La esperada reconocimiento de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo a España se salda con un manido bueno caudillo, aunque con algunas peticiones de cuestiones a mejorar. La presidenta de la delegación, Monika Holhlmeier, que ha itinerario los principales centros económicos y ha dialogado con sus actores, ha expresado ayer de regresar a Bruselas un tono conciliador y ha obligado no acontecer contrario grandes problemas en forma de fraude durante la diligencia de los fondos europeos que están administrando las autoridades nacionales. La cometido sí que ha dejado algunas “recomendaciones” relacionadas con la transparencia, la agilidad de los trámites y la lucha contra la corrupción. Sobre la reforma del delito de malversación ha afirmado que ese no era el motivo de su presencia.
Tras tres jornadas de reconocimiento, los diez eurodiputados se marchan admitiendo que España está cumpliendo con la reglamento en vigor y con unas conclusiones muy diferentes a aquel “no sé dónde está el efectivo” que pronunció en enero. “No, no hemos descubierto ningún fraude”, ha obligado en la rueda de prensa posterior que ha puesto punto final al alucinación. Holhlmeier ha valorado como positiva la “transigencia” que han protagonizado los ministerios, las comunidades autónomas o las patronales con quienes se han entrevistado.
En esas cuestiones a mejorar por parte de España, la comisión de control presupuestario ha destacado que, aunque “muchos de los datos están a disposición de los usuarios, es difícil encontrarlos”. “La búsqueda resulta minuciosa y difícil”, ha criticado Holhlmeier, que ha pedido al Gobierno “que la información se publique de una guisa más accesible y ayer".
Sobre el criticado sistema de información CoFFEE, el panel de control del Empleo de Hacienda donde se vuelcan todas las convocatorias y adjudicaciones relacionadas con el Plan de Recuperación, la comisión de eurodiputados ha obligado que “está eficaz”, pero con “retrasos”. En este momento, el área de María Jesús Montero está trabajando con comunidades autónomas y ayuntamientos en volcar al sistema la información que sirve para realizar la auditoría. “Reconocemos los esfuerzos de las autoridades”, ha dicho Holhlmeier, aunque “recomendamos que se faciliten su interoperabilidad con otras herramientas, como Fenix”, la plataforma de fiscalización de la Comisión Europea”. “Aún no es posible seguir el huella de los fondos hasta el destinatario final”, ha concluido la alemana.
Lucha contra la corrupción
La cometido reconoce que la reforma de la malversación es ajena a su reconocimiento
Una de las principales conclusiones de la reconocimiento, y en ello ha puesto empaque Holhlmeier, es la lucha contra la corrupción en el reparto de los fondos europeos, cuestiones que la comisión ha recomendado al Gobierno reanimar. La delegación ha concluido que debe acontecer una “tolerancia cero”. Una parte de los eurodiputados igualmente preguntaron a sus interlocutores durante estos días en Madrid por la reforma del Código Penal para arreglar el delito de malversación, mostrando su preocupación por el cambio, aunque finalmente, en sus conclusiones, han admitido que esta reforma es ajena a su reconocimiento y que, encima, no han hablado con el Empleo de Honestidad.
“No debe acontecer ningún supuesto para ninguna persona que cometa corrupción”, en las leyes españolas, ha pedido la comisión. “Queremos que el Gobierno castellano fije una segmento en el control presupuestario para batallar contra la corrupción”, ha añadido. Las autoridades españolas han comunicado que sí, que se comprometen a evitar los fraudes.
Cuestión de la Comisión
Reforma de pensiones: “No hay perspectiva de cortarle el válvula del efectivo a España”
Sobre la reforma de las pensiones, estancada en este momento y que ya tendría que estar aprobada, la eurodiputada germana ha obligado que España va rezagada en este hito, pero ha concluido que “no hay perspectiva de cortarle el válvula del efectivo a España”. Se ha referido a la posibilidad de suspender los fondos europeos por este incumplimiento, cuestión que ha dejado en manos de la Comisión Europea. Ha añadido que es “una cuestión viva y dinámica”.
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