La última reunión de la mesa de diálogo puede acontecer sido la del 27 de julio del año pasado. Cada uno de los tres encuentros no deja de ser una escenificación, pero dan fe del clima de la relaciones entre los gobiernos castellano y catalán. El Tribunal Supremo y la Fiscalía han hecho caso omiso de las modificaciones en el delito de malversación y hasta hoy la Moncloa y la Generalitat tan solo se han cruzado reproches por los resultados de la reforma del Código Penal. Hoy, el Govern ha cedido por prácticamente hecho que una nueva tiraje de ese espacio de negociación no se va a dar en todo el 2023. Lo atribuye al contexto contemporáneo, con elecciones municipales –y en algunas comunidades todavía elecciones autonómicas- el 28 de mayo, y generales, previsiblemente a finales de este año.
Así, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado este mediodía en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu que no ha habido contactos entre los dos gobiernos y se ha mostrado poco confiada con respecto a una nueva cita de la mesa de diálogo. “En el momento en el que nos encontramos, por el contexto electoral, es aún más complicado [que haya una nueva reunión] de lo que ha venido siendo en los últimos dos abriles”, ha admitido Plaja ayer de afirmar que no está previsto otro concurrencia.
De todos modos, la portavoz ha valorado “la organización de negociación” que ha empleado el Govern en esa mesa. El delito de sedición ha caído del Código Penal, se ha modificado la malversación, se indultaron las penas de presión para nueve líderes independentistas –aunque se mantienen para algunos de ellos las inhabilitaciones- y se modificó la composición del Tribunal de Cuentas.
“¿Estamos donde queríamos? No, evidentemente. Por eso se continúa trabajando y luchando por la gracia”, ha manifestado la portavoz. Plaja ha destacado que el Govern, en esa mesa, ha cedido “pasos muy importantes” adentro de los márgenes de la política, sin ignorar que los “tribunales españoles continúan con la persecución sistemática” contra el independentismo. Para Plaja, los escritos de las Fiscalía, que pide condenas de prisión de siete y seis abriles para los considerados arquitectos del 1-O, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, son una muestra más de que hay una “causa universal contra el independentismo”.
Para la portavoz del Govern, "el cierto problema" está en las "ganas de venganza" de la cúpula sumarial española
La portavoz ha dejado atisbar que el Govern poco puede hacer en el ámbito sumarial, sino es aparecer a los tribunales europeos para denunciar que la cúpula sumarial española “continúa haciendo política”.
En todo caso, el Govern ha reclamado “valentía” a Pedro Sánchez tras afirmar el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que con las imputaciones de la Fiscalía a Jové y Salvadó se evidencia que los hechos del 1-O no quedan despenalizados. ERC exigió el lunes al PSOE que defienda la reforma del Código Penal que impulsaron uno y otro actores y acusó al presidente del Gobierno de “acomplejarse” frente a la extrema derecha. No obstante, Plaja ha querido dejar claro que “el cierto problema” está en las actuaciones de los tribunales y “las ganas de venganza” que demuestran.
Sobre esta reforma del Código Penal. Aragonès se comprometió hace meses a comparecer en el Parlament para dar explicaciones. Junts le reclama que cumpla su palabra día sí y día todavía. Hoy, Plaja ha esquivado pronunciarse sobre una posible comparecencia y ha argumentado que en todo caso el president ya ha cedido explicaciones tanto en sabido como en privado. La portavoz ha justificado que la atención del Govenr se ha fijado estos meses en la negociación de los presupuestos de la Generalitat del 2023, que todavía están tramitándose en la Cámara catalana, por lo que no ha podido, según ha dicho, emprender otras actuaciones, como serían todavía los trabajos para formar un acuerdo de claridad que fije las condiciones de un hipotético referéndum pactado con el Estado.
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