El Sindicato de Mandos de las Policías Locales de Catalunya (SICPOL) se ha demandado contra el concejal de Medios Humanos de Badalona (Barcelonès Nord) por "ocultar" quince expedientes de información reservada abiertos a agentes de la Guàrdia Urbana (GUB) y por su inacción delante una "huelga ajuste" en el cuerpo.
En la querella, el sindicato de mandos atribuye al botellín teniente de corregidor y concejal de Hacienda y Medios Humanos del Junta de Badalona, el republicano Manel Sorribas, los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, omisión del deber de perseguir delitos y fraude a la Seguridad Social.
Sin reacción municipal
El Junta de Badalona ha rechazado valorar la interposición de esta querella, mientras que Sorribas ha indicado que no ha recibido ninguna notificación oficial y que no se pronunciará hasta que haya podido analizar el documento.
El SICPOL subraya en su escrito que la Custodia Urbana de Badalona ha efectuado un total de 17 procedimientos de investigación interna desde 2020 por acciones que podrían ser constitutivas de infracciones disciplinarias graves o muy graves e incluso delictivas por parte de algunos agentes del cuerpo y que, una vez finalizados, los expedientes fueron traspasados al mayor responsable de Medios Humanos, que solo abrió dos expedientes disciplinarios, de los cuales uno ha prescrito.
Según la querella, interpuesta delante los juzgados de Badalona, donde está irresoluto de reparto, el concejal, "con pleno conocimiento y con voluntad de hacerlo", ha "ocultado" y "escondido" los otros quince procedimientos de información reservada, cuya resolución era de su competencia. De hecho, en algunos de los expedientes que se hicieron montar al botellín teniente de corregidor se advertía de la indigencia de dar cuenta de su contenido a la autoridad legal, delante la posibilidad de que se tratara de un hecho delictivo.
Según la querella, pese a que los mandos de la Urbana de Badalona solicitaron que se diese el "impulso necesario" a estos procedimientos, el campo de acción de bienes humanos dirigida por el demandado no adoptó las "medidas necesarias". De los 17 procedimientos de información reservada, solo consta que el demandado incoara en dos casos los correspondientes expedientes disciplinarios, uno de ellos a un agente que presuntamente perdió su armamento reglamentaria en un cine y lo ocultó a sus superiores.
El corregidor, Rubén Piedra, conversa con Nora San Sebastián frente a Manel Sorribas
El otro expediente ha caducado por exceder el plazo reglamentario de seis meses para tramitarlo, por causas "totalmente" ajenas al instructor y sí "directamente imputables" a la "inacción injustificada" del área de Medios Humanos, según la querella. De los otros quince procedimientos de información reservada no se ha derivado por parte del demandado la tolerancia de ningún expediente disciplinario, "con el peligro de prescripción" de las infracciones supuestamente cometidas por los agentes, algunas de ellas presuntamente de naturaleza penal, según la querella.
Paralelamente, el SICPOL todavía sostiene que el demandado no ha activado "ningún tipo de gobierno" para investigar una supuesta "huelga ajuste" por parte de algunos agentes de la policía específico de Badalona, pese a que "podía tener indicios suficientes" de que algunas de sus conductas podían ser constitutivas de delito. Pese a tener la "obligación de intervenir", el demandado "no ha hecho nadie al respecto", según el sindicato de mandos.
Expedientes por la huelga ajuste
En concreto, durante noviembre de 2022, casi el 40 % de la plantilla pidió la depreciación sindical, en un caso en el que, según la querella, existen "suficientes indicios" que apuntan a una "posible huelga ajuste" que, más allá de los "perjuicios causados a la seguridad pública", podría suponer un delito contra la Seguridad Social.
De hecho, el área de Alcaldía de Badalona acordó desobstruir una investigación interna para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias o incluso penales, luego de que el 10 de noviembre 2022 se presentaron de adversidad en la policía específico 70 bajas médicas por indisposición, lo que se ha ido reiterando de forma periódica luego.
El superintendente de la Guàrdia Urbana, Conrado Fernández, en una foto inmediato a la exalcaldesa Sabater 
Según la querella, el impacto de estas bajas en una plantilla de 234 miembros motivó que, oportuno a la descuido de efectivos, se tuviese que contratar por vía de necesidad un servicio de seguridad privada para efectuar determinados servicios y que durante varios días se hayan tenido que derivar la destreza totalidad de los requerimientos a los Mossos d'Esquadra.
El SICPOL subraya que en la resolución que acordó la contratación extraño por emergencia de un servicio de vigilancia a tres edificios municipales -entre ellos la sede del consistorio-, se acordaba trasladar a Medios Humanos toda la información para que pudiera desobstruir una información reservada para comprobar los hechos, aunque no consta que lo haya hecho.
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