Cándido Conde-Pumpido (La Coruña, 1949) pondrá un hebilla de oro a su carrera jurídica al presidir el Tribunal Constitucional los próximos primaveras y en el cargo tendrá la difícil tarea de reparar cierta pelotón en el entraña de garantías constitucionales hecha pedazos en las últimas semanas por las maniobras vinculadas a su propia renovación.
Será el encargado, entre otras cosas, de lanzarse las cuestiones que se van a sobrellevar a los sucesivos plenos. En este sentido están a la prórroga diversos medios y temas pendientes y especialmente polémicos que no se han llevado a pleno con la antedicho composición por desavenir a los magistrados. Entre estas cuestiones están el veredicto irresoluto sobre la ley del Malogro de José Luis Rodríguez Zapatero o leyes hado de Pedro Sánchez como la ley de Eutanasia, la ley de Educación, la ley de Protección de la Infancia, la ley rider, el polémico voto de la reforma profesional o la ley del Parlament que regula el catalán en la escuela. El pleno del TC todavía tiene irresoluto deliberar sobre dos reformas del CGPJ promovidas por el Gobierno para tratar de forzar su renovación y sobre el escaño retirado al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras ser condenado.
Diplomado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, Conde-Pumpido viene de una comunidad de eminentes juristas e inició su carrera legislativo en 1974 como mediador de primera instancia en Puebla de Sanabria (Zamora) y Carballino (Orense) y en 1981 ascendió a magistrado. Tras una temporada en el País Vasco como magistrado en la Audiencia Provincial de San Sebastián, pasó a presidir la Audiencia Provincial de Segovia y en 1995 fue popular magistrado de la Sala Segunda del Supremo, siendo entonces el más chavea del Detención Tribunal con 46 primaveras. Lo hizo apadrinado por su padre Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que llegó a ser el número 2 del Empleo Fiscal pero cuya figura ha sido ampliamente superada y eclipsada por su primogénito.
El miembro más chavea del Tribunal Supremo y fundador de la progresista AJD
Miembro de Ecuanimidad Democrática, fue uno de los fundadores de la Asociación Jueces para la Democracia. Durante su estancia en San Sebastián fue todavía uno de los fundadores, en 1984, de la Asociación Pro Derechos Humanos en el País Vasco, así como de la Asociación Magistrados Europeos para los Derechos y las Libertades (MEDEL).
En 2004 fue popular fiscal normal del Estado por José Luis Rodríguez Zapatero, cargo que repitió para un segundo mandato en 2008, siendo el primero popular conforme al nuevo sistema establecido por la reforma de 2007 del Estatuto del Empleo Fiscal de la que él fue uno de los promotores más destacados. En este cargo, reforzó la actividad de la Fiscalía de la Audiencia Doméstico contra el terrorismo islamista como respuesta al atentado del 11 de marzo de 2004. En relación con el terrorismo de ETA obtuvo en diversos procesos la ilegalización de varias marcas electorales encubiertas de Herri Batasuna que no condenaban el terrorismo en virtud de la ley de partidos. Creó tres Fiscalías especializadas, en Menores, Criminalidad Informática y Cooperación Internacional y promovió la Fiscalía Europea.
En febrero de 2009 participó en la Corte de Casación de París en la constitución de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea. En mayo del mismo año fue electo, en Praga, presidente de la Red. Es guía desnarigado del Consejo de Estado desde mayo del año 2004.
En 2017 fue electo magistrado del TC a propuesta del Senado
En 2017, fue electo magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado. En el entraña de garantías, fue ponente de distintas sentencias, entre ellas, la que estableció que la Constitución excluye, por regla normal, la utilización periodística de cámaras ocultas y la que declaró la inútil del precepto constitucional que posibilitaba la compilación por los partidos políticos de datos personales referentes a la ideología de los ciudadanos. Asimismo fue ponente de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del sistema de cálculo de la pensión de pensión de los trabajadores a tiempo parcial, apreciando discriminación directa e indirecta por razón de artículos y declaró la inconstitucionalidad parcial del Código Tributario de Catalunya.
Se apartó en las deliberaciones del 'procés' tras ser recusado
Fue todavía el coordinador de las sentencias dictadas en medios de amparo relativos al proceso penal que enjuició en el Tribunal Supremo a los responsables del procés, hasta que fue recusado por Carles Puigdemont y otros encausados por supuesta pérdida de imparcialidad, en cuyo momento se abstuvo voluntariamente de las causas. Los medios alegaban que en una conferencia en el Congreso de los Diputados calificó de "amenazas" al orden tolerante los hechos que se habían producido en Catalunya durante el otoño del 2017 y añadió que los líderes independentistas se habían "rebelde" contra la soberanía franquista con las denominadas leyes de desconexión.
Criticó a la mayoría conservadora por la sentencia contra el estado de sobresalto
En junio del 2021 se posicionó, anejo con el presidente del Tribunal y otros tres magistrados, en contra de la sentencia mayoritaria que consideró que para enfrentarse a la pandemia de la covid, el Gobierno debería acontecer obvio el estado de excepción en espacio del estado de sobresalto. En su voto particular, el magistrado criticó a la mayoría de realizar una sentencia “escueta y frágil” basada en argumentos más propios de “juristas de salón” que de intérpretes de la Constitución. Después pidió disculpas por expresiones “desafortunadas” que finalmente optó por retirar del texto.
Es autor de numerosas publicaciones en materia penal y procesal.
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