Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, y Jordi Puigneró, vicepresidente, comparecieron ayer para hacer arqueo del primer año de su Gobierno. Aragonès lo calificó de “satisfactorio”, basándose en el hecho de que, según sus cálculos, el Govern habría transmitido ya cumplimiento en un año al 33,9% de los cientos de medidas que tenía en cartera al inicio de mandato. El president desglosó este cumplimiento en varios apartados, pero no entró en el detalle.
No es de desterrar que el Govern –este o cualquier otro– presente su laboreo bajo las luces más favorables. Lo contrario sería tirar piedras sobre el propio tejado. Pero se hace difícil olvidar que el entorno en que trabaja dista de ser ideal. En parte por factores externos: el Govern echó a transitar cuando la pandemia rugía aún con fuerza, y ahora que ya va remitiendo hemos entrado en una etapa marcada por la invasión rusa de Ucrania, que ha trastocado la bienes y ha disparado la inflación. Pero, por otra parte, el entorno interno del Govern siquiera es el idóneo para que trabaje a pleno rendimiento y talento la máxima eficiencia. Ello se debe, en gran medida, a las ya estomagantes rencillas entre ERC y Junts, las dos fuerzas del Ejecutante catalán, que merman su energía, y han sido decisivas en asuntos como la pérdida de la inversión estatal en el aeropuerto. No diremos que las dos fuerzas tengan idéntica responsabilidad en su pugna. Pero ambas tienen la suya.
El president califica de “satisfactorio” lo hecho, pero las pugnas siguen debilitando al Govern
Esta restricción, autoinfligida y asumida, hay que situarla en el debe del Govern, y en el de sus dos integrantes. Otra restricción es la del insuficiente avance en las relaciones de la Generalitat con el Estado, con el objetivo de reanudar el diálogo y tratar de disminuir la tensión, además esterilizante, que de tal desencuentro se deriva. Aragonès suele responsabilizar de ello –ayer volvió a hacerlo– al Gobierno central. Pero es un hecho que la fluidez o el estancamiento de estas relaciones debe atribuirse a ambas partes, cuyos anuncios, raramente cumplidos, de nuevos encuentros luego no realizados rozan ya lo patético. Parece, pues, necesario recapacitar que dichas reuniones no son un fin per se: lo deseable no es que se convoquen –eso se da por hecho entre quienes dicen querer sentarse y conversar–, sino que se realicen y fructifiquen. Cierto es que el caso Pegasus no ha contribuido a ello. Pero además lo es que, ayer de que se desvelara, el ritmo de reuniones no era mucho más suspensión.
Para los numerosos catalanes que desearían que las prioridades del Govern volvieran a ser las anteriores al procés , la gobierno sigue siendo lo más urgente. Y aún más cuando incluso un organismo de apremiante anhelo segregacionista, como la ANC, que en su día vaticinó la independencia para el 2015, la aplaza ya hasta el 2025.
Desde la óptica de la gobierno, hay que asegurar que la cosecha legislativa de este primer año no ha sido, ni de allá, rico. Que el debate de la política catalana se centra ahora, tras la valor del TSJC de imponer el 25% de enseñanza en castellano, en la política filología y la pobreza de un acuerdo sobre esta materia, al fin corto ayer por ERC, Junts, PSC y comunes, esencial para la convivencia en Catalunya. Que el conseller de Educació ha rematado poco difícil: unir a sindicatos, directores, profesores y familias en su contra. Y que la deseada recuperación económica se aplaza por la querella en Ucrania.
Con todo lo dicho, y pese al papel tutelar de Oriol Junqueras, que relativiza su liderazgo, Aragonès ha hecho posible un estilo pragmático y discreto, opuesto al de los dirigentes de Junts, que prefieren el ruido a las nueces. Ese estilo no ha transmitido todavía grandes frutos. Pero, si se persevera en esta orientación, es probable que pronto los dé.
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