Aunque los socialistas han legado su apoyo a los presupuestos de la Generalitat, la ley de medidas de escolta, que se tramita conjuntamente, supone para el PSC un motivo de fricción con ERC, hasta el punto de que las espadas siguen en suspensión en forma de merienda enmiendas propias a desliz de ocho días para que se celebre el pleno, el próximo 10 de marzo, en el que el Parlament ha de aprobar las cuentas públicas de este año.
La portavoz del comunidad PSC-Units per Avançar, Alícia Romero, ha defendido esta mañana en la Cámara catalana la "honradez" con el Govern en cuanto a la ley de presupuestos, que no ha sido objeto de ninguna reforma porque fue fruto de un acuerdo ampliamente dependencia y cuyo articulado ya está cerrado. Pero no sucede lo mismo con la ley de medidas de escolta, en la que, según fuentes, socialistas ERC ha tratado de "colar" algunas propuestas no consensuadas.
Romero ha recordado que el PSC tuvo conocimiento del contenido de esta ley "no pactada" por los medios de comunicación y, aunque ha resaltado la voluntad de acuerdo de su comunidad, que ha permitido la presentación de 64 enmiendas conjuntas con ERC, ha señalo que hay otras merienda que son motivo de desacuerdo, aunque se ha mostrado jovial de cara a que de aquí al viernes de la próxima semana "hay ganancia" para negociar y alguna de ellas podría retirarse.
En concreto, los principales puntos de desacuerdo entre PSC Y ERC son el software piloto para desarrollar la renta básica universal en Catalunya, que no tiene una consignación económica específica en los presupuestos pero que fuentes del Ejecutante han criptográfico en una partida original de 40 millones de euros, y la osadía de dejar en manos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) la regulación tarifaria del suministro en toda el radio metropolitana de Barcelona.
En estos dos puntos el PSC muestra su decidido rechazo a la posición del Govern, al que fuentes socialistas acusan de no negociar con los demás grupos para aprobar sus iniciativas pese a su manifiesta minoría parlamentaria, y por ello los socialistas no descartan durar a acuerdos con Junts para que sus enmiendas salgan delante.
Así las cosas, mañana viernes, en la votación previa al pleno que se producirá en la comisión de Economia i Finances, se obtendrá una primera impresión del inteligencia del posible acuerdo transaccional entre socialistas y posconvergentes, que igualmente han presentado su propia reforma contraria a la prueba piloto sobre la renta básica universal.
Los socialistas entienden que es una iniciativa para la que no habría parné suficiente si se universalizara, ya que supondría un desembolso de 55.000 millones de euros, y que, luego, ahora, en un contexto de tranquilo crisis económica y con buena parte de la población con dificultades de subsistencia, no se debería enfrascarse ni un euro a un plan piloto que supone destinar 800 euros a las personas agraciadas.
Encima, estas fuentes sostienen que el propio Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha recomendado sustituir este artículo de la ley de escolta, porque el Govern no tiene capacidad para hacer durar la renta básica universal a toda la población. "La renta básica no se puede aplicar en Catalunya, no tenemos capital para hacerlo", indican en el PSC, que no entiende por qué ERC no se replantea este "compromiso".
Ayer martes, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, advirtió a los socialistas de que sus enmiendas contravenían el pacto de presupuestos del Govern, de ERC, con el PSC y los comunes, que acordaron no presentar ni apoyar iniciativas que modificaran el contenido ni "espíritu" de lo sensato. Pero Romero argumenta que los presupuestos no prevén ninguna partida para la renta universal, por lo que lo más coherente con el "espíritu" del las cuentas es que la ley de medidas no incluya ninguna asignación para el plan piloto.
Romero igualmente ha replicado al conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que en una entrevista en Ràdio Estel afirmó que el PSC se comprometió a no enmendar el plan: "Él no estaba en las reuniones y luego no sé si puede aseverar a lo que nos comprometimos", ha sentenciado la portavoz del PSC.
Por otra parte, en cuanto a la reforma referida al traspaso de la competencia para fijar las tarifas del agua a la ACA en el radio metropolitana de Barcelona, Romero ha defendido que esta previsión "va en contra de la autonomía municipal" y ha confiado en obtener el apoyo de las demás fuerzas para evitar que este cambio salga delante.
Encima, el PSC estudia la reforma sobre los macroproyectos presentada por Junts, pero confía en el cumplimiento de su propio acuerdo con el Govern sobre la cuestión, y asimismo es consciente de que su propuesta para modificar la ley de Ordenamiento de Servicios Jurídicos de la Oficina para hacer frente a tramas de espionaje como la del caso Pegasus, en la que pretende diferenciar la revelación de secretos de la vida privada de las personas de aquellos otros que afectan a su función pública, difícilmente prosperará.
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