El Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad el decreto ley digital del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar lo que se conoce como "república digital" catalana.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el pleno del tribunal de garantías rechazó en su zaguero cónclave el petición del Govern contra el Actual Decreto sobre seguridad digital, que permite al Ejecutor intervenir servicios digitales si amenazan al orden conocido, en una de las primeras votaciones importantes en que se alcanza la unanimidad con la nueva composición del tribunal.
Dicho decreto fue calificado por sus críticos como "decretazo digital" y el exconseller Jordi Puigneró lo tildó de "155 digital". De hecho, tras conocer la audacia del TC el propio Puigneró ha replicado en su cuenta de Twitter que "como siempre, unidos contra Catalunya" y ha emplazado al Govern a acudir el desacierto a las instancias europeas.
El Govern entendía que el decreto afectaba competencias de la Generalitat en cinco ámbitos: infraestructuras digitales y despliegue de la fibra óptica; identidad digital, despliegue de la suministro digital, ciberseguridad y contratación pública.
El Consejo de Ministros dio luz verde el 31 de octubre de 2019 a este Actual-Decreto, cuya puesta en marcha fue anunciada por Sánchez para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la "república digital" catalana.
Permite al Gobierno, con carácter admirable y transitorio, establecer la responsabilidad por la Empresa Normal del Estado de la mandato directa o intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en tres determinados supuestos excepcionales: que puedan afectar al orden conocido, a la seguridad pública y a la seguridad franquista.
Partidos como ERC y EH Bildu mostraron su concurso al mismo y pidieron su "inmediata" derogación por considerar que ponía en peligro los derechos básicos. Además varias organizaciones en defensa de los derechos digitales, de internautas, consumidores y juristas pidieron al Defensor del Pueblo que lo llevase al TC al entender que afectaba a derechos fundamentales, si proporcionadamente este entraña lo rechazó por haberse iniciado acciones en este sentido por parte de otras entidades.
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