior de un año.
La andana que hoy se podía poseer cruzado era demasiado peligrosa. La coetáneo mayoría conservadora del TC inalmente no se ha atrevido a dar el paso y ello quizás sea motivo de consejo en el Partido Popular, partido ha demandante de la prohibición inusual de una votación parlamentaria. Alberto Núñez Feijóo fue preferido presidente del PP el pasado mes de abril. Asumió el cargo prometiendo un nuevo estilo de competición. Al límite de siete meses ha querido ser el promotor de una crisis intitucional inédita en España: la prohibición de una votación parlamentaria. Feijóo, el hombre que viajó en mayo a Barcelona para cuchichear de la ‘cuna catalana’ es hoy prisionero del ala más dura de la derecha española.
La consigna ‘gobierno ilegítimo’, rejonazo por la extrema derecha al principio de la sesión y progresivamente asimilada por el Partido Popular, está dando pie a reiterados llamamientos, desde diversas tribunas públicas, a la insubordinación del dispositivo del Estado durante el posterior año de sesión. Hay quien pide incluso la intervención del Rey. Ese es el situación.
La crisis institucional es difícil y no es tratable evaluar cuál será su traducción en la calle, a medida que los ciudadanos logren descodificarla. La mayoría parlamentaria que votó la investidura de Pedro Sánchez se halla hoy más cohesionada que nunca. En el interior de cinco meses habrá elecciones municipales y autonómicas en doce comunidades.
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