El enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por la crisis constitucional que vive la democracia española no parece tener marcha antes y las partes se adentran en el ámbito de lo desconocido, posteriormente de que el Tribunal Constitucional (TC) paralizara ayer la tramitación de las enmiendas a la reforma del Código Penal para proveer la renovación del mayor intérprete de la Constitución.
La valor del TC, allá de hacer como un punto de inflexión para hacer reflexionar a las partes, ha acabado todo lo contrario: fijar las posiciones de cada cual. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado el tiro. Si la reforma cuya tramitación se ha suspendido por el TC debía servira para desbloquear la renovación de este tribunal, cuatro de cuyos magistrados vieron su mandato expirado en junio, el principal del Ejecutante ahora pretende dirigir sus energías a la raíz del problema que no es otro que la renovación del CGPJ, cuyo mandato expiró hace más de cuatro primaveras. Los intentos de acometerla han regalado al traste por el sitio constante ejercido por el PP con una innumerable repertorio de motivaciones. Sánchez quiere poner fin a este sitio y con este objetivo ha anunciado medidas pero sin dar ningún detalle. Eso sí, acatando el sentencia del TC y la Constitución.
Por contra, el PP ya da por hecho que no habrá renovación del entraña de gobierno de los jueces y del TC en esta lapso exceptuado que Sánchez renuncie a abolir el delito de sedición y a abatir las penas por malversación, y se apruebe una reforma de la ley del Poder Legal que despolitice tanto el Consejo como el tribunal de garantías, unas condiciones que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado posteriormente de la comparecencia del principal del Ejecutante y sabiendo que este no va a cumplir.
“El Gobierno, como no puede ser de otra forma, aunque no compartamos la valor, acatamos la resolución adoptada ayer por la contemporáneo mayoría conservadora del Tribunal Constitucional”, ha asumido Pedro Sánchez, en la revelación institucional que ha protagonizado este martes desde la Moncloa. “Y igualmente, conforme a la ley y a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable sitio del Poder Legal y del Tribunal Constitucional. Y en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019”, ha listo el presidente del Gobierno en una revelación institucional.
Poco posteriormente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha rechazado exceder qué pasos va a dar el Gobierno o qué reformas va a emprender para proceder a desbloquear la renovación del CGPJ. Lo primero, ha señalado la portavoz, será analizar la resolución del TC, que ha calificado de "controvertida", y igualmente los votos particulares de los vocales del ala progresista. Fuentes del Ejecutante, no obstante, precisan que las siguientes decisiones que adopte el Gobierno se producirán en unos días, aunque sin concretar si antaño de que acabe el año o no.
Una posibilidad para lograrlo sería retomar la idea de corregir la ley del CGPJ para cambiar las mayorías necesarias para su renovación y obviar al PP, lo que permitiría a su vez desbloquear el resto de nombramientos en otras instancias judiciales, como el Tribunal Supremo -ahora bloqueados por ley- o el mismo TC. El Ejecutante ya coqueteó con esta posibilidad en el pasado para presionar al PP y alcanzar un acuerdo pero finalmente la desechó frente a los avisos en contra que llegaban desde la Comisión Europea.
Los grupos de la investidura, a disposición del Gobierno
En este sentido, los grupos que conforman la mayoría que apoya al Gobierno se han puesto a disposición de las iniciativas que adopte este para revertir el sitio de los órganos judiciales y constitucionales. Este martes en el Congreso dijeron estar a la expectativa de las iniciativas del Ejecutante la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, y el portavoz de Más país, Íñigo Errejón, quienes se mostraron antes dispuestos a decretar para zanjar con el contemporáneo régimen de nombramientos que permite al PP ayudar bloqueadas las altas magistraturas judiciales y el tribunal de garantías.
En todo caso, el Gobierno no admite crítica ni hace autocrítica sobre la reforma que ha intentado vía enmiendas. Rodríguez, al ser preguntada si el Ejecutante reconoce algún error en su táctica, ha afirmado que el error es rodear el CGPJ y ha anexo que recuperar la normalidad institucional significa que "haya quien no rompa las normales relaciones institucionales y el cumplimiento de la Constitución" trspasando toda la reponsabilidad al PP y a Feijóo, a quien la ministra de Honradez, Pilar Llop, ha marcado de ayudar secuestrado al poder sumarial e incluso de presumir de ello.
Y es que Feijóo había comparecido posteriormente de Sánchez para cargar contra las críticas vertidas contra el TC, que, según aseguró, se limitó a "defender" la democracia y acusó a Sánchez de suceder "copiado" el estilo de hacer política del independentismo como las "descalificaciones a los órganos del Estado, la omisión de la examen de cualquier proceso decisorio importante, o la postergación del parlamento mediante atajos para evitar controles democráticos". A su querella, el TC "no ha impedido un debate parlamentario" sino que "lo ha resguardado", porque ha frenado la "opresión" que suponía tramitar la reforma por la vía de necesidad y sin tomar antaño los informes de los órganos constitucionales.
Querrella criminal de Vox a Sánchez
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que el próximo viernes su clase parlamentario presentará frente a el Tibunal Supremo una querella criminal por "conspiración para delinquir" contra el presidente del Gobierno por la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y reforma el de malversación, que previsiblemente verá la luz verde definitiva el jueves en el Senado.
Para Vox, el tribunal de garantías constitucionales solo se ha pronunciado “sobre un atropello a los procedimientos” por “vulnerar derechos de los parlamentarios”, pero Abascal destaca que lo más agonizante es la parte que prosigue su tramitación, por lo que considera que "el impacto contra la convivencia, contra el Estado de derecho y contra la Constitución no se ha detenido" y califica la reforma del Código Penal como "el ataque más agonizante que ha sufrido la Consititución". Abascal ha marcado a Sánchez de “asaltar” la separación de poderes y de pactar con "unos criminales condenados y o fugados la impunidad de sus delitos", en referencia a los líderes del procés, y les "garantiza la impunidad para retornar a cometer los delitos".
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