El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha cerrado la instrucción de la causa por desobediencia tranquilo contra la consellera de Civilización y diputada, Natàlia Garriga (ERC), por su papel en la estructura del referéndum ilegal del 1-O y ha modificado encima el automóvil de procesamiento contra ella dejando sin impresión su procesamiento por malversación de caudales públicos.
En un automóvil fechado el 26 de mayo la magistrada de la Sala Civil y Penal del parada tribunal catalán María Eugenia Alegret cierra la instrucción y la acumula a la que ya seguía contra los igualmente diputados aforados republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que están a punto de inteligencia.
Garriga, que fue detenida yuxtapuesto a otros altos cargos del Govern durante la operación de entrada y registro del 20 de septiembre del 2017 en el Departament d'Economia i Finances, estaba procesada inicialmente por un delito de malversación y desobediencia tranquilo por el judicatura de instrucción 13 de Barcelona por su presunta billete en la estructura y transporte del referéndum del 1-O desde el cargo de directora de servicios de la Secretaria Universal de Vicepresidència que ocupaba en octubre de aquel año.
En concreto, el automóvil de procesamiento consideraba que la ahora consellera intervino en la circunscripción y acondicionamiento de una nave anexa a las instalaciones del CTTI como un espacio multifuncional destinado a ser utilizado de 'call center' para varios procesos electorales, entre ellos el del 1-O.
Garriga habría firmado la adjudicación de los proyectos básicos y ejecutivos de inmueble e instalaciones y dirección de obras mediante cuatro contratos menores de unos 17.000 euros cada uno, con un total de 70.390 euros más IVA. Las obras realizadas antiguamente del 1-O costaron otros 1,2 millones de euros. Adicionalmente, Garriga habría rematado la cesión de varias naves industriales para juntar documentación electoral.
La flagrante consellera igualmente habría pedido a otra persona la contraseña de paso a la web referéndum.cat e hizo gestiones para eliminar de este portal el requisito de favorecido y contraseña para lograr, para que pudiera entrar todo el mundo.
En su revelación delante la magistrada en marzo, Garriga señaló que no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional advirtiéndole de la suspensión del 1-O y negó que usara fondos públicos para organizar el referéndum. En concreto, sostuvo que las instalaciones del CTTI no se acondicionaron para organizar el 1-O, sino que se concibieron para abrigar otras utilidades relacionadas con la dependencia catalana y han sido utilizadas en las elecciones catalanas del 2017, como servicio de atención telefónica a la lozanía del 061 y para acoger a los rastreadores de coronavirus.
Tras lograr al puesto de consellera de Civilización, su abogada pidió que la causa contra ella se acumulara al sumario que el TSJC tenía franco contra Jové y Salvadó. Sin retención, el TSJC denegó en un primer momento la petición para que la Audiencia de Barcelona se abstuviera de juzgarla al considerar que Garriga carecía de certificación procesal para solicitar acumular su causa a la de Jové y Salvadó y optó en cambio por aclarar diligencias para que su sala de admisiones estudiara la documentación y decidiera si asumía la investigación.
El 14 de julio el TSJC se declaró competente para admitir la investigación y en enero de este año la asumió y la acumuló a la que ya seguía contra los otros dos diputados republicanos.
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