El fiscal general da la orden de oponerse a la revisión de los casos graves de malversación

El fiscal normal del Estado, Álvaro García, ha emitido hoy un decreto, de obligado cumplimiento para los fiscales, para delimitar la revisión de las condenas por malversación de caudales públicos, tras la reforma que ha entrado en vigor en el que se cambia el tipo penal para hacer distinción entre la existencia de talante de provecho o no. 

A pesar de querer delimitar la aplicación a los ya condenados, García apoya la reforma al entender que amplía el ámbito de tutela penal del patrimonio conocido, pues la entrada de la figura de la malversación sin talante de provecho así como la del ganancia ilícito implicarán que "ninguna conducta malversadora quede impune y que cualquier atentado contra los caudales públicos tenga una respuesta penal".

El criterio que seguirá la Fiscalía es que no se revisarán las sentencias condenatorias por delitos de malversación apropiatoria que se hayan dictado tras la reforma del Código Penal de 2015 que ya endurecía el tipo penal, "puesto que la nueva ley ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación".

Asimismo, aclara que el talante de provecho adeudado por el nuevo delito de malversación se apreciará en todos los casos en los que el responsable actúe "con conciencia y voluntad de disponer del patrimonio conocido como si fuera propio, destinándolo a fines ajenos a la función pública para conseguir una preeminencia o beneficio propio o desconocedor de cualquier tipo".

Por consiguiente, "el talante de provecho todavía se apreciará cuando el responsable del delito no persiga la elaboración de una preeminencia patrimonial o un incremento crematístico personal".

Por otra parte, recoge que la supresión por el diputado de la malversación en su modalidad de despacho desleal solo afectará a los hechos cometidos entre el 1 de julio de 2015 y el 11 de enero de 2023, pues estas conductas no eran delictivas antaño de aquella aniversario.

"En todo caso, la despacho desleal del patrimonio conocido no será impune, sino que seguirá siendo perseguible penalmente tras la reforma de la ley", asegura.