El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado este miércoles el procedimiento frente a el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno por considerar que invade las competencias autonómicas en política fiscal de la región.
En su confrontación directa con el Gobierno central, Ayuso argumenta que la citada medida no solo va "contra del parquedad y la inversión", sino que, por otra parte, está diseñada específicamente contra Madrid y Andalucía -ambas comunidades gobernadas por el PP, al ser regiones donde está bonificado el impuesto de patrimonio.
Así lo ha señalado el vicepresidente y portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, calculando que este impuesto "provocará que la Comunidad de Madrid tenga unas pérdidas de entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año" porque frenará las inversiones extranjeras en la región.
La Comunidad de Madrid, no obstante, ha maniobrado adentro de sus competencias para atenuar ese impacto y pondrá en marcha una deducción fiscal del 20% a inversiones extranjeras en la región.
Los fundamentos jurídicos sobre los que se desarrolla el procedimiento al Detención Tribunal se centran en que "el nuevo impuesto suplanta las competencias autonómicas para la encargo de los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008".
El diseñado por el Gobierno central, a su parecer, "impone una cuota doméstico para todas las regiones de régimen popular, invadiendo la encargo de las autonomías en la materia, lo que perjudica de modo singular a los contribuyentes madrileños", según el artículo 156 de la Constitución.
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