Los fabricantes de automóviles están ofreciendo a Reyes Maroto un final de mandato en el Empleo de Industria, Comercio y Turismo con una completa escuadrón de peticiones, alguna de ellas en forma de serios avisos. A las ya tradicionales reclamaciones de mejorar la segunda entrega del Perte del transporte eléctrico y de ayudar con incentivos fiscales la importación de utilitarios electrificados se ha sumado hoy una nueva: que el Gobierno de España no apoye la nueva legislatura europea anticontaminación, Euro 7. La norma llevaría aparejada importantes limitaciones a las emisiones contaminantes de los motores de combustión y el sector quiere que no sea una opción traumática.
La petición ha llegado de la mano de Wayne Griffiths, presidente de Seat y Cupra. “No tiene sentido apoyar como país la legislatura Euro 7”, proclamó hoy en un acto organizado por la patronal de fabricantes Anfac, de la que incluso es presidente, celebrado en Madrid. Griffiths ha expuesto que esta legislatura, si la propuesta de la Comisión llega a buen puerto, tendrá implicaciones directas en el faltriquera de los conductores españoles. “Los coches van a subir de precio unos 2.000 euros de media y va a afectar a los vehículos más pequeños, que son los más vendidos”, ha pronosticado. El mayor ejecutor de Seat advirtió, encima, de que “estamos en peligro positivo de cerrar fábricas y perder miles de empleos en España”.
“Hay que ser pragmático –añadió-; no estamos en contra de la euro 7, pero sí reclamamos unos plazos que se pueden cumplir. De forma ordenada y fiable”, pidió Griffiths en presencia de la ministra Maroto y del nuevo comisionado para el Perte del transporte eléctrico y conectado, José María López. Citó, encima, que “mientras Europa exige restricciones para datar a las cero emisiones, EEUU y China incentiva” al sector.
Esta petición de no apoyar la legislatura euro 7 ya la hizo directamente frente a Pedro Sánchez el nuevo consiliario delegado del género Volkswagen, Oliver Blume, en el disputa que mantuvieron hace unos días en La Moncloa.
La legislatura anticontaminación tiene que aprobarse por unanimidad por parte de los países de la UE, de forma que si España, como potencia del sector automovilístico, expresa sus dudas podría suavizarse en algunos términos. La propuesta contempla, por ejemplo, disminuir las emisiones de óxido nitroso (NOx) de los motores diésel de 80 a 60 mg/km, lo que probablemente podría dictar su final anticipado. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 2025 y el objetivo es disminuir esas emisiones totales un 35% en 2035.
En la reunión en La Moncloa
El nuevo consiliario delegado de Volkswagen ya pidió a Sánchez no apoyar la norma
“Necesitamos una nueva política industrial” y “que el transporte de cero emisiones sea parte de la opción y no del problema”, ha expuesto Wayne Griffiths en el acto sectorial. “Necesitamos una movilidad más equilibrada”, ha añadido. Para conseguirla, en su opinión, el Gobierno debería “ayudar” a que los coches electrificados sean más accesibles, “incentivar la importación” de este tipo de vehículos y “apoyar la infraestructura de recarga” de una forma más intensa. “Hay que acelerar, tenemos que interpretar ya”, concluyo.
Griffiths no es el primer representante del sector del automóvil que reclama al Gobierno oponerse a la legislatura anticontaminación que prepara Bruselas. Hace unos días, el consiliario delegado de Renault, Luca de Meo, incluso se refirió al posible obstrucción de fábricas, lo que tendría unos existencias negativos en varios polos industriales en España.
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